Gobierno inició redistribución de funciones ante la salida del Ministerio de la Igualdad

La instrucción quedó consignada en una directiva presidencial que establece acciones concretas para redistribuir las funciones actualmente asignadas a esa cartera antes de que finalice la legislatura 2025-2026.

A través de la Directiva Presidencial 05, firmada el pasado 4 de junio, el jefe de Estado impartió lineamientos a diferentes organismos del Ejecutivo con el propósito de evitar interrupciones en la atención de comunidades consideradas sujetos de especial protección constitucional y garantizar la continuidad de las estrategias que venía desarrollando el Ministerio de la Igualdad.

La medida surge tras la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual fue declarada inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que creó dicha cartera ministerial. El alto tribunal determinó que durante el trámite legislativo se presentaron irregularidades de procedimiento. Sin embargo, la Corte decidió diferir los efectos de su decisión durante dos legislaturas para permitir que el Gobierno y el Congreso adoptaran las medidas necesarias para enfrentar la transición institucional.

En la directiva, Petro recordó que el Gobierno radicó una nueva iniciativa legislativa con el fin de corregir las observaciones planteadas por la Corte Constitucional y mantener la existencia del Ministerio de la Igualdad dentro de la estructura del Estado. No obstante, señaló que el proyecto no logró completar su trámite en el Congreso durante la presente legislatura.

Ante ese panorama, el mandatario instruyó al Ministerio de la Igualdad, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Justicia para que, junto con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y el Departamento Administrativo de la Función Pública, elaboren y tramiten los decretos requeridos para ejecutar la redistribución de funciones y competencias.

La reorganización también contempla aspectos relacionados con la estructura administrativa, la planta de personal y la asignación de responsabilidades entre las entidades que asumirán las funciones actualmente concentradas en el Ministerio de la Igualdad. El objetivo es que las actividades desarrolladas por la cartera continúen siendo ejecutadas dentro de la administración pública una vez la ley deje de producir efectos jurídicos.

Dentro de las tareas asignadas, la Función Pública tendrá la responsabilidad de brindar acompañamiento técnico en asuntos relacionados con la organización institucional, la gestión administrativa y el empleo público. Por su parte, el Ministerio de Hacienda deberá participar en la evaluación de la viabilidad fiscal y presupuestal de las medidas que se adopten durante el proceso.

La directiva también establece la intervención del Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad que aportará apoyo técnico para asegurar que las decisiones adoptadas mantengan coherencia con los planes gubernamentales y los instrumentos de planeación nacional vigentes.

De igual manera, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá acompañar el proceso para identificar y prevenir eventuales riesgos jurídicos derivados de la reorganización institucional. Entre las responsabilidades señaladas se encuentra también la protección de los derechos laborales de los servidores públicos vinculados al Ministerio de la Igualdad.

El documento presidencial señala que los ministros y directores de las entidades involucradas deberán adoptar las medidas requeridas con carácter prioritario para garantizar una transición institucional organizada. Asimismo, establece que los actos administrativos necesarios para implementar la redistribución de funciones deberán ser revisados, suscritos y remitidos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia a más tardar el próximo 17 de junio de 2026.

La reorganización busca asegurar que los programas, proyectos y estrategias orientados a la reducción de brechas sociales y a la atención de poblaciones vulnerables continúen operando dentro de la estructura estatal una vez se materialice la salida del Ministerio de la Igualdad del ordenamiento jurídico colombiano.

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