Gobierno anunció liquidación del Ministerio de la Igualdad y denunció presuntas irregularidades administrativas

El proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad entró en una nueva etapa, luego de que el Gobierno Nacional anunciara una serie de decisiones encaminadas a desmontar la estructura de la entidad, revisar sus obligaciones financieras y determinar posibles responsabilidades administrativas y fiscales.

De acuerdo con la información entregada por el Ejecutivo, las medidas se adoptan bajo la instrucción del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien habría ordenado avanzar en la liquidación bajo criterios de control, transparencia y revisión detallada de los recursos públicos comprometidos.

El encargado de adelantar este proceso es el liquidador del Ministerio, John Milton Rodríguez, quien, según el Gobierno, encontró varias situaciones que calificó como un escenario de “desgreño administrativo”. Entre los hallazgos mencionados se encuentran la ausencia de estados financieros de cierre, compromisos presupuestales que no contarían con suficiente soporte y la permanencia de cuatro viceministerios dentro de una entidad cuya desaparición ya fue ordenada.

La situación llevó al Gobierno a ordenar el desmonte de toda la estructura viceministerial. La medida contempla la supresión inmediata de los cuatro viceministerios, además de la terminación de aquellos encargos que no sean considerados esenciales para culminar el proceso de liquidación.

El Ejecutivo también informó que se presentarán denuncias ante los organismos de control competentes cuando existan elementos que permitan establecer posibles detrimentos patrimoniales. De esta manera, el proceso no se limitaría al cierre administrativo de la entidad, sino que también buscaría determinar si durante su funcionamiento se produjeron actuaciones que pudieron comprometer recursos públicos.

Uno de los puntos centrales de la liquidación será la revisión de las obligaciones pendientes. El Gobierno anunció que las cuentas, contratos y nóminas serán examinados de manera individual antes de autorizar cualquier desembolso. La intención, según lo señalado, es evitar el pago de compromisos que no tengan respaldo jurídico, contractual o presupuestal.

“Las obligaciones pendientes y nóminas serán auditadas caso por caso”, señaló el Gobierno, al explicar que únicamente se procederá con aquellos pagos que cuenten con “pleno sustento legal”.

La revisión también alcanzará los recursos administrados a través de FonIgualdad. Según el Ejecutivo, se asumirá un control estricto sobre este fondo con el propósito de recuperar cerca de $200.000 millones que, de acuerdo con la información oficial, podrían ser destinados a otras prioridades nacionales.

Entre los posibles destinos de esos recursos se mencionan la atención de la emergencia económica y las necesidades de los ciudadanos afectados por el terremoto. El Gobierno plantea así que los recursos recuperados durante el proceso de liquidación puedan ser redireccionados hacia sectores considerados prioritarios.

La decisión representa un cambio significativo frente a la estructura que había tenido el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, entidad creada para desarrollar políticas públicas dirigidas a poblaciones y sectores históricamente afectados por condiciones de desigualdad. Ahora, el proceso ordenado por el Ejecutivo apunta a cerrar formalmente la institución y revisar, al mismo tiempo, el manejo administrativo y financiero realizado durante su existencia.

El Gobierno insistió en que la liquidación deberá estar acompañada de controles estrictos sobre los recursos públicos y de actuaciones encaminadas a establecer eventuales responsabilidades. La administración aseguró que su objetivo es evitar que compromisos sin respaldo terminen siendo asumidos por el Estado.

“El Gobierno Nacional busca defender hasta el último peso de los colombianos”, concluyó el pronunciamiento oficial, en medio de un proceso que ahora deberá avanzar con auditorías, revisión de obligaciones y las actuaciones correspondientes ante los organismos de control.