(EN VIDEO) Briceño cuestionó contrato de la alcaldía de Chapinero por compra de billetes didácticos

Un contrato de la Alcaldía Local de Chapinero generó controversia tras denuncias que señalan presuntas irregularidades en la compra de paquetes de billetes didácticos a precios superiores a los del mercado.

El edil Nicolás Velasco y el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, afirmaron que el contrato 389 de 2024 contemplaba la adquisición de diez paquetes de billetes por un valor total de 4,5 millones de pesos, lo que equivaldría a 450 mil pesos por unidad.

De acuerdo con Velasco, dichos billetes serían usados como incentivo simbólico en el programa Recicladores por un día. Briceño reforzó la denuncia al señalar que un paquete de estos billetes cuesta en promedio 2.000 pesos, cifra muy por debajo de la establecida en el contrato.

El cabildante también recordó cuestionamientos previos sobre la gestión de la alcaldesa local, Alexandra Mejía Guzmán, relacionados con la compra de motocicletas, y pidió al Personero de Bogotá investigar este nuevo caso.

La Alcaldía Local rechazó las acusaciones y aseguró que no se ha ejecutado pago alguno ni se han adquirido los billetes. A través de su cuenta de X, la administración explicó que durante la sesión de la Junta Administradora Local del 12 de agosto, el equipo ambiental aclaró que el rubro está en 0% de ejecución y que el contrato se encuentra en proceso de reevaluación.

Funcionarios de la localidad sostuvieron que “no se ha otorgado ni una moneda a este contratista” y que se tomó la decisión de destinar los recursos a otros fines.

La alcaldesa Mejía Guzmán manifestó que no aceptó el valor estipulado para los billetes y que el presupuesto fue redirigido a la compra de contenedores y a la realización de talleres de tratamiento de residuos orgánicos. Añadió que su administración no ha adquirido ni pagado billetes didácticos y que su compromiso es evitar cualquier abuso en el manejo de los recursos.

Briceño, por su parte, sostuvo que la rectificación de la Alcaldía se dio únicamente por la denuncia pública. Según el concejal, sin la presión ejercida, la compra habría seguido adelante. La discusión ahora pasa al control de los entes competentes, mientras persisten los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos en la localidad y la transparencia en los procesos contractuales.