(ESPECIAL) La otra red de poder. Contratos y corrupción que salpican a Daniel Quintero que avanza en la Fiscalía

La captura esta semana de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, marca un nuevo capítulo en la larga lista de escándalos de corrupción, ligados a la administración de Daniel Quintero Calle en Medellín. Lo que inicialmente parecía una investigación por un contrato irregular con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, terminó exponiendo un entramado político, económico y de poder que podría compromete a altos funcionarios de la pasada administración y a figuras que aún mantienen influencia en entidades del conglomerado público.

Cadavid, médico y funcionario con trayectoria en hospitales y organismos de emergencia, enfrenta cargos por peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía le atribuye la apropiación de cerca de $3.000 millones de un solo contrato por $4.000 millones, y la existencia de un paquete contractual con el AMVA que superó los $17.000 millones entre 2020 y 2022, durante el mandato de Quintero.

Pero detrás de las cifras se esconde algo más complejo, un modelo de poder en el que los recursos públicos habrían sido manejados como botín político, y donde el Cuerpo de Bomberos de Itagüí habría servido como instrumento para canalizar contratos, favores y, según testigos, vínculos con la venta de poder dentro del grupo empresarial EPM.

Contratos bajo sospecha, la ruta del dinero público

Según la investigación judicial adelantada por la Fiscalía, las irregularidades no se limitan a un solo contrato. Entre 2020 y 2022, el Cuerpo de Bomberos de Itagüí firmó convenios por más de $17.654 millones con el AMVA, supuestamente para programas de atención de emergencias y capacitaciones. Sin embargo, los investigadores hallaron sobrecostos, facturas alteradas y presunta falsificación de firmas.

En las entidades de control ya se habían presentado desde hace varios años, denuncias que alertaban del manejo de recursos en la administración Quintero. Desde entonces ya se hablaba de contratos que fueron adjudicados a dedo, con un presunto desvío de hasta $6.000 millones. Estas advertencias derivaron en una indagación de la Procuraduría General de la Nación, que desde 2023 investiga al exdirector del AMVA, Juan David Palacio, considerado uno de los hombres más cercanos al hermano del exalcalde, Miguel Quintero.

Los investigadores estiman que la red pudo operar bajo un modelo de distribución interna de recursos entre operadores escogidos, en los que el jefe de bomberos, Cadavid, actuaba como intermediario político. Su captura se dio junto a otros cinco implicados, entre ellos exfuncionarias del AMVA y miembros del cuerpo de bomberos, lo que evidencia la existencia de una estructura organizada. Para algunos, llama la atención la coincidencia, de que este entramado se origine en Itagüí, fortín del senador Carlos Andrés Trujillo, otro de los aliados de Quintero y vinculado a nivel nacional, al escándalo de UNGARD.

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Afinia, la “franquicia” de la corrupción

IFMNOTICIAS fue el primer medio que reveló los indicios del presunto negocio de “venta de franquicia” en Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica. Según testimonios obtenidos en el curso de las investigaciones, durante el gobierno de Daniel Quintero se habría negociado la entrega del control administrativo y contractual de Afinia a un grupo político encabezado por el excongresista William Ortega, a cambio de 8 millones de dólares. Las denuncias también fueron hechas públicamente por el hoy concejal, Andrés Rodríguez, cuando lideraba la revocatoria y por el abogado David Toledo, en su lucha por la defensa de la Ciudad.

En su momento, la investigación de IFMNOTICIAS y «el Gury» Rodríguez, señalaba el monto de esa negociación. En ese momento IFMNOTICIAS contó que:

«Al final, la llegada de Javier Lastra a la gerencia de la filial de EPM habría tenido que ver con la entrega de la «franquicia» a William Ortega -excandidato por firmas a la alcaldía de Bello-. Su hijo, Sebastián Ortega se presentó en una reunión como el «dueño de la franquicia de AFINIA» y explicó que le había comprado los derechos del manejo de la contratación de la empresa a Daniel Quintero por ocho millones de dólares.»

