Fiscal se pronunció sobre investigaciones de presuntos nexos con disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el material digital incautado el 23 de julio de 2024 a integrantes de la caravana del Estado Mayor de las disidencias de las FARC en Anorí (Antioquia) fue sometido a cadena de custodia, extraído y analizado por equipos forenses de la DIJIN, generando cinco informes técnicos. Este material ha permitido la judicialización de 28 integrantes

Entre tanto, el ente acusador entregó nuevos detalles sobre los dispositivos electrónicos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), durante un retén militar que interceptó una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de las disidencias de las FARC.

En el operativo, donde se movilizaban Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar; Diana Carolina Rey Rodríguez, María Alejandra Ojeda Londoño, Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu, fueron decomisados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento digital.

De acuerdo a la información, el material incautado fue sometido a cadena de custodia y legalizado ante jueces de la República. Posteriormente, dos equipos forenses de la DIJIN realizaron procesos de extracción, verificación y análisis técnico, que derivaron en cinco informes presentados a la fiscal especializada contra Organizaciones Criminales en Medellín, encargada de la investigación. El último de estos reportes fue entregado el pasado 26 de junio.

El cruce de información más reciente fue ordenado el 24 de septiembre por la fiscal del caso, junto con nuevas diligencias investigativas para validar su contenido ante la judicatura. Según la Fiscalía, se continúa en verificación una cantidad considerable de datos relevantes hallados en los dispositivos.

Hasta ahora, la evidencia digital ha permitido judicializar a 28 presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias en Antioquia. Además, tres de los ocupantes de la caravana fueron procesados:
– María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, por porte ilegal de armas, delito por el que aceptaron cargos y cumplen condena.
– Édgar de Jesús Ortega, alias Firu, por homicidio, caso en el que ya fue radicado escrito de acusación.

La Fiscalía aclaró que ese día no fueron capturados alias Calarcá, Erlinson Echavarría, Juan Antonio Agudelo y Diana Carolina Rey debido a la suspensión previa de las órdenes de captura en su contra, en cumplimiento de la Ley 2272 de 2022 (Paz Total) y las resoluciones 0005 del 16 de enero de 2024 y 0282 y 0283 del 4 de julio del mismo año.

La entidad señaló que durante 16 meses ni el Despacho de la Fiscal General ni otras dependencias jerárquicamente superiores recibieron reportes, copias o alertas sobre la información recolectada, sus hallazgos o posibles conductas delictivas derivadas del análisis del material.

Ante las verificaciones realizadas en Medellín en la jornada del 24 de noviembre, que revelaron información considerada de “máxima gravedad” y que no estaba siendo investigada, la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada.

De igual manera, se dispuso abrir líneas de investigación relacionadas con posibles intentos de cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional por parte de las disidencias, amenazas a la seguridad nacional, eventuales esquemas de financiación de campañas políticas, alianzas con actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia vinculadas a estructuras criminales.

De manera paralela, la fiscal en Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado dentro del material incautado.

La Fiscalía recordó que la Ley 2272 de 2022 establece el levantamiento de órdenes de captura para miembros de organizaciones armadas que participen en mesas de diálogo. No obstante, la Directiva 003 de 2025 aclara que, aun bajo ese régimen, las capturas proceden en flagrancia por delitos de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional humanitario.

La institución también manifestó preocupación por la filtración del contenido de los dispositivos incautados, que permanecen bajo custodia de la DIJIN desde julio de 2024, señalando que ello vulnera el principio de reserva que rige las actuaciones penales.

Finalmente, reiteró que los fiscales delegados actúan con autonomía y que las investigaciones de alto impacto se manejan bajo protocolos estrictos para proteger la evidencia y la efectividad de las actuaciones.

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