A pocas horas será la primera vuelta en las elecciones presidenciales en el país, y uno de los temas que ha marcado la pauta en la conversación ha sido la seguridad.

Esto debido a diferentes atentados terroristas que se han vivido en zonas críticas como el Cauca y Guaviare, así como al control territorial y la expansión de los actores armados ilegales en diversos territorios del país.

En este sentido, y de cara a la próxima elección de un nuevo jefe de Estado, en el estudio “Doctrina de Seguridad: Radiografía Comparada de las Propuestas Presidenciales”, escrito por Irune Ariño Langarita, Katherine Flórez Pinilla y cuya coautoría es de Marta Bujalance, se hace una profundización sobre los modelos de seguridad de los 3 candidatos que han estado marcando la intención de voto en las últimas semanas.

Inicialmente, se advirtió, como ya se ha mencionado en otros estudios, que en diversas regiones del país organizaciones criminales no solo ejercen control armado, sino que también regulan actividades económicas, cobran extorsiones, imponen normas de comportamiento y, en algunos casos, sustituyen funciones básicas del Estado.

El país cerró el año pasado con 253.000 hectáreas sembradas con coca y una producción potencial de cocaína de 2.664 toneladas

Las cifras recopiladas en el documento evidenciaron algunos datos que son primordiales al hablar de seguridad, para empezar se aseguró que en 2025 se registraron 14.780 homicidios, que supuso un aumento del 3,6 % frente al año anterior y se ubicó como la cifra más alta de la última década.

Además, se trajo a colación que durante el mismo año se reportaron 90 masacres que dejaron 315 víctimas, mientras los casos de extorsión alcanzaron los 13.417 registros, a lo que se sumó la presencia de más de 27.000 integrantes de grupos armados ilegales, un crecimiento estimado del 23,5 % respecto a 2024.

El informe también destacó el fortalecimiento de las economías ilícitas, teniendo en cuenta los sembrados de hoja de Coca, pues el país cerró el año pasado con 253.000 hectáreas sembradas con coca y una producción potencial de cocaína de 2.664 toneladas, a lo que se agregó el avance de la minería ilegal, que alcanzó más de 105.000 hectáreas afectadas, de las cuales el 76 % fueron catalogadas como explotaciones ilícitas.

Según el análisis, la violencia actual se concentra en distintos tipos de territorios, puesto que existen zonas de disputa activa donde grupos armados se enfrentan por corredores estratégicos, como ocurre en regiones del Cauca, Catatumbo y Chocó. También se identificaron territorios con dominio criminal consolidado, donde las organizaciones ilegales ejercen control permanente sobre las comunidades, así como áreas de coexistencia entre grupos armados que mantienen acuerdos informales para repartirse economías ilegales y controlar la población.

Frente a este panorama, el estudio encontró tres doctrinas de seguridad diferenciadas entre los principales aspirantes a la Presidencia, inicialmente se habló de las propuestas de Iván Cepeda que parten de la premisa de que la violencia tiene raíces estructurales relacionadas con la exclusión económica, la desigualdad y la ausencia histórica del Estado en varias regiones del país.

Acerca del tema se mencionó que el candidato además apostó por la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, el fortalecimiento de la presencia institucional mediante servicios sociales, la sustitución de cultivos ilícitos y el uso de inteligencia financiera para desmantelar las redes económicas que sostienen a los grupos armados, pero, uno de los principales desafíos de esta estrategia se centra en la capacidad estatal para producir resultados visibles en el corto plazo.

Por su parte, Paloma Valencia propuso una política enfocada en la recuperación de la autoridad mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Su programa incluyó el aumento del pie de fuerza a través de la incorporación de 30.000 militares y 30.000 policías, una mayor inversión en defensa, la modernización tecnológica de las fuerzas de seguridad y la ampliación del sistema penitenciario.

Además, planteó medidas dirigidas a afectar financieramente a las organizaciones criminales mediante procesos más ágiles de extinción de dominio. El estudio advirtió que la principal dificultad de esta propuesta estaría relacionada con los recursos fiscales necesarios para su implementación.

En contraste, Abelardo De la Espriella planteó una doctrina basada en una ofensiva de choque contra los grupos armados y las economías ilegales. Su estrategia contempló una acción militar intensiva durante los primeros 90 días de gobierno, la reclasificación de las organizaciones armadas como estructuras narcoterroristas, la construcción de megacárceles de máxima seguridad y la reactivación de programas de fumigación aérea para erradicar cultivos ilícitos.

El informe señaló que este modelo podría enfrentar cuestionamientos relacionados con las garantías constitucionales.les y el equilibrio institucional.

Aunque los tres candidatos coincidieron en que las economías ilícitas constituyen uno de los principales motores de la violencia en Colombia, sus propuestas reflejaron visiones profundamente distintas sobre el papel del Estado, el uso de la fuerza y la relación con los actores armados.

Ya que, mientras Cepeda propuso transformar las condiciones sociales que alimentan el conflicto, Valencia apostó por fortalecer la autoridad institucional y De la Espriella defendió una estrategia de imposición del orden mediante una respuesta punitiva de gran escala.

El estudio asi mismo, concluyó que la elección presidencial no solo definirá un nuevo gobierno, sino también el modelo de seguridad que orientará la respuesta del Estado frente a una de las crisis más complejas de los últimos años que atraviesa el país.

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