Colombia rechazó supuesta “buena voluntad” de Ecuador y denuncia injerencia en el proceso electoral

El Gobierno de Colombia elevó este sábado un duro pronunciamiento frente a la decisión del Gobierno de Ecuador de eliminar, a partir del próximo 1 de junio de 2026, las medidas arancelarias que mantenía sobre productos colombianos. A través de un comunicado oficial de la Cancillería, Bogotá dejó claro que la medida no debe interpretarse como un gesto unilateral de buena voluntad, sino como el cumplimiento obligatorio de resoluciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que las restricciones comerciales impuestas por Ecuador fueron cuestionadas por las autoridades andinas y que su eliminación responde a disposiciones previamente adoptadas dentro del marco jurídico comunitario.

“Esa decisión debe entenderse como el resultado de las órdenes perentorias de eliminación de esos aranceles y otras medidas de restricción al comercio”, señaló la Cancillería, al tiempo que advirtió que presentar la derogatoria como una concesión política o diplomática “desdibuja su fundamento jurídico e institucional”.

La reacción colombiana surge luego de que desde Ecuador se destacara el levantamiento de los aranceles como una muestra de acercamiento bilateral. Sin embargo, Bogotá insistió en que la medida obedece a compromisos internacionales ya adquiridos por el vecino país y no a consideraciones coyunturales.

El Gobierno colombiano sostuvo además que las restricciones adoptadas por Ecuador afectaron el comercio intracomunitario y generaron impactos negativos sobre los sectores productivos y las comunidades fronterizas de ambas naciones. Según el comunicado, dichas medidas resultaban incompatibles con los principios que rigen el ordenamiento jurídico andino y comprometían la seguridad jurídica de los operadores económicos.

La Cancillería también destacó que diversos organismos internacionales habían advertido al Gobierno ecuatoriano sobre las consecuencias de mantener barreras comerciales de este tipo. Entre ellos mencionó al Fondo Monetario Internacional (FMI), que habría formulado observaciones sobre los riesgos económicos derivados de las restricciones y sus posibles efectos sobre la competitividad, la actividad productiva y el bienestar de las comunidades ubicadas en la frontera.

Más allá de la controversia comercial, el punto de mayor tensión del comunicado se centra en las referencias a la coyuntura política colombiana. El Gobierno manifestó su preocupación por declaraciones públicas que, según afirma, buscan relacionar decisiones económicas y comerciales con el proceso electoral que actualmente se desarrolla en Colombia.

“Las decisiones comerciales que afectan el bienestar de las poblaciones fronterizas y el desempeño de los sectores productivos deben estar guiadas exclusivamente por criterios técnicos, jurídicos e institucionales”, enfatizó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, la administración colombiana fue más allá y acusó al mandatario ecuatoriano de intervenir indebidamente en asuntos internos del país. El comunicado expresa un “categórico rechazo” a lo que considera una “deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia”.

De acuerdo con la Cancillería, esta situación constituye una vulneración del principio internacional de no intervención y representa una amenaza a la soberanía nacional. El documento afirma que “esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático”.

Pese al tono crítico del pronunciamiento, el Gobierno colombiano reiteró su disposición a avanzar en la normalización de las relaciones económicas bilaterales. En consecuencia, anunció que también derogará las medidas adoptadas como respuesta a las restricciones ecuatorianas, con el objetivo de restablecer plenamente las condiciones de libre comercio entre ambos países.

Finalmente, Colombia reafirmó su compromiso con la integración andina, el fortalecimiento de los vínculos económicos regionales y el respeto a los mecanismos institucionales que regulan las relaciones comerciales entre los Estados miembros de la Comunidad Andina, al tiempo que insistió en que los asuntos económicos y de integración deben mantenerse alejados de las disputas político-electorales.