Gobierno solicitó renuncia protocolaria a la Comisión Asesora de Política Criminal

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha solicitado formalmente, este jueves 17 de septiembre, la renuncia protocolaria a los ocho integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal. Este organismo, de carácter consultivo, es fundamental para el Estado colombiano, pues tiene la misión de asesorar al Ministerio de Justicia y al Consejo Superior de Política Criminal en la formulación y aplicación de estrategias en materia penal y penitenciaria.

La decisión de solicitar estas renuncias se fundamenta en la naturaleza misma de la Comisión Asesora de Política Criminal, la cual es definida como un ente “consultivo e independiente”. Sus miembros son designados directamente por el Ministro de Justicia, lo que otorga a la cartera la potestad de renovar o confirmar a sus integrantes según las directrices y necesidades de la administración actual.

La base legal de la solicitud

La instrucción para la solicitud de renuncias fue emitida por la directora encargada de Política Criminal y Penitenciaria. Esta acción se ampara específicamente en el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014. Dicha normativa establece las facultades potestativas de nominación que recaen en el jefe de la cartera de Derecho, permitiéndole así configurar el equipo que considera más idóneo para acompañar la gestión de la política criminal del país.

En los próximos días, el ministro Cancino será el encargado de determinar quiénes de los actuales miembros de la comisión continuarán en sus funciones y quiénes no. Esta decisión es crucial, dado que la comisión es la responsable de brindar soporte técnico, científico y empírico, elementos esenciales para la toma de decisiones informadas en el ámbito penal y penitenciario de Colombia.

La Comisión Asesora de Política Criminal está integrada por un grupo diverso de profesionales, incluyendo académicos, abogados y defensores de derechos humanos. Entre los nombres destacados que la conforman se encuentran Francisco Bernate, Rocío del Pilar Peña Huertas, Yessika Hoyos Morales, Aura María Cárdenas Paulsen, Mauricio Cristancho Ariza, María Camila Moreno Múnera, Julio César Orti, Sebastián Machado, Martha Cecilia Abella y Alejandro David Aponte. La experiencia y el conocimiento de estos expertos son vitales para la calidad de las recomendaciones que la comisión eleva a las autoridades.

La política de sometimiento a la justicia

Paralelamente a estos movimientos internos en la Comisión Asesora, el Ministerio de Justicia ha formalizado recientemente la presentación de su política de sometimiento a la justicia para integrantes de grupos armados ilegales. Esta iniciativa busca establecer un marco claro para aquellos que decidan abandonar la ilegalidad y reintegrarse a la sociedad bajo las condiciones establecidas por el Estado.

Desde el Ministerio, se ha enfatizado que “el camino es claro: acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia”. Esta declaración subraya la firmeza del Gobierno en su enfoque hacia la criminalidad organizada.

Además, se ha dejado claro que “no habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley. Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. Este principio busca asegurar que cualquier proceso de sometimiento se realice con total transparencia y respeto por los derechos fundamentales de las víctimas.

El Ministerio de Justicia ha reiterado su compromiso de mantener una ofensiva contundente contra las organizaciones criminales. Aquellos que persistan en actividades ilícitas enfrentarán toda la capacidad del Estado para su persecución y judicialización. Por otro lado, quienes opten por el sometimiento deberán hacerlo bajo las reglas vigentes y asumir la responsabilidad por sus actos, sin excepciones.