(ESPECIAL) 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Pablo Escobar, el Cartel de Medellín y la financiación de la toma

Ese miércoles 6 de noviembre de 1985, Bogotá amaneció bajo fuego. El grupo guerrillero M-19, Movimiento 19 de Abril, irrumpió violentamente en el Palacio de Justicia, en pleno centro de la capital colombiana, con un saldo de más de 100 muertos y la destrucción casi total del edificio. Detrás de la operación armada, que oficialmente fue presentada como una acción “revolucionaria”, se movían intereses mucho más poderosos. La investigación histórica y judicial ha demostrado que el ataque fue financiado por el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, con el objetivo de eliminar los expedientes de extradición que la Corte Suprema de Justicia estudiaba en ese momento contra varios capos del narcotráfico.

Esta alianza entre narcotráfico y guerrilla no fue improvisada. Surgió en un contexto de guerra frontal entre el Estado colombiano y los carteles de la droga, en medio de la tensión generada por el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos, que había sido ratificado en 1982. Para Escobar y sus socios, la extradición era la peor amenaza posible. Y destruir los documentos judiciales que la hacían viable se convirtió en una prioridad estratégica.

El contexto. La extradición, el mayor temor de Escobar

A comienzos de la década de 1980, la presión internacional contra el narcotráfico colombiano crecía. Estados Unidos exigía la extradición de los jefes del Cartel de Medellín, acusados de traficar toneladas de cocaína. En respuesta, los capos desataron una campaña violenta bajo el lema “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.

En ese momento, el gobierno del presidente Belisario Betancur enfrentaba simultáneamente los procesos de paz con grupos insurgentes y el auge del narcotráfico. Mientras el Estado intentaba dialogar con el M-19, Escobar libraba su propia guerra contra la justicia. Los narcotraficantes sabían que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia revisaban varios casos relacionados con solicitudes de extradición, incluidos los suyos.

Según las investigaciones judiciales y testimonios recogidos posteriormente por la Fiscalía y la Comisión de la Verdad del Estado, Pablo Escobar vio en el M-19 una oportunidad, la de financiar un ataque que se presentara como político, pero que sirviera a los fines del narcotráfico.

El pacto secreto entre el M-19 y el Cartel de Medellín

Diversas fuentes judiciales, incluidos exmiembros del M-19, coinciden en que el Cartel de Medellín entregó entre dos y tres millones de dólares a la organización guerrillera para financiar la operación. Los fondos fueron usados para comprar armas, alquilar vehículos, alquilar casas de seguridad en Bogotá y sostener la logística de la toma.

El acuerdo, según testimonios como el de Rosemberg Pabón Pabón, entonces conocido como “Comandante Uno”, se concretó en reuniones secretas realizadas en Medellín entre emisarios del cartel, entre ellos, hombres de confianza de Escobar como Carlos Lehder y jefes del M-19 como Luis Otero Cifuentes e Iván Marino Ospina, antes de su muerte en 1985. Los contactos iniciales habrían sido gestionados por Ricardo Prisco, un intermediario que actuaba tanto en círculos criminales como insurgentes.

El pacto era claro, el M-19 realizaría una toma “política”, con un discurso contra el presidente Betancur y el Estado, pero debía asegurar la destrucción de los archivos judiciales sobre narcotráfico y extradición. En palabras de investigadores de la época, se trató de “una convergencia de intereses, pues la guerrilla buscaba impacto político y Escobar, impunidad judicial”.

La preparación del ataque

La operación fue bautizada por el M-19 como “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, en referencia al prócer independentista. Sin embargo, los hechos posteriores dejaron en evidencia que el propósito real excedía cualquier intención política.

Durante semanas, guerrilleros del M-19 estudiaron los planos del Palacio de Justicia, identificaron las rutas de ingreso y las oficinas donde reposaban los expedientes de extradición. Parte de la logística se financió con dinero proveniente del cartel.

El armamento utilizado, fusiles Galil, ametralladoras M-60, lanzagranadas y municiones de alto calibre, fue adquirido con esos recursos del narcotráfico; además, el grupo contó con vehículos blindados, radios de comunicación y uniformes militares proveídos por Escobar y el Cartel de Medellín.

El 6 de noviembre de 1985, a las 11:35 a.m., un camión cargado con guerrilleros ingresó por el sótano del edificio. En menos de 15 minutos, los insurgentes tomaron el control de los primeros pisos, secuestrando magistrados y empleados. Entre los presentes estaba la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, reunida para revisar precisamente los procesos de extradición en los que se aprobaría la busqueda y captura de Escobar y los grandes capos y se autorizaría su envío a una cárcel en Estados Unidos.

