(ESPECIAL) Seguridad, inteligencia y control territorial. Las bases del Plan Patriota 2.0 de Abelardo De La Espriella

La orden directa. Recuperar el control del territorio y atacar a los delincuentes

La seguridad ocupó un lugar central en el primer discurso presidencial de Abelardo De La Espriella. Desde Cali, el nuevo jefe de Estado dejó planteada una instrucción dirigida a la Fuerza Pública: enfrentar de manera contundente a los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales, con el propósito de recuperar la autoridad estatal en los territorios donde estas estructuras mantienen presencia.

El mensaje presidencial estableció que no habrá zonas del país destinadas a servir como refugio para organizaciones dedicadas a actividades ilegales. La recuperación del control territorial aparece así como uno de los principales objetivos de la nueva administración y como una de las bases de su política de seguridad.

La estrategia fue denominada Plan Patriota 2.0, en referencia al Plan Patriota desarrollado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La nueva versión parte de un escenario diferente al que enfrentaba Colombia hace dos décadas. Según el diagnóstico incluido en la hoja de ruta del nuevo Gobierno, el país ya no enfrenta únicamente estructuras armadas convencionales, sino una amenaza caracterizada por la fragmentación de organizaciones criminales, sus alianzas y su conexión con diferentes economías ilegales.

El documento plantea que las organizaciones armadas y criminales han ampliado sus actividades hacia negocios como el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y el homicidio. A esto se suma el uso de nuevas tecnologías para desarrollar operaciones contra la Fuerza Pública.

Entre esas herramientas aparecen los drones, utilizados para atacar instalaciones y unidades militares y policiales, realizar labores de vigilancia y obtener información sobre los movimientos de las autoridades. Por esa razón, la estrategia contempla fortalecer capacidades de inteligencia, guerra electrónica, ciberdefensa, sistemas antidrones y plataformas de vigilancia y reconocimiento.

La recuperación del territorio, de acuerdo con la hoja de ruta citada en el material, no dependerá únicamente de la acción militar. También deberá involucrar investigación criminal, justicia, presencia institucional, cooperación internacional y coordinación entre las entidades nacionales y territoriales.

El objetivo planteado es que la presencia del Estado no se limite a operaciones de seguridad, sino que incluya las instituciones encargadas de garantizar justicia, servicios y atención a las comunidades.

Una Fuerza Pública con respaldo jurídico y mayores capacidades

Uno de los componentes anunciados por el nuevo Gobierno es el fortalecimiento jurídico de los integrantes de la Fuerza Pública para que puedan cumplir sus funciones dentro del marco constitucional y legal.

De La Espriella sostuvo que los militares y policías deben contar con garantías para ejercer sus responsabilidades y que no pueden ser perseguidos por cumplir con su deber. Esta posición se conecta con una de las prioridades planteadas en el Plan Patriota 2.0: recuperar las capacidades operativas e institucionales de las Fuerzas Militares y la Policía.

El propósito también incluye recuperar experiencia en inteligencia y operaciones. La hoja de ruta contempla una reorganización de las estructuras de mando y el fortalecimiento de los equipos encargados de identificar y enfrentar las organizaciones criminales.

En esa nueva estructura aparece el Ministerio de Defensa, encabezado por el general en retiro Jorge Enrique Mora López. A su lado se encuentra Claudia Carrasquilla, designada como viceministra y reconocida en el material como una funcionaria con experiencia tras haber sido la directora de la Fiscalía en Antioquia y con amplio conocimiento sobre inteligencia, estructuras armadas ilegales y organizaciones de delincuencia urbana.

La estrategia también contempla el regreso al servicio activo de oficiales con experiencia en inteligencia. Entre ellos aparecen los generales Alejandro Barrera y Norberto Mujica, quienes fueron mencionados dentro de la reorganización planteada para la Policía Nacional.

El Gobierno busca, además, aumentar la financiación y priorizar la inversión destinada a las Fuerzas Militares. El componente tecnológico tendrá un peso especial, debido a que las organizaciones criminales han incorporado herramientas que modificaron la manera en que desarrollan sus operaciones.

El diagnóstico gubernamental considera que Colombia requiere capacidades de inteligencia estratégica y financiera, sistemas de vigilancia, reconocimiento, comunicaciones seguras, ciberdefensa y mecanismos para neutralizar drones empleados por organizaciones ilegales.

La estrategia contempla igualmente mejorar la movilidad aérea, el sostenimiento de capacidades, el entrenamiento, la interoperabilidad y la transferencia tecnológica. Estos elementos forman parte de la cooperación que el nuevo Gobierno pretende fortalecer con Estados Unidos.

Estados Unidos e Israel, piezas de la cooperación internacional

La nueva política de seguridad también tiene un componente internacional. El Gobierno de De La Espriella plantea recomponer la cooperación con países considerados estratégicos para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Estados Unidos aparece como uno de los principales aliados en esta nueva etapa. Las primeras conversaciones de alto nivel comenzaron incluso antes de la posesión presidencial. El 21 de julio de 2026, Jorge Mora, entonces ministro de Defensa designado, sostuvo una reunión en Estados Unidos con Joseph Humire, identificado en el material como subsecretario adjunto de Guerra de ese país.

El encuentro estuvo centrado en asuntos de seguridad y lucha contra el narcotráfico y fue presentado como una de las primeras señales de la intención de restablecer una cooperación más estrecha entre Bogotá y Washington.

