(ESPECIAL) Las nuevas declaraciones sobre la muerte del coronel Óscar Dávila reavivan el debate político y judicial en Colombia. ¿Se suicidó o lo suicidaron?

Un caso que marcó uno de los mayores escándalos del Gobierno Petro

La muerte del coronel Óscar Dávila, ocurrida en junio de 2023, continúa siendo uno de los episodios más controvertidos de la administración del presidente Gustavo Petro. El oficial se desempeñaba como coordinador de la Oficina de Anticipación de la Presidencia y falleció cuando era investigado por su presunta participación en las actuaciones relacionadas con el caso de las interceptaciones ilegales conocidas públicamente como las “chuzadas” a Marelbys Meza, exempleada particular de Laura Sarabia.

En ese momento, el nombre del coronel Dávila apareció dentro de las investigaciones que adelantaba la Fiscalía sobre la utilización de pruebas de polígrafo y presuntas interceptaciones irregulares, un caso que produjo una de las mayores crisis políticas del Gobierno nacional.

Pocos días antes de su fallecimiento, funcionarios del ente acusador habían realizado diligencias judiciales en las instalaciones donde laboraba el oficial, ubicadas en el piso 13 de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). Dávila habría decidido colaborar con la justicia y había hablado con sus abogados para aportar pruebas sobre el caso.

Desde el comienzo se dijo que su muerte fue extraña. Según los relatos oficiales, el alto mando policial, calificado como uno de los más estables mentalmente, con mayor conocimiento en inteligencia, poseedor de informaciones clasificadas de alto nivel, con una linda familia y con una carrera en pleno ascenso, se desplazaba hacia su casa en un vehículo oficial con un escolta que conducía.

A solo metros de llegar a la unidad residencial, el vehículo se habría detenido, su escolta habría dejado una pistola y se bajó, según se dijo en su momento, a comprar una botella de agua por solicitud del oficial. Al regresar, el escolta lo habría encontrado muerto, víctima de un disparo, al parecer autoinfligido, provocado con un arma que no era la suya.

Estos hechos provocaron un amplio despliegue investigativo inicial que se fue enfriando de cara al público hasta finalmente haber sido archivado, y un intenso debate público sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho que, tres años después, tiene más dudas que certezas y no termina.

La Fiscalía concluyó que se trató de un suicidio

Tras desarrollar las investigaciones forenses, balísticas y criminalísticas correspondientes, la Fiscalía General de la Nación, de manera extraña, concluyó que el coronel Óscar Dávila murió por un disparo que él mismo se habría causado utilizando el arma de dotación de uno de sus escoltas, sin profundizar en la investigación y la cantidad de dudas y circunstancias que rodearon el caso.

Ese dictamen fue respaldado por los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los cuales sirvieron de fundamento para que el expediente fuera archivado de manera definitiva en marzo de 2026.

Durante cerca de tres años, los investigadores, presuntamente, practicaron diferentes pruebas técnicas relacionadas con la escena, los elementos materiales probatorios y las evidencias balísticas. Con base en esos resultados, el ente acusador sostuvo que no encontró evidencia material que permitiera establecer la participación de terceros en la muerte del oficial.

Sin embargo, la decisión de archivar el caso no puso fin al debate público, pues distintos sectores continuaron cuestionando el alcance de la investigación y el contexto en el que ocurrió el fallecimiento y presumen una intención de direccionamiento desde el alto gobierno, para "enterrar" la investigación y cerrar el caso.

Las declaraciones de Angie Rodríguez reabrieron la controversia

El debate volvió a intensificarse durante la última semana de julio de 2026 luego de las declaraciones entregadas por Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo Adaptación. En entrevistas concedidas a medios de comunicación, la exfuncionaria aseguró que, cuando trabajaba en la Casa de Nariño, integrantes de la Policía Nacional le manifestaron de manera confidencial que la muerte del coronel no correspondía a un suicidio.

Según su relato, algunos uniformados le habrían advertido que actuara con cautela dentro de la Presidencia y le expresaron la frase: “Doctora Angie, tenga mucho cuidado porque aquí hay maldad… lo de mi coronel no fue un suicidio”.

Rodríguez afirmó que esos comentarios le generaron preocupación por su seguridad personal y sostuvo que teme eventuales represalias. Asimismo, señaló que recientemente presentó una denuncia ante la Fiscalía relacionada con un presunto intento de envenenamiento durante el ejercicio de sus funciones.

