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Arranca la negociación del salario mínimo 2027: el Gobierno instala este miércoles la mesa

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, instalará este miércoles la mesa de concertación para definir el salario mínimo de 2027, en una negociación que tiene como plazo máximo el 30 de diciembre.

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Redacción IFM
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Arranca la negociación del salario mínimo 2027: el Gobierno instala este miércoles la mesa tripartita con un calendario que vence el 30 de diciembre
Foto: IFMERA. Imagen procesada con IA

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, instalará formalmente este miércoles 18 de noviembre la mesa de concertación con empresarios y centrales obreras para definir el salario mínimo que regirá en Colombia desde el 1 de enero de 2027.

Este proceso, que marca el inicio de una de las discusiones económicas más importantes del país, cuenta con un cronograma estricto que, en caso de no arrojar un consenso, obligará al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a fijar el aumento por decreto a más tardar el 30 de diciembre.

El escenario formal del diálogo es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Este es el espacio tripartito, integrado por el Gobierno, los gremios y los sindicatos, coordinado por el Ministerio del Trabajo. Su funcionamiento no es arbitrario, pues está regulado por la Ley 278 de 1996, la cual desarrolla el artículo 56 de la Constitución Política y obliga a las partes a agotar todas las instancias para buscar un consenso antes de que el Ejecutivo intervenga de manera unilateral.

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Para esta discusión, el punto de partida es el salario mínimo vigente en 2026, el cual se sitúa en 1.750.905 pesos. A esta cifra se suma un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que representa un ingreso total de 2 millones de pesos para los trabajadores que devengan el mínimo en el territorio nacional. Estos valores actuales son la base sobre la cual se aplicarán los porcentajes de incremento que se debatan en las próximas semanas.

El calendario que fija la mesa

Según el cronograma divulgado por el Gobierno Nacional, tras la instalación de este 18 de noviembre, la mesa esperará dos datos técnicos fundamentales que suelen inclinar la balanza en la discusión. El primero de ellos se conocerá el 30 de noviembre, cuando el DANE publique la productividad total de los factores (PTF), indicador que mide la eficiencia de la economía con los mismos recursos de trabajo y capital. Posteriormente, el 5 de diciembre, o incluso antes, se revelará la cifra de inflación correspondiente al mes de noviembre, dato que es vital para garantizar que el aumento no sea inferior al costo de vida.

El 15 de diciembre es la fecha clave, pues vence el primer plazo legal para alcanzar un acuerdo concertado. Si para ese día no hay humo blanco, las partes dispondrán del 16 y el 17 de diciembre para dejar constancia de sus salvedades, exponiendo sus posiciones finales por escrito. Entre el 18 y el 29 de diciembre podrían convocarse reuniones extraordinarias para intentar un acercamiento de última hora, pero el 30 de diciembre es la fecha límite inamovible para que el Gobierno expida el decreto definitivo que fije el salario para el año 2027.

Lo que ha dicho el Gobierno

Hasta el momento, ninguna de las voces oficiales del Ejecutivo ha puesto una cifra concreta sobre la mesa. El vicepresidente José Manuel Restrepo ha manifestado que la política salarial debe reconocer la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores, describiendo este momento como el inicio necesario de una conversación profunda sobre el bienestar social.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha sido enfático en que el ajuste debe ser responsable y tener en cuenta tanto la inflación como la productividad, especialmente en el contexto del trámite de la Ley de Rescate Económico que cursa en el Congreso.

La ministra Natalia López Fuentes ha propuesto una dinámica diferente, sugiriendo que la comisión sesione durante todo el año y que el diálogo se amplíe para incluir a sectores que tradicionalmente no tienen representación formal, como las trabajadoras domésticas, los cuidadores y los trabajadores de plataformas digitales. De hecho, el pasado 28 de octubre, la cartera laboral convocó a seis organizaciones de trabajo doméstico con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para integrar sus visiones en este proceso de concertación nacional.

Las posiciones de las partes y las cifras en juego

Los datos de referencia actuales muestran una distancia considerable entre los actores de la mesa. La inflación anual de octubre se situó en 6,30% y la productividad laboral suele oscilar entre el 1% y el 2%. Bajo este panorama, las propuestas del sector empresarial se mueven en un rango de entre 8% y 9,5%. Fenalco, por ejemplo, ha sostenido que el alza no debería superar el 9%, argumentando la necesidad de proteger la sostenibilidad de las empresas y el empleo formal.

En el sector sindical, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ahora bajo la presidencia de Nelson Javier Alarcón Suárez, defiende un incremento que supere el 10%. Esta postura contrasta con planteamientos anteriores de su antecesor, Fabio Arias, quien en su momento llegó a plantear un 38,5%. Traducido a pesos, un aumento del 8% elevaría el salario básico a aproximadamente 1.891.000 pesos. Un incremento del 10% lo situaría cerca de los 1.926.000 pesos, mientras que la propuesta extrema del 38,5% llevaría el básico a unos 2.425.000 pesos.

La negociación.ón de este año también presenta cambios significativos en sus protagonistas. Luz Stella Murgas ha asumido la presidencia de la ANDI, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo de alta relevancia gremial en la historia de la asociación. Asimismo, en la Confederación General del Trabajo (CGT), el Ministerio reconoció como presidente y vocero a Jorge Iván Díez Vélez, a pesar de que Percy Oyola sostiene que también fue convocado a la mesa, lo que refleja las tensiones internas en las organizaciones de trabajadores que podrían influir en la cohesión de las propuestas sindicales.

El reto de un acuerdo esquivo

El historial reciente de estas negociaciones no es del todo alentador para quienes esperan un consenso. La última vez que el Gobierno, los empresarios y los trabajadores lograron firmar un acuerdo conjunto fue en diciembre de 2022, cuando se pactó un alza del 16% para el año 2023. Desde ese entonces, el incremento ha tenido que ser definido mediante decreto presidencial ante la falta de puntos de encuentro entre las visiones de los gremios y las centrales obreras.

El desafío para la administración de Abelardo de la Espriella es mayúsculo, considerando que el mercado laboral colombiano enfrenta una informalidad que alcanza el 54,8% de los ocupados. Esto significa que más de 13 millones de personas se encuentran fuera del circuito formal y no se benefician de manera directa de los ajustes que se logren en esta mesa de concertación.

Esta realidad añadió una capa de complejidad a la discusión, pues un aumento desproporcionado podría, según algunos analistas, incentivar la informalidad, mientras que un aumento bajo afectaría el consumo interno y la calidad de vida de quienes sí están en la formalidad.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuándo inicia la negociación y cuál es la fecha límite para definir el salario?

La mesa de concertación se instala formalmente este miércoles 18 de noviembre y el plazo máximo para fijar el aumento, ya sea por acuerdo o decreto, es el 30 de diciembre.

¿Cuáles son los datos económicos clave que determinarán el incremento?

Se esperan dos cifras fundamentales: la productividad total de los factores, que el DANE publicará el 30 de noviembre, y el dato de inflación de noviembre, que se conocerá el 5 de diciembre.

¿Qué propuestas de aumento están sobre la mesa actualmente?

Los empresarios sugieren un incremento entre el 8% y el 9,5%, mientras que las centrales obreras como la CUT defienden un alza superior al 10%.

¿Cuál es el salario mínimo actual que sirve como base para la discusión?

El punto de partida es el salario de 2026, que se sitúa en 1.750.905 pesos más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, para un total de 2 millones de pesos.

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