La solicitud la hicieron durante el conversatorio «Modelos de Intervención en Seguridad Humana» realizado de manera virtual y transmitido por las redes sociales de la Revista Digital El Mundo Cambió, el Nodo Colombia e IFMNOTICIAS.COM. En webinar, diferentes expertos conversaron sobre los Modelos de Intervención en Seguridad Social, cómo debe intervenir el estado, cómo debe intervenir la fuerza pública, la empresa privada y la ciudadanía.
«Nos encontramos en un proceso de transformación y observamos que las fuentes de tensión y riesgos se están multiplicando, se siguen presentando en todo nuestro territorio la presencia de terrorismo, de conflicto armado, de crimen organizado, de delincuencia común, de los ciberataques que recientemente hemos sufrido… todo esto lo que nos va señalando es que la seguridad por sí sola no se puede garantizar», inició afirmando Richard Celis, delegado del Ministerio del Interior del gobierno Petro para este conversatorio.
El funcionario público entregó otros datos a partir de los cuales se está tratando de aterrizar la manera de confrontar y buscar soluciones a los diferentes conflictos que experimenta el país.
«Estudios de la Contraloría y Fedesarrollo indican que la financiación del postconflicto cuesta de 128 a 142 billones de pesos y que su duración será de 26 años teniendo en cuenta la experiencia de lo que se presentó en Centroamérica. En Colombia están ocurriendo seis tipos de conflictos armados: primero, entre el Estado colombiano y el ELN. Segundo, entre el Estado Colombiano y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Tercero, entre el Estado Colombiano y las antiguas FARC-EP, actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz. Cuarto, entre el ELN y las AGC. Quinto, entre las antiguas FARC-EP y la Segunda Marquetalia», informó Celis.
Por esta razón, según el delegado del Ministerio del Interior, «La apuesta que tenemos en seguridad humana es abordarlo desde la dimensión de protección de las personas entendiendo que ninguna dimensión puede ir totalmente aislada. Esto tiene que ser desde el sistema integrado».
Para el Mayor General retirado, Eliecer Camacho Jiménez, se requiere el compromiso de todas las instituciones para llegar a una resolución de los conflictos más óptima. Por eso hizo recomendaciones en temas de prevención que incluyen a las URI y los PMU. De igual manera afirmó que la imagen de la Policía se ha deteriorado porque es a la que siempre mandan a intervenir en medio de las protestas y sugirió que dichas intervenciones deben recaer sobre las entidades responsables, para lo cual se requiere identificar la razón de la manifestación.
«Dentro de las recomendaciones que yo hago en materia de prevención es lograr llegar no solo con una oferta meramente institucional, sino también llegar con oferta institucional a esos sitios para tratar con las instituciones que le corresponda solucionar los problemas y necesidades que se requieran. La Policía es un actor importante pero no puede ser el único actor ni tampoco la única fuerza que disuelva las manifestaciones sin que primero se les haya escuchado o solucionado a estas personas que se están manifestando sus problemas», propuso Camacho Jiménez.
Por su parte, Melissa Franco, asesora en Convivencia Ciudadana, también habló de los diálogos preventivos que no solo deberían incluir a las instituciones nacionales y territoriales sino también a los ciudadanos de los diferentes sectores, sin excluir a nadie. La experta indicó que es importante fortalecer la capacidad del Ministerio Público para que puedan cubrir y acompañar las manifestaciones en su totalidad sin que queden desprovistas, así como crear canales de comunicación efectivas y retroalimentar los procesos para saber qué funciona y qué debe ajustarse.
«Este Sistema Nacional de Gestión de Conflictos Sociales y Diálogo Social enfrenta uno de los mayores retos del país y es lo que hemos visto en los últimos 50 años en los conflictos que hemos tenido y en los últimos años con el “estallido social” que vivió Colombia y lo que estamos viendo actualmente. Considero que este decreto es una oportunidad gigante para fortalecer las acciones de forma articulada. Pero este decreto también tiene un reto y es el diálogo preventivo y no solo el diálogo reactivo que normalmente se da», opinó la asesora en Convivencia Ciudadana.
