(ESPECIAL) El costo oculto de la reconstrucción. El drama de la demolición post-terremoto en colombia

A casi dos semanas del sismo que sacudió varias regiones de Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que impactó ciudades como Manizales, Quibdó, Pereira y Cali, emerge una problemática que agudiza el drama de cientos de familias y empresarios. Más allá de la destrucción total que permite el acceso a subsidios de reconstrucción, un segmento significativo de damnificados enfrenta un desafío inesperado y oneroso: la obligación de demoler estructuras parcialmente dañadas, asumiendo costos millonarios sin el respaldo de ayudas o seguros adecuados.

Un terremoto que revela vulnerabilidades estructurales y económicas

El reciente movimiento telúrico, que generó la devastación comparable a otros eventos sísmicos en la historia del país, ha dejado a su paso una estela de incertidumbre y preocupación. Mientras que las imágenes de edificios colapsados o viviendas reducidas a escombros captaron la atención inicial, el verdadero alcance de la tragedia se manifiesta ahora en las estructuras que, a primera vista, parecen haber resistido el embate. Sin embargo, un examen más detallado por parte de expertos en ingeniería civil y arquitectura ha revelado daños estructurales severos que las hacen inhabitables e inseguras, condenándolas a una demolición inminente.

La magnitud del sismo, que se sintió con fuerza en diversas capitales y municipios, puso a prueba la resiliencia de las construcciones y la preparación de las comunidades. La respuesta inicial de las autoridades se centró en la atención de emergencias, el rescate de posibles víctimas y la evaluación preliminar de daños para la elaboración de censos de damnificados. No obstante, la complejidad de la situación se profundiza al considerar aquellos inmuebles que no se desplomaron por completo, pero que quedaron en un estado de ruina funcional, representando un riesgo latente para sus ocupantes y para el entorno urbano.

El laberinto de la demolición. Una carga inesperada para los afectados

Para las familias y propietarios que lo perdieron todo, el camino hacia la reconstrucción, aunque arduo, cuenta con la posibilidad de acceder a subsidios y programas de apoyo estatal, una vez que sus casos son debidamente registrados en los censos oficiales. Sin embargo, aquellos cuyos edificios y casas quedaron en pie, pero son inhabitables e inaccesibles debido a graves daños estructurales, se encuentran ante un problema adicional y, en muchos casos, insuperable: la obligación legal de demoler o terminar de destruir lo que el terremoto no logró derribar por completo. La dificultad radica en que el costo de esta demolición debe correr por su propia cuenta, una realidad que nadie había calculado en el momento de la emergencia.

Esta situación particular ha generado un listado especial de estructuras, que si bien están identificadas, no siempre encajan en los protocolos de ayuda inmediata para la reconstrucción. Un factor agravante es que una gran parte de estas edificaciones no contaba con seguros específicos para terremotos, y dentro de las pólizas existentes, rara vez se incluye la cobertura para los costos de demolición o reparación de daños estructurales de esta magnitud. Esto deja a los propietarios en una posición de extrema vulnerabilidad financiera, enfrentando gastos exorbitantes sin un respaldo económico.

Demoliciones especializadas. Un proceso costoso y complejo

El proceso de demolición de estructuras con daños severos post-terremoto no es un asunto trivial. Según oficinas especializadas en demolición, y de acuerdo con la naturaleza de los daños, lo normal es que no sea posible recurrir a métodos convencionales como la implosión controlada o el derribo mediante grúas. Estos sistemas, aunque eficientes para edificaciones intactas o con daños menores, pueden ser extremadamente peligrosos en estructuras comprometidas, ya que podrían provocar colapsos impredecibles y afectar gravemente a las propiedades circundantes.

