MinEducación pide a la Presidencia derogar la política nacional de sexualidad adoptada al cierre del gobierno anterior

La solicitud

De acuerdo con un oficio fechado el 21 de septiembre de 2026 y conocido públicamente la jefe de la cartera educativa se dirigió al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González, para pedir "acciones urgentes" frente a la política. Esa secretaría es la dependencia que revisa y prepara los decretos y demás actos que firma el presidente Abelardo De La Espriella.

En el documento, la ministra planteó cuatro peticiones: que se inicie el proceso de derogatoria de la resolución, es decir, su anulación por parte de la misma administración que la expidió; que se emita una directiva presidencial —una instrucción del mandatario de obligatorio cumplimiento para las entidades del Ejecutivo— que detenga nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales y pedagógicas basadas en la norma; que se elabore un informe sobre las medidas que ya se han puesto en marcha, y que la revisión se haga de manera conjunta entre los ministerios que la firmaron.

Qué establece la política

La Resolución 1350 de 2026 fue expedida en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, de manera conjunta por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y de las Culturas, las Artes y los Saberes. Su horizonte es de una década, hasta 2035.

Entre sus ejes figuran el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia sexual y de género, la reducción de barreras en la atención y la incorporación de estos contenidos en los procesos educativos, incluidos los proyectos educativos institucionales (PEI), que son la carta de navegación con la que cada colegio define su enfoque pedagógico.

Los argumentos del Ministerio

Según los reportes, el oficio expone dudas de orden jurídico y financiero. En lo legal, el Ministerio cuestiona si una resolución administrativa puede imponer obligaciones curriculares y pedagógicas vinculantes a los colegios sin una ley que lo autorice expresamente. También advierte posibles efectos sobre la autonomía escolar y sobre el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.

En lo financiero, la cartera señala que la política fija compromisos hasta 2035 sin que se hayan identificado con suficiencia las apropiaciones presupuestales, las fuentes de financiación ni las entidades responsables del gasto. Además, observa que varios de los instrumentos de planeación que la sustentan corresponden al ciclo 2022-2026, que ya terminó.

Contexto y reacciones

La petición había sido anticipada por la exministra de Educación Viviane Morales, antecesora de Hoyos en el cargo. Además, a comienzos de octubre la representación de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó que el país se desmarcaba de la expresión "salud y derechos sexuales y reproductivos", lo que anticipaba un cambio de postura del Gobierno en la materia.

Hasta el momento, los ministerios de Salud, Trabajo y Culturas no se han pronunciado públicamente sobre la solicitud, y tampoco se conoce una respuesta de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

¿Qué sigue?

La petición de la ministra no deroga por sí sola la política. Para que ello ocurra, las carteras firmantes deberán expedir un nuevo acto administrativo, precedido de los documentos técnicos y de justificación correspondientes y, cuando la ley lo exija, de una consulta pública. Mientras tanto, la Resolución 1350 de 2026 continúa vigente y la decisión sobre una eventual directiva presidencial queda en manos del Palacio de Nariño.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué solicitó el Ministerio de Educación a la Presidencia?

La ministra Ilva Myriam Hoyos pidió derogar la Resolución 1350 de 2026, que establece la Política Nacional de Sexualidad hasta 2035, y solicitó una directiva presidencial para frenar su aplicación inmediata.

¿Cuáles son los principales argumentos para pedir la anulación de esta política?

El Ministerio cuestiona la legalidad de imponer obligaciones pedagógicas a los colegios sin una ley previa y advierte que no se identificaron con claridad las fuentes de financiación para los compromisos fijados hasta 2035.

¿Qué impacto tiene esta resolución en los colegios del país?

La norma busca incorporar contenidos de salud sexual y reproductiva en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), lo cual, según el actual Gobierno, podría afectar la autonomía escolar y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

¿La política de sexualidad ya dejó de aplicarse?

No, la Resolución 1350 de 2026 sigue vigente por ahora. Para su derogación se requiere que los ministerios firmantes expidan un nuevo acto administrativo con sus respectivos soportes técnicos.