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Las declaraciones apuntan a que Misael Cadavid habría sido el enlace entre Ortega y operadores del gobierno de Quintero, facilitando reuniones y contactos que desembocaron en la designación de Javier Lastra como gerente de Afinia. Lastra, destituido años atrás como interventor de Electricaribe, fue impuesto tras el retiro de Blanca Liliana Ruiz, una funcionaria de carrera que había obtenido calificaciones sobresalientes por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Según fuentes cercanas al proceso, se han documentado al menos dos reuniones clave: una en el Club Unión de Medellín el 7 de diciembre de 2020, y otra en el restaurante San Carbón en mayo de 2021, donde participaron William y Sebastián Ortega, Lastra y Juan Biord Pereda, un empresario venezolano mencionado por testigos a IFMNOTICIAS, los mismos que hoy colaboran con la fiscalía y lo señalan como parte de una red que habría cobrado comisiones por contratos y partícipe del 30% de la franquicia de AFINIA. Éstas reuniones en Medellín se complementaron con otras reuniones en Barranquilla.

De este entramado de la Franquicia, también habrían participado Emilio Tapia, a quien esta semana el Juzgado 15 penal de Bogotá, también ordenó su captura revocando los beneficios de excarcelación por el caso de Centros Poblados. Tapia también estuvo involucrado en el carrusel de la contratación en Bogotá y la Fiscalía lo incluye en los expedientes de corrupción de Afinia y quien por largo tiempo, se escondió en la ciudad de Medellín, tiempo en el que se alió a Daniel Quintero, a través de Andrés Carrillo, el exgerente de EPM quien ha sido el hombre cercano a Tapia. Según uno de los testigos, “Emilio Tapia es el jefe indirecto de Carrillo, pues ha trabajado para él cómo gerente en varios de sus negocios y varios de los cargos públicos obtenidos por Carillo se han debido a Tapia, entre ellos, la gerencia de EPM”. Al comienzo Tapia rechazaba la idea de que Lastra fuera el encargado del negocio de Afinia, pero finalmente, fue él mismo quien el 11 de agosto de 2021 comunicaba por chat que el escogido era Javier Lastra.

Según la misma fuente que hoy colabora con la Fiscalía, “días después se llevó a cabo una reunión en Medellín en la cual William Ortega pidió cinco mil millones de pesos a los asistentes – a entregar directamente a Daniel Quintero- por el derecho a participar en los negocios de AFINIA”

Otros mencionados por los testigos desde la investigación periodística y ahora en la Fiscalía, son el Turco Hilsaca, enlace directo con los Venezolanos y algunos miembros del Clan Torres, financiadores en su momento de la campaña adelantada de Gustavo Petro en Barranquilla y hoy financiadores de la campaña presidencial de Daniel Quintero y quienes habrían puesto la plata necesaria en su momento tras una reunión en Cartagena, para cerrar el trato de la franquicia.

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La Fiscalía investiga si estos encuentros formaban parte del acuerdo por el cual la “gerencia” de Afinia se habría vendido como una franquicia política a cambio de pagos y cuotas contractuales. De comprobarse, se estaría ante uno de los mayores casos de corrupción en el sector energético de los últimos años.

Por estos días, apartes de la investigación de IFMNOTICIAS, Andrés Rodríguez y David Toledo; ha sido reproducida por el periódico, El Colombiano sin dar el crédito correspondiente a los investigadores y por fuera de contexto de lo que comenzó a gestarse desde el 2020 y revelado por IFMNOTICIAS en su preciso momento.

El modelo de poder de Quintero, redes paralelas y control institucional

El caso Cadavid no es un hecho aislado, sino la reafirmación de un modelo de gestión pública basado en franquicias a través de redes de confianza política e intereses económicos de subasta y tráfico de influencias; que IFMNOTICIAS dio a conocer oportunamente, mientras los medios nacionales y los más importantes del ámbito local, guardaban silencio y donde las decisiones estratégicas del conglomerado de Medellín, AMVA, secretaría de Educación, EDU, Metroparques, Buen Cominzo, Inder, EPM y sus filiales; estaban bajo la influencia del círculo cercano de los hermanos Quintero, como hoy lo reafirman ante la Fiscalía, los múltiples testigos que están entregando las pruebas que permiten, hoy en día, avanzar con las capturas.

