Gobernador de Antioquia denunció que niños fueron impedidos de asistir a escuela en Mutatá

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que 64 niños del Centro Educativo Indígena Jaikerazabi, en las sedes Chontadural Cañero y El Silencio, no pudieron asistir a clases debido a que las autoridades del resguardo continuaron bloqueando su ingreso.

El hecho, de acuerdo a lo que dijo, se produjo cuando un líder de la comunidad y padre de familia intentó abrir los salones para que 55 estudiantes de la sede Chontadural Cañero retomaran sus actividades académicas. Sin embargo, los representantes del resguardo impidieron el acceso de los menores.

Durante el intento de garantizar el derecho a la educación, el padre de familia fue sometido a un castigo tradicional conocido como “cepo”, según informó la Gobernación. Rendón enfatizó que ningún colombiano está por encima de la ley, sin importar su pertenencia a una comunidad indígena, y subrayó que los derechos de los niños deben prevalecer sobre intereses particulares.

Hasta ahora, como lo informó el mandatario, los 64 menores permanecerán sin acceso a sus escuelas y el líder comunitario continuó bajo el “cepo”, mientras las autoridades indígenas mantenían la restricción sobre el ingreso al Centro Educativo Indígena Jaikerazabi.

Cabe recordar que este no ha sido el primer incidente que ha tenido parte de la institucionalidad, especialmente la Gobernación con comunidades ancestrales en el territorio, ya que solo el pasado 18 de marzo, la administración de Rendón logró un acuerdo con la Minga que estaba en el centro administrativo La Alpujarra. 

Las conversaciones con las comunidades indígenas de Zenú y Emberá Eyabida, permitió el levantamiento de la Minga y el retorno de sus participantes a sus territorios. Este acuerdo se alcanzó tras dos días de diálogo entre delegaciones indígenas de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá y la Administración Departamental. 

Durante las mesas de trabajo se revisaron los compromisos de la Minga de 2024 en áreas como educación, salud, vivienda, ambiente, infraestructura, desarrollo económico, deportes, recreación y proyectos sociales. La subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación, María Patricia Giraldo, explicó que se realizó una revisión conjunta de los avances y se acordó levantar la Minga, permitiendo que las comunidades regresaran a sus territorios.

Se conoció además que el proceso contó con el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín y la Policía Nacional, que actuaron como garantes del diálogo. Jaime Donado, líder indígena de San Pedro de Urabá, agradeció a la Gobernación y envió un mensaje de paz y calma a la comunidad.

La Gobernación enfatizó que dará seguimiento al cumplimiento de los compromisos y reiteró su disposición a mantener canales de diálogo abiertos, siempre bajo condiciones de respeto, buena fe y sin presiones de bloqueos o vías de hecho.