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(EN VIDEO) Funcionarios denunciaron restricciones de ingreso al MinIgualdad en medio del proceso de liquidación

Trabajadores del Ministerio de la Igualdad reportaron este lunes que no pudieron ingresar a las instalaciones de la entidad al presentarse a cumplir su jornada laboral, en medio del proceso de liquidación de la cartera ordenado tras la decisión de la Corte Constitucional sobre la ley que dio origen a esa institución.

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(EN VIDEO) Funcionarios denunciaron restricciones de ingreso al MinIgualdad en medio del proceso de liquidación
Foto: Captura de pantalla video

Los empleados permanecieron en las afueras del edificio mientras solicitaban información sobre su situación laboral y el futuro de los cargos que actualmente ocupan dentro de la entidad. De acuerdo con los reportes conocidos durante la mañana, varios servidores públicos manifestaron que el acceso a las oficinas les fue restringido por una supuesta instrucción emitida desde la Secretaría General.

La situación generó concentraciones de funcionarios frente a la sede del Ministerio, donde expresaron su preocupación por el desarrollo del proceso de cierre y por las decisiones relacionadas con la continuidad de sus empleos.

La situación ocurre en el marco de la liquidación del Ministerio de la Igualdad, una entidad creada durante el Gobierno Petro y que inicialmente estuvo bajo la dirección de la entonces vicepresidenta Francia Márquez. La desaparición de la cartera se deriva de una decisión adoptada por la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley mediante la cual fue creada debido a irregularidades identificadas durante su trámite legislativo.

Cuando la Corte emitió la decisión, estableció un plazo de dos legislaturas para que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional corrigieran los aspectos señalados en el proceso de aprobación de la norma. Sin embargo, las modificaciones requeridas no fueron tramitadas dentro del plazo establecido, situación que llevó a que se cumpliera el término fijado por el alto tribunal para la terminación de la entidad.

La decisión judicial mantuvo temporalmente los efectos de la ley con el propósito de evitar interrupciones inmediatas en programas y políticas dirigidas a poblaciones que cuentan con protección constitucional especial. Entre ellas se encuentran madres cabeza de familia, personas con discapacidad y otros grupos que hacían parte de las estrategias impulsadas desde esa cartera.

Durante el proceso que antecedió al cierre definitivo, distintos sectores expresaron inquietudes relacionadas con el impacto laboral de la liquidación. Funcionarios de la entidad realizaron manifestaciones para reclamar claridad sobre las medidas que serán adoptadas respecto a los trabajadores vinculados al ministerio y sobre la continuidad de las funciones que hasta ahora desarrollaba la institución.

El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) señaló mediante un comunicado que existe preocupación por las consecuencias laborales derivadas de la liquidación. Según la organización sindical, el cierre afectaría alrededor de 720 puestos de trabajo y generaría incertidumbre sobre la estabilidad laboral de más de 650 servidores públicos vinculados a la entidad.

La organización también indicó que el pasado 11 de junio se celebró una reunión virtual en la que los trabajadores fueron informados de que el cierre de la cartera se ejecutaría el 19 de junio. De acuerdo con el sindicato, los funcionarios habían solicitado información sobre su situación laboral desde meses atrás, sin que hasta ahora se hubieran resuelto todas las inquietudes relacionadas con el proceso.

La decisión de la Corte Constitucional que dio origen a la liquidación no fue unánime. En su momento, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez expresó su desacuerdo con el aplazamiento de los efectos de la sentencia y sostuvo que la ley había sido aprobada con vicios de trámite que, a su juicio, justificaban una aplicación inmediata de la decisión.

Mientras avanza la liquidación, los trabajadores continúan a la espera de definiciones sobre su futuro laboral y sobre las medidas que adoptarán las autoridades frente a los programas y funciones que hasta ahora estaban bajo la responsabilidad del Ministerio de la Igualdad.

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