Hasta el momento, esas afirmaciones corresponden al testimonio público entregado por la exfuncionaria y no modifican la conclusión oficial adoptada por la Fiscalía sobre la muerte del coronel Dávila.

Doctora Angie, tenga mucho cuidado porque aquí hay maldad… lo de mi coronel no fue un suicidio

La oposición pide revisar nuevamente el expediente

Las declaraciones de Angie Rodríguez provocaron reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos. Entre quienes solicitaron una nueva revisión del caso se encuentra la exsenadora Paloma Valencia, quien pidió a la Fiscalía General de la Nación evaluar la reapertura de la investigación a la luz de los nuevos testimonios conocidos públicamente.

Los sectores que respaldan esa solicitud sostienen que la aparición de declaraciones posteriores al archivo del expediente podría justificar la revisión de algunas líneas investigativas.

Entre los cuestionamientos formulados por críticos del proceso se encuentran la necesidad de profundizar en el contexto de presuntas presiones que habría enfrentado el coronel antes de morir y de analizar nuevamente algunos testimonios conocidos durante los últimos meses.

No obstante, hasta ahora la Fiscalía no ha informado oficialmente la apertura de una nueva investigación ni la modificación de la decisión adoptada en marzo de 2026 de archivar el caso. Por el contrario, se nota el afán por buscar que el caso no sea reabierto y quede como está.

La defensa mantiene la tesis del suicidio

Frente a las nuevas declaraciones, el abogado Miguel Ángel del Río, quien representó jurídicamente al coronel antes de su fallecimiento, reiteró públicamente que mantiene la posición según la cual el oficial se quitó la vida. Del Río es un polémico abogado cercano al Petrismo del que muchos dudan que, en efecto, sea el verdadero defensor de Dávila en sus últimos días.

El jurista, no obstante, ha señalado que Dávila atravesaba una fuerte presión derivada del proceso judicial que enfrentaba y rechazó las versiones que plantean la existencia de un homicidio. Según ha manifestado en diferentes oportunidades, el coronel experimentaba un alto nivel de ansiedad durante los días previos a su muerte.

Del mismo modo, el presidente Gustavo Petro ha sostenido que el oficial estuvo sometido a fuertes presiones y ha atribuido parte de ese ambiente a la cobertura mediática que rodeó el caso durante las investigaciones. Fuentes extraoficiales han desmentido al abogado Del Río; entre ellos, cercanos a su familia, quienes habrían señalado que no creen en la teoría del abogado. Entre tanto, voces desde la oposición a Petro se preguntan por qué el presidente, en vez de abogar por profundizar en el esclarecimiento del caso, insiste en señalar el suicidio.

También persisten dudas por consultas irregulares al expediente

Otro de los elementos que ha mantenido vivo el debate corresponde a las irregularidades detectadas durante una auditoría interna realizada en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Según la información conocida en 2025, varios funcionarios ingresaron sin autorización al sistema Sirdec para consultar el expediente relacionado con la necropsia del coronel Dávila.

De acuerdo con esos hallazgos, únicamente una parte de quienes accedieron al expediente tenía autorización para hacerlo, mientras que otros ingresos fueron considerados irregulares. Estas situaciones dieron lugar a investigaciones disciplinarias para establecer si existieron eventuales vulneraciones a los protocolos de manejo de información reservada.

Aunque estos hechos generaron nuevas discusiones sobre la cadena de custodia y el manejo del expediente, la Fiscalía mantuvo vigente la conclusión alcanzada tras las investigaciones forenses de manera extraña para quienes piden claridad absoluta en este caso.

El futuro del caso dependerá de las decisiones de la Fiscalía

La reaparición del caso en la agenda pública coincide con el cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro y con la próxima posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Diversos sectores consideran que las recientes declaraciones conocidas podrían motivar nuevas solicitudes para revisar el expediente. Sin embargo, cualquier decisión sobre una eventual reapertura dependerá exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación y de la valoración jurídica que realice sobre la existencia de nuevos elementos probatorios.

Por ahora, la conclusión oficial sigue siendo la misma: el caso permanece archivado desde marzo de 2026 bajo la determinación de que la muerte del coronel Óscar Dávila correspondió a un suicidio. Mientras tanto, las nuevas declaraciones de exfuncionarios y las reacciones políticas mantienen vigente un debate que continúa generando interrogantes en la opinión pública, pero que aún no ha producido cambios en la situación judicial del expediente.