Gobierno expidió decreto que suspende operaciones ofensivas contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para avanzar en diálogos de paz

Mediante el Decreto 0603 de 2026, firmado por el presidente de la República, el Gobierno dio un nuevo paso en la implementación de la denominada política de “Paz Total”, al establecer medidas excepcionales orientadas a garantizar el avance de las conversaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

La norma, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, contempla la creación de un mecanismo especial de monitoreo y verificación, así como la suspensión temporal de operaciones militares ofensivas y de acciones especiales de Policía en zonas específicas del territorio nacional. El objetivo principal es facilitar el traslado de integrantes de esa organización hacia las Zonas de Ubicación Temporal, previamente establecidas mediante la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026.

En el documento, el Ejecutivo fundamenta la decisión en los principios constitucionales que consagran la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El decreto recuerda que el artículo 22 de la Constitución establece que la paz constituye uno de los pilares fundamentales del Estado colombiano y que las autoridades tienen la responsabilidad de promover escenarios que permitan alcanzarla.

Asimismo, el Gobierno argumenta que la medida se encuentra respaldada por las facultades constitucionales del presidente como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, el texto señala que corresponde al mandatario dirigir la Fuerza Pública y adoptar las decisiones necesarias para preservar el orden público y buscar soluciones negociadas a los conflictos armados internos.

El decreto también hace énfasis en la política de paz impulsada por la actual administración y cita expresamente la Ley 2272 de 2022, que convirtió la búsqueda de la paz en una política de Estado. Según el documento, dicha política debe ser “prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral”, tanto en la implementación de acuerdos como en los procesos de negociación y diálogo con actores armados.

La decisión representa uno de los movimientos más significativos del Gobierno en el marco de las negociaciones con estructuras armadas ilegales, ya que implica la adopción de medidas operacionales destinadas a generar condiciones de confianza entre las partes y facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de conversaciones.

Entre los argumentos expuestos por el Ejecutivo también se destacan referencias a los compromisos internacionales de Colombia en materia de Derecho Internacional Humanitario. El decreto recuerda que el país es signatario del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, instrumento que regula la protección de las víctimas en conflictos armados no internacionales y que ha servido de marco jurídico para distintos procesos de paz desarrollados en el país.

Aunque el texto conocido corresponde a la parte inicial del decreto y no detalla la duración exacta de la suspensión de operaciones ni las condiciones específicas del mecanismo de verificación, la medida confirma la intención del Gobierno de avanzar en la consolidación de acuerdos que permitan la desmovilización y el tránsito hacia escenarios de legalidad de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

La expedición del Decreto 0603 se produce en un momento clave para la estrategia de Paz Total, una apuesta del Gobierno que busca combinar negociaciones, diálogos y mecanismos de sometimiento a la justicia con diferentes organizaciones armadas presentes en el territorio nacional.

Mientras sectores afines al Ejecutivo consideran que estas medidas son necesarias para crear condiciones favorables para la negociación, voces críticas han insistido en la necesidad de garantizar que cualquier suspensión de operaciones preserve la seguridad de las comunidades y evite el fortalecimiento territorial de los grupos armados.