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MinSalud fijó el 7 de diciembre para que las EPS e IPS apliquen las nuevas reglas de MIPRES, la plataforma de los medicamentos y servicios que no cubre la UPC

El Ministerio de Salud confirmó que la Resolución 1816 de 2026 entrará en vigor el 7 de diciembre, estableciendo nuevas reglas para la entrega y pago de medicamentos no financiados por la UPC.

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Redacción IFM
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MinSalud fijó el 7 de diciembre para que las EPS e IPS apliquen las nuevas reglas de MIPRES, la plataforma de los medicamentos y servicios que no cubre la UPC

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha definido una fecha clave para la transformación operativa del sistema sanitario. A través de un anuncio oficial, la cartera confirmó que la Resolución 1816 de 2026 entrará en aplicación integral a partir del próximo lunes 7 de diciembre. Esta normativa reescribe las reglas del juego para la prescripción, entrega y pago de medicamentos y servicios que no se financian con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), impactando directamente la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS).

Hasta el domingo 6 de diciembre, el sistema continuará operando bajo el marco normativo vigente. No obstante, el Ministerio fue enfático al advertir que este proceso de transición no puede, bajo ninguna circunstancia, traducirse en la interrupción de tratamientos médicos. La herramienta central de este cambio es MIPRES (Mi Prescripción), la plataforma tecnológica en la que médicos y profesionales de la salud registran las órdenes de tecnologías y servicios que están por fuera del valor fijo que el Estado gira anualmente por cada afiliado.

La relevancia de MIPRES radica en que por esta vía se tramitan servicios vitales para miles de pacientes. Entre ellos se encuentran los medicamentos de alto costo destinados a tratar enfermedades huérfanas, alimentos para propósitos médicos especiales, pañales y diversos servicios complementarios que requieren continuidad. La Resolución 1816, expedida originalmente el 6 de agosto de 2026, busca actualizar todo el ciclo operativo: desde el acceso y la prescripción, hasta el suministro, la verificación, el control, el pago y el análisis posterior de la información.

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Con la entrada en vigencia de esta nueva norma, quedarán derogadas las Resoluciones 740 y 2622 de 2024, que hasta ahora regulaban estos procedimientos. Uno de los pilares de la reforma es la redefinición del concepto de cumplimiento. Según el texto normativo, el suministro de una tecnología en salud solo se considerará cumplido cuando el medicamento haya sido efectivamente entregado al paciente o el servicio haya sido prestado en su totalidad. Este cambio elimina la práctica de considerar cumplida una obligación simplemente porque la orden esté prescrita, direccionada a un proveedor o programada en el sistema informático.

La normativa introduce la figura de la "garantía de suministro", que representa el momento exacto en que la EPS asegura la disponibilidad del producto y lo comunica formalmente al usuario. De acuerdo con los análisis técnicos, como el realizado por el Centro de Estudios Regulatorios (Cerlatam), se han establecido plazos perentorios para esta garantía:

  • Máximo 24 horas: Para casos ambulatorios priorizados, pacientes hospitalizados y servicios de urgencias.

  • Cinco días calendario: Para los casos ambulatorios que no tengan la calificación de priorizados.

Este esquema busca reducir las esperas prolongadas que suelen afectar a los pacientes que dependen de medicamentos no incluidos en el plan básico de beneficios. Asimismo, la resolución distribuye responsabilidades claras entre los actores del sistema. Los profesionales de la salud mantienen su autonomía, pero tienen la obligación de prescribir a través de MIPRES y justificar técnicamente cada una de sus órdenes.

Las EPS, por su parte, enfrentan retos operativos significativos. Deberán resolver cualquier inconsistencia relacionada con la identificación o afiliación de los usuarios en un plazo máximo de 12 horas. Además, tienen la obligación de reportar el suministro efectivo de los servicios y se les prohíbe explícitamente restringir la autonomía médica o escoger de manera discrecional a los profesionales que realizan las fórmulas.

En el ámbito de las IPS (clínicas y hospitales), la norma exige la conformación de Juntas de Profesionales de la Salud. Estos organismos serán los encargados de analizar y aprobar servicios complementarios y ciertas tecnologías que, estando excluidas del plan de beneficios, sean prescritas por el médico de forma excepcional. Estas juntas deben estar integradas por al menos tres profesionales (siempre en número impar) y la institución no podrá realizar cobros adicionales por su funcionamiento o gestión.

El flujo de recursos también experimentará ajustes. Los proveedores y gestores farmacéuticos solo estarán facultados para cobrar por aquello que hayan entregado de manera real y verificable. Por otro lado, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) mantendrá su rol como entidad encargada de verificar y pagar los recobros correspondientes. Todo este engranaje estará bajo la lupa de la Superintendencia Nacional de Salud, que ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de la Resolución 1816.

El Ministerio de Salud ha reiterado el llamado a la prudencia y la eficiencia durante este cambio de mando normativo. La advertencia sobre la continuidad de los tratamientos cobra especial relevancia en un contexto de alta sensibilidad social. Recientemente, la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a EPS Sanitas debido a hallazgos relacionados con demoras y entregas incompletas de fármacos, lo que subraya la necesidad de que los ajustes tecnológicos y administrativos de MIPRES no se conviertan en nuevas barreras de acceso para la ciudadanía.

A partir del 7 de diciembre, el éxito de esta transición dependerá de la capacidad de respuesta tecnológica de las plataformas y de la diligencia de los prestadores para adaptarse a un modelo donde la entrega efectiva es la única métrica válida de cumplimiento.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué cambios introduce la Resolución 1816 de 2026 a partir del 7 de diciembre?

La normativa actualiza las reglas para prescribir, entregar y pagar medicamentos y servicios no financiados por la UPC, utilizando la plataforma MIPRES. El cambio principal es que una obligación solo se considerará cumplida cuando el medicamento sea efectivamente entregado al paciente.

¿Cuáles son los nuevos plazos para garantizar el suministro de medicamentos?

Se establecen tiempos máximos de 24 horas para casos ambulatorios priorizados, hospitalizados o urgencias, y de cinco días calendario para casos ambulatorios no priorizados. Las EPS deberán resolver cualquier inconsistencia de afiliación en un plazo máximo de 12 horas.

¿Qué pasará con los tratamientos médicos durante esta transición?

El Ministerio de Salud fue enfático en advertir que el cambio normativo no puede, bajo ninguna circunstancia, interrumpir los tratamientos vigentes. Hasta el 6 de diciembre el sistema operará con las reglas actuales para asegurar la continuidad del servicio.

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