La administración también anunció que Colombia se incorporará al denominado Escudo de las Américas, estrategia de cooperación hemisférica promovida por Estados Unidos. Dentro de la agenda del nuevo Gobierno, esta iniciativa está relacionada con el fortalecimiento de las capacidades para enfrentar el narcotráfico, el crimen transnacional y las organizaciones armadas.

El Gobierno estadounidense, además, anunció una destinación prevista de 1.000 millones de dólares para Colombia como parte de un paquete de seguridad. De acuerdo con el anuncio citado, los recursos deberán pasar por el proceso correspondiente en el Congreso estadounidense.

La cooperación propuesta comprende inteligencia, tecnología, capacidades aéreas y otros instrumentos destinados a enfrentar las estructuras criminales. También se contempla fortalecer la capacidad de Colombia para combatir las redes transnacionales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.

Israel aparece igualmente como un socio relevante dentro del esquema internacional planteado por la nueva administración, especialmente en materia tecnológica y de seguridad.

La estrategia busca aprovechar la cooperación internacional para modernizar las herramientas con las que cuentan las Fuerzas Militares y de Policía. En un escenario donde las organizaciones ilegales utilizan drones, comunicaciones y mecanismos financieros cada vez más sofisticados, la inteligencia tecnológica se convierte en uno de los componentes centrales del nuevo modelo de seguridad.

El enfoque no se limita a la confrontación directa. El Gobierno plantea atacar también las estructuras financieras de las organizaciones criminales, identificar sus redes y afectar los recursos que permiten mantener sus operaciones.

Del campo a las ciudades. Una estrategia contra múltiples amenazas

El Plan Patriota 2.0 parte de un diagnóstico según el cual las organizaciones criminales han extendido su influencia a diferentes regiones y economías ilegales. La hoja de ruta estima que los grupos ilegales tienen presencia sobre aproximadamente el 36 % del territorio nacional, equivalente a más de 420.000 kilómetros cuadrados.

Entre las zonas consideradas prioritarias aparecen Cauca, Norte de Santander, Guaviare, Nariño, Chocó y Arauca, además de otros territorios caracterizados por la presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal y corredores utilizados para el tráfico de drogas.

La estrategia pretende desarrollar teatros regionales de operaciones mediante una mayor coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía, las autoridades civiles y los organismos judiciales.

El enfoque también cambia cuando se trata de las ciudades. Allí el Gobierno plantea concentrar capacidades de investigación, captura, judicialización y recuperación del control territorial frente a estructuras dedicadas a extorsión, secuestro, lavado de activos, microtráfico y otras modalidades de delincuencia.

La prioridad, de acuerdo con la planificación expuesta, será integrar la inteligencia con la investigación criminal. La información obtenida por las autoridades deberá convertirse en operaciones que permitan identificar a los responsables, llevarlos ante la justicia y afectar las organizaciones que sostienen las actividades criminales.

En paralelo, el Gobierno plantea un programa extraordinario para fortalecer el pie de fuerza y los cuadros de mando. La propuesta incluye aspectos relacionados con bienestar, salud mental, liderazgo, entrenamiento y permanencia de los uniformados.

El presidente también anunció la construcción de megacárceles para garantizar que las personas condenadas por delitos graves cumplan sus penas bajo condiciones de seguridad. La política penitenciaria forma parte del mismo enfoque de autoridad que la administración pretende implementar frente a la criminalidad.

La premisa anunciada por De La Espriella es que la acción del Estado no termina con una captura. La persecución criminal deberá continuar mediante la judicialización, el cumplimiento de las condenas y el desmantelamiento de las estructuras que permanecen activas.

El Gobierno también ha planteado que quienes integran organizaciones ilegales tendrán la posibilidad de someterse a la justicia, mientras que quienes mantengan las actividades criminales serán enfrentados por las autoridades.

La nueva política de seguridad tendrá así varios frentes simultáneos: operaciones militares y policiales, inteligencia, investigación criminal, cooperación internacional, control financiero, fortalecimiento tecnológico y presencia institucional.

El reto estará en coordinar todos esos componentes dentro de la Constitución, la legislación nacional, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La propia hoja de ruta establece que la continuidad de la política, la asignación de recursos, la cooperación entre entidades y el respeto del marco jurídico serán determinantes para alcanzar los objetivos.

El Gobierno De La Espriella pretende convertir la seguridad en una política de Estado y no únicamente en una serie de operaciones aisladas. El Plan Patriota 2.0 busca responder a una criminalidad que, según el diagnóstico oficial presentado, cambió de naturaleza y adoptó estructuras más fragmentadas, economías diversificadas y nuevas herramientas tecnológicas.

La consigna presidencial quedó planteada desde el primer día: recuperar la autoridad y el control territorial. La ejecución de esa política comenzará con el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la reorganización de sus capacidades de inteligencia y la reconstrucción de alianzas internacionales, particularmente con Estados Unidos.

Para la administración entrante, la seguridad será además una condición para avanzar en otros objetivos del Estado. El control de los territorios afectados por el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras economías criminales deberá acompañarse de justicia y presencia institucional.

El nuevo Gobierno apuesta, en consecuencia, por una estrategia que combina fuerza, inteligencia, tecnología y cooperación. El Plan Patriota 2.0 será el instrumento mediante el cual pretende trasladar esa visión a las regiones y enfrentar las estructuras que, según su diagnóstico, han ampliado su presencia y capacidad de acción durante los últimos años.