Abelardo De la Espriella restituye el nombre de RTVC y ordena auditoría integral a más de mil contratos

En una decisión que marca el rumbo de la nueva política de comunicaciones del Estado, el presidente Abelardo De la Espriella anunció oficialmente que el sistema de medios públicos del país retomará su denominación histórica de RTVC. Esta medida pone fin a un periodo de siete meses en el que la entidad operó bajo el nombre de Inravisión. Sin embargo, el cambio de identidad corporativa es apenas la superficie de una intervención profunda, pues el mandatario ordenó una revisión exhaustiva de 1.051 contratos suscritos durante la administración precedente, la cual calificó de manera contundente como un "festín político".

Situación financiera crítica en el sistema de medios

El jefe de Estado presentó un balance detallado y preocupante sobre el estado financiero y contractual en el que fue recibida la entidad. Según las cifras oficiales con corte al 31 de agosto, RTVC registraba un déficit superior a los 86.000 millones de pesos en comparación con los ingresos propios que habían sido presupuestados originalmente. A este panorama se suman compromisos financieros adquiridos que superan los 47.000 millones de pesos, lo que pone en evidencia una presión fiscal considerable sobre el presupuesto de la nación destinado a la televisión y radio pública.

La lupa del Gobierno Nacional se ha puesto especialmente sobre la contratación masiva realizada en las postrimerías del gobierno anterior. Se reveló que se suscribieron un total de 1.051 contratos que suman más de 100.000 millones de pesos. Un dato que ha generado suspicacia en la actual administración es que 87 de estos contratos fueron firmados entre el 6 y el 7 de agosto, apenas a unas horas de que se produjera el cambio de mando presidencial. Esta celeridad en la contratación ha sido uno de los puntos clave para iniciar las investigaciones administrativas pertinentes.

Presuntos sobrecostos y hallazgos en infraestructura

Dentro de las irregularidades expuestas por el presidente De la Espriella, destaca el caso de la adquisición de una unidad móvil de televisión. Dicho equipo tuvo un costo de 11.924 millones de pesos, pero, según las denuncias del mandatario, fue entregada sin su respectiva planta eléctrica. Las auditorías preliminares sugieren la existencia de un presunto sobrecosto que superaría los 2.000 millones de pesos en esta transacción específica. Este hallazgo es uno de los pilares sobre los cuales se fundamenta la solicitud de intervención a los entes de control.

Adicionalmente, el Gobierno ha puesto bajo escrutinio el uso de recursos para pauta y contenidos digitales. Se identificaron transferencias por más de 7.255 millones de pesos ejecutadas a través del Ministerio de Educación y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). En este mismo sentido, se anunció una revisión técnica de las planillas de seguridad social de todos los contratistas vinculados mediante órdenes de prestación de servicios en el periodo comprendido entre 2023 y 2026, buscando asegurar que no existan irregularidades en los aportes de ley.

Directrices para la nueva gestión de RTVC

El presidente De la Espriella fue enfático al instruir a la gerente de RTVC, Ángela María Mora, sobre las prioridades inmediatas. La orden es garantizar la continuidad de las señales de radio y televisión, asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del personal, y mantener la operatividad básica de la entidad a pesar de la crisis financiera. El objetivo final, según el mandatario, es desmontar cualquier estructura que pretenda utilizar los medios públicos como herramientas de propaganda o para favorecer intereses políticos particulares.

"La televisión pública no le pertenece al presidente de la República ni a la ministra", sentenció el jefe de Estado durante su intervención, subrayando que "la televisión pública tampoco puede utilizarse para adoctrinar". Bajo esta premisa, la programación del sistema de medios será redefinida totalmente, enfocándose en la producción nacional, el fortalecimiento de la cobertura en las regiones, la promoción de la diversidad cultural y el rescate de la memoria histórica del país.

Antecedentes de la reorganización institucional

Este proceso de transformación no es aislado, sino que forma parte de una estrategia que inició el mismo 7 de agosto. Ya el 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, junto a la gerente Mora, habían anunciado el desmonte de la franja noticiosa y de opinión que funcionó hasta el cambio de gobierno. En ese momento, se solicitó el acompañamiento formal de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para auditar los contratos del año 2026.

La gravedad de la situación ya había sido anticipada a comienzos de octubre por el vocero presidencial, Miller Soto, quien advirtió públicamente que la entidad se encontraba en un estado de "quiebra operativa". Con las nuevas medidas y el retorno al nombre de RTVC, el Gobierno busca estabilizar la institución y devolverle su carácter técnico y cultural, alejándola de las controversias contractuales que marcaron la gestión anterior. El mandatario concluyó aclarando que no se anticipará a señalar responsabilidades individuales, dejando esa tarea en manos de la Fiscalía y los órganos de control correspondientes.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué cambios principales ordenó el presidente Abelardo De la Espriella en RTVC?

El mandatario restituyó el nombre original de la entidad para alejarse de fines propagandísticos y ordenó una auditoría integral a 1.051 contratos suscritos por la administración anterior.

¿Cuál es la situación financiera actual del sistema de medios públicos?

RTVC presenta un déficit superior a los 86.000 millones de pesos y compromisos financieros que superan los 47.000 millones, situación calificada por el Gobierno como una crisis de 'quiebra operativa'.

¿Qué irregularidades específicas se detectaron en la contratación?

Se hallaron presuntos sobrecostos de 2.000 millones de pesos en la compra de una unidad móvil y se cuestiona la firma de 87 contratos realizados apenas horas antes del cambio de mando presidencial.