El Gobierno Nacional informó que el proceso de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) alcanzó un momento clave dentro de los esfuerzos por encontrar soluciones dialogadas a la violencia en el país.
Según un comunicado oficial de la Consejería Comisionada de Paz, este espacio de diálogo es: “de absoluta relevancia en el propósito de encontrar salidas dialogadas a la violencia y se encuentra actualmente en estado avanzado”.
Cabe recordar que el proceso se esta desarrollando con la mediación de varios Estados y organizaciones internacionales, incluyendo a Qatar, España, Noruega y la Confederación Suiza, así como el apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, lo que refuerza su carácter transparente y verificable.
Por otra parte, se mencionó que desde su inicio, el diálogo se ha centrado en la desmovilización y el tránsito a la vida civil de los miembros del EGC, partiendo de esto, se comunicó que el pasado 5 de diciembre se firmó en Doha, Qatar, un compromiso para la ubicación gradual de los integrantes del grupo en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), de acuerdo con la Ley 2272 de 2022, como un paso verificable hacia la desmovilización.
En desarrollo de este compromiso, los líderes del EGC donde se incluyó a Jobanis de Jesús Ávila, Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y Gonzalo Sánchez, que murió hace poco, comenzaron el 24 de diciembre de 2025 a coordinar la ubicación progresiva de los demás miembros del grupo en las ZUT.
Por lo cual, el Gobierno Nacional destacó que, desde entonces, se encuentran suspendidas las órdenes de captura contra estos líderes, conforme a lo dispuesto en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República.
El comunicado de la Consejería Comisionada de Paz destacó que “tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, lo que declararon garantiza seguimiento oficial y control de las medidas adoptadas (Consejería Comisionada de Paz, 5 de febrero de 2026).
El Gobierno resaltó que este proceso representa un avance significativo dentro de la política de paz nacional, al generar condiciones para la desmovilización verificable de un grupo armado y la transición de sus miembros hacia la vida civil, en un marco de legalidad y con acompañamiento internacional. Cabe recordar que en materia de seguridad y defende de los derechos humanos, de acuerdo a organizaciones expertas, el gobierno actual ha presentado falencias.
Incluso el reporte anual de 2025 de Human Rights Watch (HRW) advirtió sobre la grave situación humanitaria y los persistentes abusos contra los derechos humanos en Colombia durante este año.
En este sentido, la organización destacó que los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, continuaron siendo problemas estructurales en el país.
