Procuraduría revisará contratos del IGAC con Findeter y Agrilink durante 2023

La investigación está dirigida contra Martha Lucía Parra García, quien ocupó el cargo de secretaria General del IGAC entre 2022 y 2023. De acuerdo con el organismo de control, el expediente está relacionado con contratos celebrados por la entidad con la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y Agrilink.

Los negocios jurídicos objeto de revisión fueron suscritos en 2023 y estuvieron vinculados con recursos asociados a la política de catastro multipropósito. El alcance de la investigación comprende diferentes momentos de los procesos contractuales. El Ministerio Público indicó que serán examinadas las actuaciones relacionadas con la planeación, estructuración, celebración, ejecución, financiación y seguimiento de los contratos.

Según se conoció la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal será la dependencia encargada de adelantar las actuaciones correspondientes.

Además de la exsecretaria General, la Procuraduría vinculó al expediente a siete servidores públicos y contratistas del IGAC. La entidad explicó que estas personas fueron incorporadas a la actuación debido a lasicos estaban asociadas a la política de catastro multipropósito, una herramienta utilizada para disponer de información sobre los predios y apoyar procesos de administración y funciones que desempeñaban durante el periodo analizado y a su eventual participación en los trámites que ahora son objeto de revisión.

Como parte de la investigación, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas documentales. El propósito es establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habrían ocurrido los hechos que dieron origen al proceso.

La recopilación de estos documentos permitirá revisar cómo fueron adelantados los procedimientos y cuál fue la intervención de los funcionarios y contratistas relacionados con los contratos examinados.

Los recursos involucrados en los negocios jurídicos estaban asociados a la política de catastro multipropósito, una herramienta utilizada para disponer de información sobre los predios y apoyar procesos de administración y ordenamiento territorial.

La apertura del proceso corresponde a una etapa destinada a determinar las circunstancias de los hechos y establecer, con base en las pruebas recaudadas, si hubo actuaciones que puedan tener relevancia disciplinaria. El organismo de control informó que continuará con las actuaciones necesarias dentro del expediente para determinar lo ocurrido alrededor de los contratos celebrados durante 2023.

La vinculación de los siete servidores públicos y contratistas responde a las funciones que estos desempeñaron en el IGAC durante el periodo que está siendo examinado. La Procuraduría deberá establecer, mediante las pruebas correspondientes, cuál fue su participación en los procedimientos contractuales relacionados con Findeter y Agrilink.

El proceso también permitirá precisar si las distintas etapas de los contratos se desarrollaron conforme a las normas aplicables y a las responsabilidades asignadas a los funcionarios y contratistas que intervinieron.

En su comunicación oficial, el Ministerio Público señaló que las pruebas documentales estarán orientadas a determinar las circunstancias en que se produjeron los presuntos hechos.

Se indicó desde el Ministerio Público que por ahora, el expediente permanece en fase de investigación disciplinaria.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué entidad inició una investigación disciplinaria contra el IGAC?

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por posibles irregularidades en contratos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

¿Quiénes son los principales implicados en esta investigación?

La investigación está dirigida contra Martha Lucía Parra García, exsecretaria General del IGAC, y otros siete servidores públicos y contratistas de la entidad.

¿Qué tipo de contratos y de qué periodo están siendo revisados?

Se están revisando contratos suscritos en 2023 entre el IGAC, Findeter y Agrilink, asociados a la política de catastro multipropósito.