Abelardo De La Espriella pidió operación contra el hurto de combustibles y su posible conexión con el narcotráfico

El presidente Abelardo De La Espriella puso la lupa sobre el hurto de combustibles y crudo en diferentes regiones del país y pidió a las autoridades una respuesta inmediata para enfrentar una actividad que, según la información que recibió, estaría generando millonarias pérdidas a Ecopetrol y podría tener conexiones con las estructuras del narcotráfico.

En un pronunciamiento dirigido al ministro de Defensa, al comandante general de las Fuerzas Militares y al director general de la Policía Nacional, el mandatario calificó como “absolutamente alarmante” la información relacionada con el robo de hidrocarburos y planteó la necesidad de desplegar una operación integral contra las organizaciones involucradas.

“Señor Ministro de Defensa, señor Comandante General de las Fuerzas Militares y señor Director General de la Policía Nacional: La información que estoy recibiendo sobre el hurto de combustibles y crudo en Colombia es absolutamente alarmante y exige una respuesta inmediata y contundente del Estado”, afirmó el presidente.

De acuerdo con la información expuesta por De La Espriella, cada mes estarían siendo hurtados cerca de 123.700 barriles de productos refinados, entre gasolina, diésel y nafta, que son importados o producidos por Ecopetrol.

La situación señalada estaría concentrándose particularmente en un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país. Según el presidente, las pérdidas estarían principalmente ubicadas en los departamentos de Cesar y Magdalena.

El cálculo presentado dimensiona el impacto económico de la actividad ilegal: de mantenerse ese ritmo, el volumen sustraído podría superar los 1,5 millones de barriles al año y representar pérdidas superiores a $500.000 millones para Ecopetrol y, por consiguiente, para la Nación.

Pero el Gobierno también busca establecer qué ocurre con el combustible después de ser sustraído. El presidente advirtió que estos productos podrían estar siendo utilizados como insumos en el procesamiento ilícito de cocaína, lo que convertiría el robo de hidrocarburos en una actividad con posibles conexiones directas con las economías del narcotráfico.

Por esta razón, pidió determinar cuánto del combustible hurtado estaría llegando a los complejos de producción de cocaína y cuáles serían las organizaciones encargadas de adquirirlo y transportarlo.

Uno de los elementos que llamó la atención del mandatario tiene que ver con las denominadas “caravanas de la muerte”, que, según la información recibida, serían utilizadas para cargar, transportar y escoltar el combustible obtenido ilegalmente. De acuerdo con el pronunciamiento presidencial, estas movilizaciones podrían involucrar hasta 600 vehículos, muchos de ellos con destino al Catatumbo.

“Si confirmamos que gran parte de este combustible está alimentando los complejos de producción de cocaína, entonces no estamos solamente frente a un gigantesco robo a Ecopetrol: estamos frente a una cadena criminal que puede estar conectando el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas terroristas”, señaló De La Espriella.

El presidente también hizo referencia al apoderamiento ilegal de crudo en otras zonas del país y mencionó los antecedentes del Oleoducto Trasandino y la situación del sistema Caño Limón-Coveñas en el Catatumbo, donde las acciones criminales han afectado la operación de la infraestructura petrolera.

Ante este panorama, De La Espriella ordenó avanzar en una estrategia conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con la participación de Ecopetrol, la Fiscalía y las demás autoridades competentes.

La instrucción presidencial busca que las autoridades no se limiten a capturar a quienes realizan las perforaciones ilegales de los ductos, sino que identifiquen a todos los integrantes de la estructura.

“No quiero que persigamos solamente al que perfora el tubo. Hay que desmantelar toda la cadena: quién financia, quién hurta, quién almacena, quién transporta, quién escolta, quién compra y quién comercializa”, manifestó.

La estrategia deberá incluir labores de inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización y procesos de extinción de dominio sobre vehículos, predios, depósitos y otros bienes que sean utilizados por las organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Además, el presidente pidió establecer específicamente qué cantidad del combustible termina en estructuras vinculadas con el narcotráfico y quiénes son sus destinatarios finales.

De La Espriella también solicitó al ministro de Defensa asumir personalmente la coordinación de la operación y presentar informes periódicos sobre los avances y resultados de las acciones desplegadas.

El mandatario cerró su pronunciamiento con un llamado a proteger los recursos públicos y a impedir que el robo de hidrocarburos termine fortaleciendo otras economías ilegales.

“Cada barril robado es patrimonio de los colombianos”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella, al advertir que el eventual uso de estos recursos para alimentar la producción de cocaína representaría una doble afectación para el país: el saqueo del patrimonio de la Nación y el fortalecimiento de las estructuras criminales que el Estado busca combatir.

“Eso no va a continuar”, concluyó el presidente.