La Fiscalía de Guatamala abrió una investigación contra Iván Velásquez. Es necesario aclarar que los guatemaltecos no tienen nada contra el ministro de Defensa de Colombia sino contra el ciudadano Velásquez, una frontera que algunos quieren desdibujar.
Sin embargo, Velásquez tiene otro cuestionamiento en el país centroamericano, que podría retratarlo de cuerpo entero: bajo su mando se favoreció la impunidad de varios implicados en la agresión contra Andrés Zimeri, de 20 años.
Durante un partido de fútbol, varios «gorilas» –miembros del equipo de seguridad del organismo liderado por Velásquez en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG– le propinaron una fuerte golpiza a Zimeri, quien ha tenido que pasar por el quirófano en repetidas oportunidades, para tratar de alcanzar un aceptable estado de salud.
Fue de tal nivel la agresión que tuvieron que reconstruir las órbitas oculares, parte del ojo derecho resultó dañado y la nariz quedó hundida.
Después de que la familia del afectado presentó la denuncia por lesiones en medio de una riña tumultuaria, el caso se fue perdiendo en los vericuetos de la «inmunidad diplomática» con la cual, finalmente, terminaron favorecidos los matones de la CICIG, quienes terminaron gozando de impunidad y saliendo de Guatemala sin responder ante la justicia.
De hecho, el ataque a Andrés Zimeri y la impunidad de los funcionarios de la CICIG fue uno de los argumentos esgrimidos en su momento por el entonces presidente Jimmy Morales para solicitar ante la ONU, en agosto de 2017, la remoción de Iván Velásquez y dos años después, fue una de las razones para expulsar a la CICIG de Guatemala.
Es de tal dimensión la protección cómplice otorgada por Iván Velásquez a los «gorilas», que la propia Fiscalía guatemalteca aseguró que el retardo en el avance del proceso se debe a la ausencia de los trabajadores del CICIG: «ellos, por la misma calidad que tuvieron (inmunidad diplomática) salieron del país y eso fue lo que dejó en suspenso la investigación».
Además, el propio Velásquez dijo en su momento que los trabajadores enfrentaron procesos disciplinarios, lo que muchos han cuestionado en Guatemala, pues habría incurrido en una posible suplantación de autoridad desconociendo las normas, la institucionalidad y los procesos legales y penales que se deben adelantar en el país centroamericano, pues más allá de las investigaciones internas que adelantara el organismo, los implicados debían comparecer ante la justicia.
De igual forma, en un informe que Velásquez remitió al secretario general de Naciones Unidas, no dejó claro si uno de los integrantes de CICIG fue despedido y retirado del país. ¿Y los demás implicados? Nada se sabe, pues fueron varios «gorilas» los que atacaron a Andrés Zimeri e incluso, ya vencido en el suelo, trataron de rematarlo, según narraron los testigos.
Así las cosas, el «flamante» combatiente contra la corrupción Iván Velásquez, utilizó, al parecer, mecanismos cuestionables para favorecer a sus subalternos y librarlos de enfrentar los procesos judiciales en Guatemala.
