Convocatoria a sesiones extraordinarias para proyectos del Gobierno desató cuestionamientos sobre su viabilidad jurídica

Mientras el Ejecutivo sostiene que buscará impulsar ambas iniciativas en ese periodo, distintos sectores del Congreso y de la oposición advierten que los proyectos ya habrían perdido la posibilidad de continuar su trámite legislativo debido al vencimiento de los términos establecidos por la Constitución y la ley.

La controversia surgió luego de que la Presidencia de la República informara a través de sus canales oficiales la intención de convocar al Legislativo a sesiones extraordinarias con el propósito de avanzar en dos de las iniciativas que hacen parte de la agenda del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el anuncio generó cuestionamientos debido a que ambas propuestas llegaron al cierre de la legislatura sin completar los debates exigidos para su aprobación.

De acuerdo con las reglas constitucionales que rigen el trámite de proyectos de ley, la legislatura comprende el periodo entre el 20 de julio y el 20 de junio del año siguiente. Una vez finalizado ese plazo, los proyectos que no hayan cumplido los requisitos establecidos quedan archivados, dependiendo de la etapa en la que se encuentren.

Uno de los casos es el de la ley ordinaria que desarrolla la Jurisdicción Agraria. La iniciativa fue radicada durante el segundo semestre de 2024 y contaba con un plazo máximo de dos legislaturas para completar sus cuatro debates reglamentarios. Aunque el proyecto recibió mensaje de urgencia, mecanismo que permitió adelantar de manera simultánea algunos trámites en comisiones, no alcanzó a ser discutido ni aprobado en las plenarias de Senado y Cámara antes del cierre de la legislatura.

Según las normas vigentes, al concluir el periodo legislativo sin haber completado el trámite requerido, la iniciativa pierde vigencia y debe ser archivada. Por esta razón, sectores jurídicos y políticos sostienen que no podría ser retomada en un periodo extraordinario posterior al 20 de junio.

Una situación similar enfrenta el proyecto relacionado con el Ministerio de Igualdad y Equidad. La propuesta buscaba dar continuidad a la cartera luego de los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre su creación. Sin embargo, el proyecto tampoco logró avanzar dentro de los tiempos previstos por el Congreso.

La legislación establece que los proyectos ordinarios deben superar al menos un debate durante la legislatura en la que son presentados. En este caso, la iniciativa no alcanzó a cumplir ese requisito antes de finalizar el periodo ordinario. A ello se suma que la Corte Constitucional había fijado como fecha límite el 20 de junio para adelantar el trámite correspondiente.

Desde distintos sectores de oposición se argumenta que la convocatoria a sesiones extraordinarias no tendría la capacidad de revivir proyectos que ya hayan quedado archivados por vencimiento de términos. Entre las voces que se pronunciaron se encuentra la senadora Paloma Valencia, quien sostuvo que la jurisprudencia constitucional ha sido clara al señalar que, una vez terminada la segunda legislatura, los proyectos que no completaron su trámite no pueden continuar su discusión.

La congresista señaló además que la Jurisdicción Agraria ya había agotado las dos legislaturas permitidas para su aprobación, mientras que el proyecto del Ministerio de Igualdad no alcanzó el primer debate exigido dentro del plazo legal. En consecuencia, afirmó que cualquier intento de continuar su trámite después del 20 de junio desconocería las disposiciones constitucionales y la jurisprudencia vigente.

Pese a los cuestionamientos, el Gobierno mantiene su intención de convocar al Congreso para discutir una agenda concentrada en estas iniciativas. No obstante, el debate sobre la legalidad y viabilidad de ese procedimiento se instaló desde antes de la expedición formal del decreto que daría inicio a las sesiones extraordinarias previstas para las próximas semanas.

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