A su turno, el presidente del Comité Internacional Anticorrupción y Soborno, Carlos Boshell Norman, explicó que en el país se siente que hay más privilegios para los infractores y más sanciones para el empresariado, por lo que en su opinión es importante tener en cuenta los factores de impacto a las víctimas y no solo hablar de diálogo.
Boshell también indicó que hoy se ve con preocupación que en el escenario nacional de resolución de los conflictos no se está teniendo en cuenta al sector privado y que en el país se continúa trabajando con sistemas de reacción después que el conflicto ha escalado a temas de alto impacto y de impactos muy negativos.
«Es muy importante tener en cuenta al sector privado, pero no solo a partir de los gremios (estos tienen una tarea muy clara). Aquí estamos hablando de una asimetría que tenemos en este país porque no es lo mismo hablar de un negocio en una ciudad que de un negocio en un escenario rural. Entonces hay un reto muy grande en saber cómo vamos a abordar este tema del sector privado porque para los empresarios suelen vivir en una incertidumbre permanente. En los conflictos siempre escuchamos hablar de las víctimas y de los victimarios, pero nadie se acuerda del empresario, nadie se acuerda de las pérdidas que tiene el empresario. Simplemente quedan reflejadas en cifras, pero realmente no hay un tema directo que les permita mejores garantías en medio de un conflicto grande como las protestas sociales», señaló Carlos Boshell Norman, presidente del Comité Internacional Anticorrupción y Soborno.
En este sentido, el Brigadier General retirado, Luis Ernesto García Hernández, cuestionó que hasta ahora no ha habido una respuesta asertiva por parte de los gobiernos frente a los conflictos armados y sociales, y sumó que en el sistema actual hay deficiencias de tipo conceptual con repercusiones grandes desde el punto de vista de implementación, lo que para él no coincide con las realidades institucionales.
La falta de crecimiento de la institucionalidad y la financiación son temas que también le preocupan a García Hernández por lo que sugirió fortalecer a cada uno de los responsables de la vigilancia, el control y la seguridad en cualquier lugar de Colombia.
«Quiero llamar la atención sobre varios puntos importantes: primero sobre lo que ha sido la gestión pública de la seguridad ciudadana durante los últimos 30 años recordando que la normatividad de Colombia se ha caracterizado por ser dispersa, está desactualizada y actualmente presenta muchas colisiones y contradicciones. Segundo, hoy tenemos un modelo de gestión territorial de la seguridad ciudadana que básicamente tiene seis componentes con una sumatoria de enfoques y muy disperso. Entonces, Colombia sí tiene una serie de documentos, pero no tiene un proceso serio de política pública porque está muy restringido desde el punto de vista normativo. Tercero, quiero llamar la atención sobre las dificultades institucionales que tenemos para responder a los problemas de convivencia que ha estado basado en el control del delito», comunicó Luis Ernesto García Hernández, Brigadier General retirado.
Otro de los expertos presentes en el conversatorio fue Miguel Ángel Díaz, quien recordó que el Estado tiene el derecho constitucional de usar la fuerza si la ciudadanía se sale de los términos que la ley le impone en el marco de sus derechos y deberes y convocó al Gobierno Nacional para que tenga en cuenta al gremio de la seguridad privada en la construcción del sistema nacional de seguridad ciudadana que se está construyendo.
