Operadores privados e iglesias en colegios públicos: el proyecto de decreto de MinEducación que divide a maestros, juristas y secretarías

¿Qué propone el borrador?

La iniciativa, publicada para comentarios ciudadanos a finales de agosto, cuando la cartera estaba a cargo de la exministra Viviane Morales, modifica varios artículos del Decreto 1075 de 2015, conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, es decir, la norma que reúne en un solo texto las reglas con las que funciona el sistema educativo. La discusión continúa ahora bajo la gestión de la actual ministra, Ilva Myriam Hoyos Castañeda.

El texto busca reorganizar la forma en que las entidades territoriales certificadas —departamentos, distritos y municipios que manejan directamente su sistema educativo— contratan la prestación del servicio cuando no tienen capacidad suficiente. Según el borrador, podrían suscribir contratos con "personas jurídicas públicas o privadas de reconocida idoneidad", con una duración mínima de dos años y máxima de 12. El operador tendría que acreditar al menos una década de experiencia y asumir la totalidad de las sedes del establecimiento.

Los docentes y el personal administrativo que vincule el contratista quedarían bajo el régimen laboral privado, sin relación con la entidad territorial. El proyecto prohíbe subcontratar el objeto principal del contrato y cobrar a los estudiantes por la canasta educativa.

En el caso de las iglesias, el esquema es distinto: el Estado aportaría la infraestructura y la planta de maestros disponible, y la organización religiosa daría apoyo pedagógico y administrativo para el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o el Proyecto Educativo Comunitario (PEC).

Límites previstos

El borrador establece que esta contratación es excepcional y que exige un estudio técnico previo que demuestre la insuficiencia de la oferta oficial, el cual sería evaluado por el Ministerio, con la posibilidad de remitir antecedentes a los organismos de control. Los colegios conservarían su carácter oficial y la propiedad de la infraestructura no se trasladaría al operador.

Las críticas del magisterio

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) rechaza la propuesta. Su directivo Miguel Pardo sostuvo, en declaraciones recogidas por Infobae, que el proyecto, tal como está planteado, "es inconstitucional y profundamente regresivo", y que entregar recursos públicos a un particular, sea operador o administrador, equivale a una privatización. Advirtió además riesgos para la gratuidad y la laicidad de la educación pública, y recordó la experiencia de Bogotá con los colegios en convenio. Fecode propone, en cambio, acelerar en el Congreso una reforma al Sistema General de Participaciones.

La mirada jurídica y territorial

El profesor de la Pontificia Universidad Javeriana Hernán Alejandro Olano-García señaló que la participación de las iglesias en la educación no está prohibida por sí misma, siempre que se respete la Constitución: "la cooperación es legítima; la imposición religiosa, no". También precisó que un decreto puede desarrollar la ley, pero no reemplazar al Congreso ni modificar la Carta Política.

Desde las regiones, la secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Patricia Ospina, defendió la separación entre prestación y administración del servicio. El departamento atiende con cobertura contratada a 19.260 estudiantes en 293 sedes de 31 municipios, y cerca del 96 % de ellos está en zonas rurales muy apartadas. Según la funcionaria, la Secretaría seguiría siendo la prestadora del servicio y el modelo permitiría, por ejemplo, adaptar la jornada escolar a las épocas de cosecha.

Lo que sigue

El decreto aún no ha sido expedido. Tras la etapa de observaciones, el Ministerio de Educación deberá decidir si ajusta el texto antes de una eventual firma. El debate se suma a otras decisiones recientes de la cartera, que en las últimas semanas ha cambiado viceministros y revisado normas expedidas por el gobierno anterior.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el proyecto de decreto del Ministerio de Educación?

La iniciativa busca permitir que entidades territoriales contraten a operadores públicos o privados por hasta 12 años para administrar colegios oficiales, además de firmar convenios pedagógicos con iglesias cuando la capacidad estatal sea insuficiente.

¿Por qué Fecode se opone a esta iniciativa?

El sindicato de maestros considera que el proyecto es inconstitucional y regresivo, argumentando que entregar recursos públicos a particulares equivale a una privatización que pone en riesgo la gratuidad y la laicidad de la educación.

¿Qué condiciones y límites establece la propuesta para estos contratos?

Los operadores deben acreditar al menos 10 años de experiencia, no pueden cobrar a los estudiantes y la contratación requiere un estudio técnico previo que demuestre que el Estado no tiene oferta suficiente para cubrir la zona.