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Este patrón, ya evidenciado en otros procesos, consistía en colocar funcionarios leales en posiciones clave y permitir la intermediación de contratistas que luego pagaban por los puestos, cuyo valor de la franquicia se daba, según la capacidad de contratación de la entidad, o por la influencia política que daba; o inclusive, porque aportaban a campañas políticas o estructuras paralelas de poder, como el caso de los aportes a la financiación de la campaña Petro Presidente, en Antioquía, para lo que también se utilizó una red de fundaciones y ONGs. Las investigaciones de la fiscalía, también están reafirmando el papel de Miguel Quintero, hermano del exalcade, y de otras personas claves en el circulo cercano del hoy precandidato.

El AMVA, una entidad ambiental y técnica por naturaleza, terminó también, siendo uno de los centros de contratación multimillonaria con operadores ajenos a su misión. Telemedellín, por su parte, sirvió de plataforma propagandística financiada con recursos públicos, según investigaciones también reveladas por IFMNOTICIAS en el llamado “Libro Negro de Aux”; y como estas entidades, está Metroparques con los contratos con las empresas de Alias El Montañero, en el caso de los jardines de Medellín tras quitarle el contrato al Jardín Botánico. En el mismo circuito, se investga la franquicia de la secretaría de Educación a Albert Corredor, presunto enlace también, con los venezolanos para el caso AFINIA. De esta secretaría su titular Alexandra Agudelo, ya fue imputada por varios delitos.

Todo ello forma parte de un ecosistema donde la corrupción y el clientelismo sustituyeron la gestión técnica y la meritocracia, según lo reafirma la Fiscalía. La captura de Cadavid podría abrir la puerta a una cadena de responsabilidades políticas y penales que alcancen a exfuncionarios del más alto nivel, incluyendo a quienes desde la administración central autorizaron o supervisaron estos contratos.

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El inexplicable ascenso patrimonial

Uno de los puntos más llamativos de la investigación es el rápido crecimiento patrimonial de Cadavid. Según registros oficiales, entre 2021 y 2024 adquirió 22 bienes inmuebles, incluyendo apartamentos en Itagüí, Sabaneta y Bello, y terrenos en Santa Fe de Antioquia y Llanogrande, una de las zonas residenciales más exclusivas del país.

Aunque el implicado alega que sus ingresos provienen de su ejercicio profesional como médico, docente y comerciante, los investigadores sostienen que los valores de las propiedades no corresponden a su capacidad económica. Algunos de los lotes fueron adquiridos a empresas vinculadas con la familia del exgobernador Luis Pérez, figura política que también aparece en el entorno cercano de Cadavid.

El contraste entre su papel como servidor público y su nivel de adquisiciones ha levantado alarmas en los organismos de control, que ahora siguen la pista de sus transacciones y movimientos financieros.

Las implicaciones políticas y judiciales

El caso Cadavid impacta no solo por las cifras, sino por sus ramificaciones. Si las investigaciones confirman que los contratos y la supuesta “venta” de Afinia fueron operaciones coordinadas dentro del poder político de la época, el alcance judicial podría extenderse hacia Daniel Quintero Calle, su hermano Miguel Quintero, y varios exdirectivos de EPM y el AMVA.

Políticamente, el caso refleja la fractura entre la imagen de “cambio” que vendió el exalcalde y la realidad de un gobierno marcado por redes de corrupción y favorecimiento, que ahora se desmoronan a la luz de las investigaciones.

Institucionalmente, pone en evidencia la debilidad de los mecanismos de control. Ni la Contraloría ni la Procuraduría ni la Personería, actuaron con la celeridad necesaria, permitiendo que durante años se consolidara un sistema de contratación paralela en el que los intereses personales se impusieron sobre el interés público.

Un caso que puede marcar un antes y un después

La captura de Misael Cadavid y las revelaciones sobre el entramado de poder alrededor del AMVA y Afinia confirman lo que IFMNOTICIAS ha venido denunciando desde hace más de cuatro años: una estructura de corrupción política institucionalizada, que operaba desde las entrañas del conglomerado público de Medellín.

Este caso podría convertirse en el eje que articule otros procesos en curso por corrupción, clientelismo, falsedad y peculado, y que ponga fin a una etapa oscura de manipulación institucional en la ciudad.

Lo que sigue es una prueba de fuego para la justicia, determinar si la Fiscalía y los entes de control actuarán con independencia y profundidad para desmantelar toda la red, o si este episodio será apenas otro escándalo que se desvanece en el archivo judicial.