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Empalme pondrá bajo revisión nombramientos de notarios y proceso de contratación en la Supernotariado

Una serie de designaciones recientes en notarías de diferentes regiones del país y un proceso de contratación tecnológica cercano a los $20.000 millones quedaron en el centro de la revisión que adelantará el equipo de empalme del gobierno entrante. La Superintendencia de Notariado y Registro sostiene que todas las actuaciones se ajustan a la ley y responden a necesidades administrativas de la entidad.

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Empalme pondrá bajo revisión nombramientos de notarios y proceso de contratación en la Supernotariado
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La Superintendencia de Notariado y Registro quedó incluida entre las entidades que serán revisadas durante el proceso de empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración del mandatario electo Abelardo De La Espriella. El interés del equipo de transición se concentra en dos frentes: una serie de nombramientos de notarios realizados durante los últimos meses y un proceso de contratación en materia tecnológica.

Según información conocida por El Tiempo, alcanzaría un valor cercano a los $19.439 millones de pesos y que aún no ha sido publicado en la plataforma Secop II. De acuerdo con la información revelada por ese diario, en las últimas semanas fueron expedidos varios decretos firmados por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, mediante los cuales se designaron notarios en distintas ciudades del país, la mayoría en calidad de interinos.

Entre las designaciones figuran Sandra Lucía Hincapié Galindo, exfuncionaria de Colpensiones e hija del presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié; Demieman Davet Patiño Sánchez, exdirector territorial del Ministerio de Trabajo en Norte de Santander; Diana Isabel Aldana Moreno, designada en la Notaría Única de Cáqueza; Yamile Franco Jaramillo, en la Notaría 25 de Medellín; y Eduar Yobany Castro Baquero, nombrado en la Notaría Primera de Cartagena.

La relación también incluye a Yeny Paola Garzón Reyes, designada como notaria 37 de Bogotá; Luz Marina Arias Ospina, en la Notaría 22 de Medellín; Julián René Romero, en la Notaría 19 de Bogotá; Karen Tatiana Jaramillo Parra, en la Notaría Cuarta de Pasto; Alejandro Supelano Polanía, en la Notaría 43 de Bogotá; Alejandro Páez Estrada, en la Notaría 30 de la capital; Diana Torres Sánchez, en la Notaría 44 de Bogotá; Sonia María Nevado Morales, en la Segunda Notaría de Barrancabermeja; Francy Asseneth Perdomo Santofimio, en la Notaría 14 de Bogotá; Nancy Santo Domingo Guarín, en la Sexta Notaría de Bucaramanga, y Óscar Fernando Mesa Granados, en la Notaría Décima de Bogotá. Asimismo, el pasado 5 de junio fue creada la Notaría 82 de Bogotá, ubicada en el sector de San Victorino.

Otro de los casos mencionados corresponde al nombramiento de Erika Andrea Macías Cárdenas como notaria 38 de Bogotá, mediante un decreto expedido el 30 de mayo, un día antes de la primera vuelta presidencial. La funcionaria se desempeñaba previamente como titular de la Notaría 14 de la capital.

Paralelamente, el equipo de empalme también revisaría un estudio de mercado adelantado por la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información de la Superintendencia para una eventual contratación relacionada con infraestructura tecnológica, redes, seguridad informática, renovación de plataformas, herramientas para la gestión de servicios tecnológicos, gobierno de datos y adecuación de la bodega de datos institucional.

Según la información divulgada, la Solicitud de Información a Proveedores (SIP No. 050 de 2026) fue publicada el 23 de junio y estuvo dirigida a MegaTic S.A.S., Infotic S.A., Corporación Colombia Digital y Red Summa. De acuerdo con fuentes consultadas por ese medio, la iniciativa reúne en un solo proceso componentes que históricamente han sido contratados de manera independiente debido a su especialización.

Frente a estos cuestionamientos, el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo, manifestó que los nombramientos obedecen a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público notarial ante vacancias presentadas en distintos despachos. Explicó que la Ley 588 de 2000 faculta a la administración para efectuar nombramientos provisionales cuando no existe una lista vigente de elegibles y aseguró que todas las designaciones cumplieron los requisitos previstos en la normativa.

Respecto al proceso tecnológico, Agudelo indicó que actualmente no existe un proceso contractual abierto con ese objeto, razón por la cual no aparece publicado en Secop II. Señaló que la entidad adelanta únicamente un estudio de mercado debido a problemas recientes de conectividad que han afectado la prestación del servicio registral y explicó que la solicitud de información busca identificar precios, condiciones técnicas y posibles oferentes conforme a lo establecido en el Manual de Contratación y en las reglas de Colombia Compra Eficiente.

Continúa audiencia de acusación en el caso Aguas Vivas que involucra a Daniel Quintero y exfuncionarios de su administración


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