Dapre denuncia falta de legalización en gastos por más de $13.000 millones en zona de ubicación de Putumayo

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) presentó una denuncia formal ante las autoridades de control debido a la ausencia de soportes legales en la ejecución de recursos destinados a la zona de ubicación temporal (ZUT) situada en el Valle del Guamuez, Putumayo. Según la información proporcionada por la entidad, se desembolsaron más de $13.000 millones de pesos sin que, hasta la fecha, se haya legalizado un solo gasto relacionado con la operación de este espacio.

Contexto y funcionamiento de las zonas de ubicación temporal

Las zonas de ubicación temporal se definieron como áreas geográficas delimitadas para la concentración de integrantes de grupos armados ilegales. El propósito de estos espacios es facilitar el avance de procesos de diálogo o el tránsito hacia la legalidad de sus ocupantes. El sostenimiento de estas áreas, que abarca rubros como alimentación, alojamiento y logística, se financia íntegramente con recursos públicos. Para tal fin, el Estado contrata a un operador encargado de administrar los fondos y garantizar los servicios básicos.

En el caso específico de la ZUT de Valle del Guamuez, su habilitación se produjo durante la administración anterior. El objetivo era albergar a miembros de la estructura denominada Comandos de la Frontera, una disidencia bajo el liderazgo de alias Walter Mendoza. Los recursos económicos para este proyecto fueron asignados a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, con el fin de mantener la estabilidad en la región y fomentar los acercamientos de paz.

Irregularidades en la ejecución presupuestal y ocupación

Carlos Andrés Ríos, director del Dapre, expuso que el contrato original se justificó bajo la premisa de atender a 200 personas. No obstante, los registros indican que solo ingresaron 99 individuos y, en la actualidad, la cifra de ocupantes se redujo a aproximadamente 50 personas. Esta disparidad entre lo presupuestado y la realidad operativa implica que más de la mitad de los cupos financiados por el Estado se encuentran vacíos, lo que genera un interrogante sobre la eficiencia del gasto público en este punto del Putumayo.

El análisis financiero detallado por el funcionario reveló que, durante el mes de septiembre, los gastos ascendieron a cerca de $460 millones. Al prorratear esta cifra entre los ocupantes reales, el costo mensual por cada persona en la zona superó los $8 millones. Adicionalmente, se detectó que el servicio de alimentación se mantuvo presupuestado para 115 personas, una cifra superior a la población presente en el lugar. Otro punto de preocupación para la actual administración es una adición contractual por valor de $1.127 millones, la cual fue suscrita el 30 de julio de 2026, apenas ocho días antes del relevo en el Gobierno nacional.

En el ámbito de la administración pública, el proceso de legalización de gastos es fundamental, ya que consiste en el respaldo de cada peso invertido mediante facturas, actas y documentos técnicos que certifiquen el uso adecuado del dinero. Si bien la falta de legalización no constituye automáticamente un detrimento patrimonial, sí representa una alerta administrativa que obliga a la Contraloría General de la República a intervenir para verificar la ejecución física y financiera de los recursos.

Reportes de convivencia y presencia de menores

La denuncia del Dapre también se sustentó en un informe entregado por el propio operador el pasado 15 de octubre. En dicho documento se describieron situaciones anómalas ocurridas entre el 10 y el 14 de octubre, que incluyen el consumo de bebidas alcohólicas dentro del perímetro de la zona, el posible uso de sustancias ilícitas y la ocurrencia de riñas entre los residentes. Estos hechos contravienen los protocolos establecidos para el funcionamiento de estos espacios de tránsito a la legalidad.

Un aspecto de especial gravedad mencionado en el reporte fue el ingreso de niños a la ZUT el 10 de octubre. Esta situación se presentó a pesar de que en una reunión previa, celebrada el 3 de octubre, se había notificado explícitamente a los ocupantes que el ingreso de menores de edad estaba prohibido por razones de seguridad y normativa legal. Ante estos hallazgos, el Gobierno nacional solicitó el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar la protección de los derechos de los menores involucrados.

Acciones legales y futuro de la zona

Ante la gravedad de los hechos, el director del Dapre solicitó a la Contraloría una revisión exhaustiva de la ejecución de los recursos, pidiendo que se audite "peso por peso" el destino de los $13.000 millones. El Gobierno manifestó su decisión de no prorrogar ni realizar nuevas adiciones a contratos que no demuestren un uso transparente y eficiente del erario. Aunque existe una decisión judicial que impide el cierre inmediato de la zona, el Ejecutivo confirmó que ya impugnó dicha medida, mientras cumple con lo ordenado por los tribunales en el ínterin.

Para aquellos integrantes de grupos armados que mantengan la voluntad de dejar las armas, el Gobierno enfatizó que el canal institucional adecuado es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Esta denuncia se enmarca en el balance de los primeros 100 días de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, periodo en el cual se ha priorizado la revisión de los gastos heredados y la implementación de políticas de austeridad en el manejo de los fondos públicos destinados a la paz y la seguridad nacional.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la principal irregularidad denunciada por el Dapre en Putumayo?

Se denunció la falta de soportes legales en la ejecución de más de 13.000 millones de pesos destinados a una zona de ubicación temporal en el Valle del Guamuez, donde no se ha legalizado ningún gasto hasta la fecha.

¿Qué fallas se detectaron en el manejo de los recursos y la ocupación de la zona?

El presupuesto se asignó para atender a 200 personas, pero actualmente solo hay 50, lo que eleva el costo mensual por ocupante a más de 8 millones de pesos. Además, se reportaron riñas, consumo de alcohol y la presencia prohibida de menores de edad.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno nacional frente a estos hallazgos?

El director del Dapre solicitó a la Contraloría una auditoría detallada de los recursos y pidió la intervención del ICBF para proteger a los niños involucrados. Asimismo, se anunció que no se renovarán contratos que no demuestren un uso transparente del dinero público.