Proyecto de ley busca cambiar el reparto de tutelas contra el Presidente y proyectos estratégicos

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso plantea cambios en la manera como se distribuyen las acciones de tutela entre las diferentes autoridades judiciales del país, con modificaciones que podrían tener efectos particularmente relevantes cuando las acciones constitucionales estén dirigidas contra altas autoridades del Estado o involucren proyectos considerados estratégicos para Colombia.

La iniciativa tiene como propósito establecer por vía legislativa las reglas que determinan qué juez o tribunal debe conocer una acción de tutela en primera instancia, dependiendo de la autoridad accionada o de la naturaleza del asunto. Según la propuesta, llevar estas disposiciones a una ley permitiría generar mayor estabilidad y seguridad jurídica en un mecanismo considerado fundamental para la protección de los derechos constitucionales.

Uno de los principales cambios planteados está relacionado con las tutelas contra actuaciones del Presidente de la República. Actualmente, este tipo de acciones son repartidas a los jueces del circuito. Sin embargo, el proyecto propone que vuelvan a ser conocidas en primera instancia por el Consejo de Estado.

La modificación cobra especial relevancia debido a los cambios introducidos en 2025, cuando las reglas de reparto para las acciones de tutela contra actuaciones presidenciales fueron modificadas y estas dejaron de ser asignadas al Consejo de Estado para pasar a los jueces del circuito. La nueva iniciativa pretende modificar nuevamente esa disposición, pero esta vez mediante una norma expedida por el Congreso.

La propuesta contempla, además, que dentro de las actuaciones presidenciales cobijadas por esta regla se encuentren aquellas relacionadas con asuntos de seguridad nacional y determinadas actuaciones administrativas, políticas, programas o estrategias vinculadas con la erradicación de cultivos ilícitos.

En términos concretos, el proyecto plantea un cambio directo: mientras la regla vigente establece que las tutelas contra el Presidente sean conocidas por un juez del circuito, la iniciativa establece que esa competencia en primera instancia corresponda al Consejo de Estado.

Otro de los puntos centrales tiene que ver con los denominados Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos, PINE. El proyecto propone crear una regla especial para las acciones de tutela relacionadas con este tipo de iniciativas, de manera que sean repartidas en primera instancia al Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecute el proyecto.

La exposición de motivos sostiene que esta disposición tendría como objetivo brindar mayor estabilidad y seguridad jurídica a proyectos considerados estratégicos para el país, especialmente cuando las controversias estén relacionadas con adquisición de predios, consultas previas, permisos o trámites ambientales.

Como antecedente para sustentar esta preocupación, la iniciativa menciona el caso de Uchuva 2, en el que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta ordenó la suspensión inmediata de actividades relacionadas con el proyecto de exploración y explotación. El episodio es presentado como un ejemplo de las consecuencias que pueden tener decisiones judiciales sobre proyectos de relevancia económica y estratégica.

El proyecto también establece una regla general para las acciones de tutela dirigidas contra autoridades, organismos y entidades públicas del orden nacional. En estos casos, la competencia correspondería a los jueces del circuito o de igual categoría.

De esta manera, la propuesta diferencia claramente entre la regla general y las excepciones previstas para determinados casos. Las tutelas contra entidades nacionales serían conocidas por los jueces del circuito, mientras que aquellas dirigidas contra el Presidente pasarían al Consejo de Estado y las relacionadas con PINE serían competencia de los tribunales administrativos correspondientes.

La iniciativa está conformada por dos artículos permanentes y dos artículos transitorios. El primer artículo constituye el núcleo del proyecto y establece las reglas para determinar el reparto de las acciones de tutela. En total, contempla 13 reglas de reparto y tres parágrafos.

El segundo artículo establece la vigencia de la eventual ley a partir de su promulgación y contempla la derogatoria de las disposiciones que resulten contrarias.

Los artículos transitorios, por su parte, buscan establecer un mecanismo para determinar cuáles proyectos serán considerados de interés nacional. El Gobierno Nacional tendría un plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la ley para definirlos, teniendo en cuenta criterios como productividad, competitividad, generación de empleo, inversión, sostenibilidad y capacidad exportadora.

Mientras se realiza esa clasificación, el proyecto establece que las iniciativas que actualmente tengan la categorización de PINE, los proyectos de gran minería y aquellos declarados de interés nacional por la Agencia Nacional de Minería serán considerados proyectos de interés nacional para efectos del reparto de las acciones de tutela.

Uno de los argumentos de fondo de la iniciativa es la necesidad de evitar que las reglas de reparto puedan ser modificadas sucesivamente mediante decretos reglamentarios del Gobierno Nacional. La exposición de motivos recoge antecedentes relacionados con los cuestionamientos constitucionales que históricamente han surgido frente a la regulación del reparto y plantea la necesidad de diferenciar entre una simple regla de distribución de procesos y aquellas disposiciones que, por sus efectos, pueden terminar incidiendo en la competencia de los jueces.