En su lugar, este tipo de demoliciones debe realizarse de manera especializada, siguiendo un procedimiento meticuloso que generalmente implica el desmonte de arriba hacia abajo, pieza por pieza, con medidas especiales de seguridad para evitar el colapso repentino y la afectación a los alrededores. Este enfoque, aunque más seguro, es considerablemente más lento, intensivo en mano de obra y, por ende, mucho más costoso. La planificación, la ejecución y la gestión de residuos de estas demoliciones requieren de ingenieros, técnicos y equipos especializados, transporte y lugar de vertimiento, lo que eleva significativamente el presupuesto.

Los costos asociados a estos procedimientos varían sustancialmente según el tamaño y la complejidad de la estructura. Para casas, los gastos de demolición pueden oscilar entre 80 millones y 400 millones de pesos colombianos. En el caso de edificios, las cifras se disparan, pudiendo alcanzar entre 300 millones y 800 millones de pesos. Estas sumas, en muchas ocasiones, superan con creces la capacidad económica de los damnificados, quienes se ven obligados a asumir esta carga financiera para cumplir con las exigencias de seguridad impuestas por los gobiernos locales, y mucho menos tendrán los recursos para construir nuevamente sus viviendas o edificios.

Un llamado urgente a la política pública y la solidaridad

Este drama lo viven cientos de ciudadanos en las principales ciudades y en las intermedias afectadas por el sismo. La desesperación crece a medida que buscan establecer una política clara por parte del gobierno colombiano que no los olvide y que atienda sus casos especiales. La exigencia es que, al menos, se les brinde un mecanismo para amortiguar el costo de terminar de destruir sus viviendas y edificios, y que sean tenidos en cuenta dentro del censo para los subsidios de reconstrucción. La falta de una respuesta coordinada y específica para esta situación particular amenaza con prolongar la crisis para un segmento importante de la población.

La necesidad de una intervención estatal clara se hace evidente. Los damnificados no solo enfrentan la pérdida material de sus bienes, sino también la angustia de una deuda impuesta por la seguridad pública, sin los medios para afrontarla. El temor de muchos de ellos es que por el estado de sus propiedades, las alcaldías asuman el costo de demoler y terminen siendo deudores del Estado sin saber cómo podrían pagar, pues todo por lo que trabajaron se perdió en el terremoto.

Una política que contemple la financiación o cofinanciación de estas demoliciones especializadas, o que facilite el acceso a créditos blandos y subsidios específicos, podría ser la clave para evitar que estas familias caigan en una espiral de endeudamiento y desesperanza. La reconstrucción no puede comenzar si la demolición se convierte en un obstáculo insalvable.

Los casos invisibles de los micro, pequeños y medianos empresarios

Dentro de esta compleja situación, existe un listado especial de edificaciones que no son habitacionales, sino que pertenecen a micro, pequeños y medianos empresarios (Mipymes). Muchos de ellos, con gran esfuerzo, habían consolidado su capital de trabajo y poseían espacios como bodegas, oficinas y locales productivos. Sin embargo, la mayoría de estas empresas no alcanzaron a tener seguros que cubrieran los daños por terremoto, y mucho menos los costos de demolición o reconstrucción.

Estos casos especiales, al no ser parte de la media de los damnificados residenciales, a menudo pasan a ser invisibles y poco importantes ante la magnitud general del terremoto. No obstante, su dolor es propio y profundo. La destrucción de sus espacios de trabajo no solo representa una pérdida material, sino también la interrupción de sus actividades económicas, la pérdida de empleos y el colapso de proyectos de vida. La recuperación de estos sectores es crucial para la reactivación económica de las regiones afectadas, y su olvido podría tener consecuencias a largo plazo para el tejido social y productivo.

La atención a estos empresarios requiere de un enfoque diferenciado, que reconozca su rol en la economía, la generación de empleo, la confianza social, la reconstrucción del regido social y la esperanza en el futuro

Así el dolor de muchas familias apenas comienza. Tener que terminar de destituir lo que el terremoto no destruyó. Un dolor que además golperará el alma y corazón de lo conseguido con años de esfuerzo y tener que pagar para derribarlo, a lo mejor quedar con deudas y sin casi opción para reconstruir su futuro.