Benedetti advirtió consecuencias jurídicas a gobernadores que anunciaron no aplicar decreto de emergencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció este jueves frente a la decisión anunciada por varios gobernadores de no aplicar en sus departamentos el decreto tributario expedido por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica declarada a finales de 2025.

El funcionario señaló que esa postura desconoce el orden constitucional y advirtió sobre eventuales responsabilidades legales para quienes adopten esa determinación.

Benedetti afirmó que invitar a no acatar una norma vigente no constituye un acto político ni administrativo, sino una conducta que puede tener implicaciones penales y disciplinarias. En su declaración, sostuvo que el control de constitucionalidad de los decretos de emergencia es una competencia exclusiva de la Corte Constitucional y que ninguna autoridad territorial puede asumir esa función por iniciativa propia.

“El control de constitucionalidad lo ejerce la Corte Constitucional. Si desde las regiones se decide no aplicar la ley, se están usurpando funciones que no les corresponden”, señaló el ministro, al referirse a los anuncios realizados por varios mandatarios departamentales en los que manifestaron su intención de inaplicar el decreto mientras el alto tribunal emite un fallo de fondo.

El jefe de la cartera política también advirtió que la desobediencia a una disposición legal puede configurar faltas individuales. Según Benedetti, los gobernadores que opten por no ejecutar el decreto podrían incurrir en prevaricato y enfrentar eventuales consecuencias patrimoniales. En ese sentido, mencionó que quienes adopten esa postura podrían responder con sus propios bienes por los recursos que se dejen de recaudar a partir de los impuestos contemplados en la norma.

El pronunciamiento del ministro se produjo tras los anuncios de al menos 17 gobernaciones que expresaron su respaldo a la posición asumida inicialmente por Antioquia. El gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón, comunicó que su administración no aplicará las medidas tributarias incluidas en el decreto de emergencia económica, amparándose en la figura de la excepción de inconstitucionalidad, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de manera definitiva.

Rendón sostuvo que el decreto representa un riesgo para la autonomía fiscal de las regiones y una afectación directa a los recursos destinados a sectores como salud, educación y obras públicas. En declaraciones públicas, afirmó que la Constitución habilita a las entidades territoriales a proteger su autonomía frente a actos que, a su juicio, exceden los límites constitucionales.

A esa postura se sumaron otros departamentos, entre ellos Valle del Cauca, cuya gobernadora, Dilian Francisca Toro, anunció que no se aplicará el impuesto al consumo de licores contemplado en el decreto. Varios mandatarios han señalado que estos tributos constituyen una fuente central de financiación regional y que su traslado a la Nación genera impactos en la capacidad fiscal de los departamentos.

Desde el Gobierno nacional, Benedetti insistió en que mientras no exista una decisión de fondo de la Corte Constitucional, el decreto mantiene plena vigencia y debe cumplirse en todo el territorio. El ministro reiteró que el debate jurídico no habilita a las autoridades regionales para suspender la aplicación de una norma y recalcó que el orden legal exige su acatamiento hasta que el alto tribunal se pronuncie.