«Es importante analizar lo que está ocurriendo en los territorios del país, incluyendo las ciudades capitales. Aunque son fenómenos diferentes tienen un eje recurrente y es que se están creando medios legales para cometer ilegalidades. Si bien el derecho a la protesta está consagrado en el artículo 37 de la Constitución Nacional, no es menos cierto que el Estado tiene el derecho al uso de la fuerza legítima y hoy lo que estamos perdiendo es el balance constitucional entre los derechos de la protesta y los derechos de la sociedad a vivir en paz, en armonía y en tranquilidad. Por eso el Gobierno Nacional nos sugiere la política de seguridad humana como esa alternativa. Pero dada la apertura y el sistema de diálogo nacional que se está utilizando con grupos al margen de la ley, el sector empresarial quiere aprovechar también ese canal y solicita que se abra para el sector privado, para el sector de la seguridad privada. La seguridad privada aspira y espera durante estos cuatro años ser parte de los consejos de seguridad de los municipios, de las alcaldías, de los departamentos y del orden nacional porque nuestra voz debe ser escuchada y atendida», solicitó Miguel Ángel Díaz, presidente de la confederación nacional de Empresas de Seguridad Privada.
Guillermo Londoño Ricaurte se concentró en hablar sobre cómo deben hacerse esfuerzos en materia de control virtual durante los conflictos armados o sociales que se generan en Colombia, ya que, según él, por las diferentes redes sociales se generan sentimientos de rabia, rencor, odio, muchas veces a través de la desinformación de quienes tienen intereses particulares dentro de las diferentes manifestaciones.
«Lo experimentado durante el estallido social del 2021 tiene que llevarnos a reflexionar sobre los nuevos protocolos y de la discusión de cómo abordamos los nuevos conflictos sociales que se materializan a partir de ahora. Los bloqueos y las protestas en muchos casos es vandalizar bienes públicos privados, agredir a nuestros servidores públicos, lesionar a otros sectores de la sociedad. Todo esto también pasa por la utilización de las nuevas tecnologías y también las nuevas plataformas, es decir, tenemos que discutir sobre cómo generamos controles para contener situaciones de ese tipo que pueden generar caos», invitó Guillermo Londoño Ricaurte, subsecretario de Política de Seguridad de Cali.
Finalmente, entre otros conceptos, uno de los panelistas llamó la atención sobre el desconocimiento generalizado que los ciudadanos de Colombia tienen de la Constitución y de la ley de Seguridad Ciudadana, entre muchas otras normatividades. Por eso su llamado fue a concentrar cualquier política pública, sistema o plan nacional hacia el ciudadano común.
«El problema en Colombia es de fondo. Necesitamos volver a la capacitación. El ciudadano del común necesita eso. Hoy hay un concepto errado de la Policía, del Ejército y de las otras entidades que administran justicia en nuestro país. El capítulo séptimo de la Constitución es muy claro cuando le da la legalidad a este tipo de entidades y manifiesta cuándo, cómo y dónde pueden intervenir. Se habla mucho de paz, ese ha sido un caballito de muchos gobiernos, incluido el actual. La paz es un derecho constitucional que todos tenemos, pero hay que trabajarlo articuladamente. Es importante, entonces, que marquemos a este ciudadano del común, lo traigamos a ese buen recaudo en el sentido bueno. Es decir, que pueda entender la norma, que la conozca, que la ponga en práctica todos los días. Pienso que este es el ejercicio número uno que todos debemos aportarle al país. Para mí no hay gremios privados, no hay gremios estatales: aquí hablamos es del ciudadano porque es quien sigue viviendo el conflicto en el territorio», aseguró José Orlando Carrillo, consultor en Seguridad Privada y experto en Seguridad Ciudadana.
Los panelistas estuvieron de acuerdo en concluir que urge que el Estado garantice la seguridad del empresariado y de la sociedad para que, cuando surja un conflicto, haya la tranquilidad de que ese conflicto se va a solucionar de la mejor manera. Para los panelistas es importante que la seguridad humana no se olvide del sector privado que es el que produce en Colombia.
Este conversatorio es uno de los eventos previos al III Encuentro Mundial de Líderes de Seguridad y Riesgos que se realizará el 7 y 8 de junio de 2023. Usted puede profundizar en los conceptos, argumentos e ideas de los panelistas en el siguiente vídeo:
