Choque entre Petro y Paloma Valencia escaló por demanda que frena la reforma pensional
El debate sobre el sistema pensional en Colombia sumó un nuevo capítulo tras el cruce de trinos entre Petro y la candidata Paloma Valencia, por la demanda que mantiene en revisión la reforma pensional ante la Corte Constitucional.
El mandatario se pronunció este 23 de abril de 2026 a través de sus redes sociales, donde cuestionó la acción judicial interpuesta por la senadora, al señalar que esta ha impedido la entrada en vigencia de la reforma aprobada por el Congreso. Según indicó, mientras no exista una decisión de fondo por parte del alto tribunal, continúa aplicándose el régimen establecido en la Ley 100.
En su intervención, el jefe de Estado afirmó que la actual normativa genera efectos sobre el sistema, incluyendo subsidios financiados con recursos públicos. En ese contexto, sostuvo que el Gobierno nacional destina cerca de 12 billones de pesos anuales a Colpensiones para garantizar el pago de mesadas pensionales, rechazando las versiones que indican que el Ejecutivo estaría obteniendo recursos de ese fondo.
“El Gobierno no recibe recursos de Colpensiones, sino que le transfiere recursos para cubrir obligaciones pensionales”, expresó el presidente en su mensaje, en el que también cuestionó las críticas sobre el manejo del ahorro de los trabajadores.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeEl mandatario abordó además el tema del traslado de afiliados desde los fondos privados hacia el sistema público. De acuerdo con las cifras que expuso, alrededor de 125.000 personas han optado por cambiar de régimen, de las cuales 25.000 ya se encuentran pensionadas. En ese sentido, indicó que los recursos acumulados pertenecen a los cotizantes y deben ser trasladados cuando estos toman la decisión de migrar a Colpensiones.

En su pronunciamiento, Petro también hizo referencias directas a los administradores de fondos privados, señalando que, en su criterio, estos tendrán que entregar los recursos correspondientes a los afiliados que han decidido cambiar de sistema. Además, cuestionó la permanencia de dichos dineros en las administradoras cuando los cotizantes han ejercido su derecho de traslado.

La respuesta de la senadora Paloma Valencia se produjo posteriormente, también a través de redes sociales. En su mensaje, la congresista indicó que la Corte Constitucional suspendió la entrada en vigencia de la reforma pensional, con excepción de algunos artículos específicos, entre ellos el que regula el traslado de régimen.
Valencia explicó que, según lo establecido en la normativa aprobada, los recursos de los afiliados que se trasladan deben continuar siendo administrados por los fondos privados hasta que cumplan los requisitos para acceder a una pensión. En esa línea, sostuvo que el Gobierno no puede modificar ese esquema mediante decretos.
“Los fondos deben seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpla las condiciones para pensionarse”, señaló la senadora, quien también cuestionó la intención del Ejecutivo de trasladar recursos hacia el sistema público.

En relación con el decreto que ordena el traslado de aproximadamente 25 billones de pesos desde las administradoras privadas a Colpensiones, Valencia manifestó que esta medida no fue contemplada en la ley aprobada por el Congreso. Además, indicó que presentó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión de dicha disposición.
Por su parte, el presidente reiteró que la reforma pensional, de entrar en plena vigencia, modificaría la forma en que se financian las pensiones y reduciría la carga fiscal asociada a los subsidios actuales. También insistió en que la decisión final sobre la legalidad de la reforma está en manos de la Corte Constitucional, instancia que aún no ha emitido un fallo definitivo.
El intercambio de declaraciones se produce en un contexto en el que el sistema pensional continúa en revisión jurídica, mientras diferentes sectores políticos y económicos mantienen posiciones divergentes sobre el alcance de las reformas propuestas y su implementación.

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