El rol de Escobar y el Cartel de Medellín durante la toma

Pablo Escobar no participó directamente en la planificación militar del ataque, pero su papel como financiador y beneficiario principal está documentado en múltiples informes judiciales. La Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, creada por el gobierno colombiano en 2005, concluyó que el Cartel de Medellín “tuvo una participación indirecta pero determinante en la financiación y motivación de la toma”.

Durante los combates, los guerrilleros del M-19 destruyeron físicamente los archivos de extradición almacenados en las oficinas judiciales. Los incendios que se propagaron en la madrugada del 7 de noviembre terminaron de consumir expedientes cruciales sobre narcotráfico, incluyendo los casos de Escobar, los hermanos Ochoa y Carlos Lehder.

El resultado fue exactamente el que buscaba el cartel, no quedó rastro material de los procesos de extradición. El costo de la operación para el M-19 fue altísimo, pues casi todos sus combatientes murieron durante la retoma militar, mientas que los Magistrados fueron puestos como escudos humanos y finalmente fueron asesinados por Andrés Alamrales, uno de los tres comandantes del M-19 que dirigieron la toma. En el ataque del M-19 murieron decenas de civiles inocentes. Para el Cartel de Medellín, en cambio, fue una victoria silenciosa con el objetivo cumplido.

La guerra contra el narcotráfico y el poder de Escobar

En 1985, Escobar ya era el narcotraficante más poderoso del mundo. Su organización controlaba el 80% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos. La presión de Washington por su extradición crecía cada mes. La toma del Palacio de Justicia fue, en ese contexto, una jugada maestra del narcotráfico, pues golpeaba al corazón de la justicia y demostraba el alcance del poder del cartel, generando terror en el Estado colombiano.

Tras la destrucción de los archivos, las extradiciones quedaron prácticamente paralizadas durante años. La Corte Suprema tardó más de una década en reconstruir los procesos. Entre tanto, Escobar fortaleció su influencia política y económica en Antioquia, consolidando su campaña contra la extradición a través de asesinatos selectivos, bombas y corrupción institucional.

Entre 1985 y 1993, el Cartel de Medellín asesinó a más de 500 personas, entre ellas jueces, fiscales, policías, periodistas y candidatos presidenciales. La toma del Palacio de Justicia fue, en retrospectiva, el primer gran golpe estratégico del cartel contra el Estado colombiano.

Las pruebas judiciales y los testimonios

Las investigaciones sobre la financiación del asalto se reactivaron en los años noventa, cuando exintegrantes del M-19 y antiguos colaboradores de Escobar confirmaron el vínculo. En 1991, el periodista Germán Castro Caycedo publicó en El Espectador y posteriormente en su libro «En Secreto», los testimonios de exguerrilleros que admitieron haber recibido dinero del cartel.

En 2009, el excomandante del M-19, Otty Patiño, reconoció en declaraciones a El Tiempo que “el dinero del narcotráfico influyó en la operación del Palacio de Justicia”, aunque insistió en que la decisión política fue exclusiva de la organización. No obstante, los hallazgos judiciales y los registros de inteligencia confirman que sin los recursos del Cartel de Medellín, la toma no habría sido posible.

La Fiscalía General de la Nación, en sus investigaciones de 1999 y 2010, corroboró que Escobar y su entorno financiaron la operación con sumas millonarias. Si bien no se estableció una cifra exacta, varios informes estiman que el pago total osciló entre dos y cinco millones de dólares, equivalentes a más de 10 mil millones de pesos actuales.

Un ataque político con propósito criminal

La toma del Palacio de Justicia simboliza la convergencia de dos violencias, la ideológica y la criminal. El M-19 buscaba demostrar poder político; el Cartel de Medellín, eliminar su mayor amenaza judicial. Ambos objetivos se cruzaron en un acto de barbarie que cambió el curso de la historia colombiana.

De los 94 muertos oficialmente reconocidos, 11 eran magistrados de la Corte Suprema, y decenas de cuerpos quedaron irreconocibles por el fuego. El país perdió a su cúpula judicial y los expedientes que sustentaban la extradición de los principales capos.

Años después, Colombia reconstruyó parcialmente la verdad de los hechos, pero el daño institucional fue irreparable. La participación de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín quedó registrada como una de las primeras operaciones en que el narcotráfico utilizó a un grupo armado insurgente como instrumento de guerra contra el Estado.

Memoria y justicia

Cuarenta años después, el asalto al Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta. Las víctimas continúan reclamando verdad total, y la sociedad colombiana recuerda que aquel 6 de noviembre de 1985 fue el día en que el narcotráfico logró infiltrarse en el corazón mismo de la República.

Más allá de los debates políticos o militares, la historia documentada demuestra que la toma fue financiada por el dinero del narcotráfico, ejecutada por el M-19 y aprovechada por Pablo Escobar para borrar su rastro judicial. Fue, en esencia, la alianza entre dos violencias, la subversiva y la criminal, que dejó un legado de muerte, impunidad y destrucción institucional.