“En La Habana se pactó un nuevo modelo de justicia restaurativa”, continúan reacciones tras condena de la JEP contra las FARC

En las últimas horas, la JEP dictó la primera sentencia de 8 años contra las Farc EP, por el delito de secuestro. Dada la relevancia de la condena han sido muchos quienes se han referido al tema, entre estos se encuentra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. 

Quien expresó en medios de comunicación que entendía el dolor de las víctimas, especialmente el de Clara Rojas, excongresista que fue secuestrada por este grupo armado, y de otras personas que “se vieron atrapadas por este conflicto”, sin embargo, aseguró que “había que entender que en La Habana se pactó un nuevo modelo de justicia restaurativa que no implica penas privativas de la libertad”. 

De igual forma, Montealegre mencionó que en lo acordado en el proceso de paz no se concebían como sanciones la cárcel ordinaria para excombatientes, sino sanciones que se incluyen en un esquema transicional. 

Cabe recordar que la Justicia Especial para la Paz (JEP) hizo esta sentencia contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP por la política de secuestros que extendieron por todo el país y que dejó al menos un registro de 21.396 hechos victimizantes.

La JEP mencionó, por medio de un comunicado, que, esto se constituye como un hecho histórico, pues los comparecientes nunca habían rendido cuentas ante la justicia ordinaria, y la impunidad por estos crímenes alcanzaba el 92%.  

Siendo así, los individuos sancionados por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz son: Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. 

“Estos comparecientes fueron declarados máximos responsables de las Farc-EP y penalmente responsables en calidad de autores por los crímenes de guerra de la toma de rehenes y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas”, se mencionó en el comunicado donde se informó sobre la sentencia. 

Así mismo, la Justicia Especial para la Paz, aseguró que sancionó a los máximos responsables de las políticas y patrones macrocriminales ocurridas entre 1993 y 2012, y que no será la única sentencia, pues, expresó que  vendrán otras contra los responsables por bloques de la extinta guerrilla.

En el Caso 01, el tribunal además determinó que se llevó a cabo un fenómeno de macrovictimización y daño sistémico, donde hubo daños a los bienes de las víctimas, afectaciones a sus ingresos, a su salud mental, su identidad, existencia, sexualidad, y moral. 

Por último, recordó la JEP recordó que, a la fecha, han sido imputados 41 firmantes por estos crímenes y todos han reconocido su responsabilidad en los patrones documentados por la JEP.  

Múltiples reacciones a la sentencia por secuestros 

Como se dijo al inicio, han sido muchas las reacciones que ha suscitado la primera condena de la JEP contra las Farc-EP, sobre todo desde sectores de las víctimas, una de ellas y por las que hizo declaraciones el ministro Montealegre fue Clara Rojas, quien expresó en su cuenta de x lo siguiente: 

“Siempre agradecemos el interés en las víctimas, pero este fallo no tiene a las víctimas en el centro, no hay ningún tipo de reparación directa y las sanciones no son proporcionales al inmenso daño causado a más de 21.800 víctimas”. 

De igual manera, Rojas, que fue secuestrada en 2002 y estuvo en cautiverio durante 7 años, respondió a una publicación de Humberto de la Calle donde este sostenía que las víctimas volvían a estar en el centro de la conversación para “iniciar su camino hacia la verdad”, que si en aras de la discusión el objetivo fuese que la violencia se acabase, ¿por qué seguíamos padeciendo en Colombia los secuestros? Apuntando a las disidencias. 

“Los invito a reflexionar y pedirles el favor que no nos sigan diciendo que las víctimas estamos en el centro porque no es así. Hubo concesiones entre el Estado y las FARC. Pero este no es un modelo para repetir, en lo que toca a la instrumentalización a las víctimas y tampoco es cierto que 4.000 víctimas, fueran atendidas, muchas escuchadas quizá, pero hasta ahí”, respondió Rojas ante las declaraciones de De la Calle. 

De igual manera, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, expresó que a pesar de que esta sanción era un paso fundamental para hacer justicia y satisfacer a las víctimas, le preocupaba la falta de claridad sobre las respectivas sanciones. 

Ya que, declaró que, en un contexto de transición del conflicto armado a la paz, el Derecho Internacional Humanitario autoriza otorgar las amnistías más amplias posibles, siempre que no cobijen crímenes internacionales. 

Y que el Acuerdo de Paz de 2016 estableció un enfoque “dual para la imposición de sanciones, reconociendo tanto el componente retributivo de restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años, como la incorporación de un componente restaurativo”, pero, manifestó que, con la primera sentencia contra las Farc- EP y el anuncio de la imposición de dispositivos electrónicos durante 8 años, la JEP guardó silencio sobre el perímetro dentro del cual estarán restringidos de su libertad.

Por lo cual, Goebertus, aseguró que: “subsanar este defecto es fundamental para cumplir la obligación de sancionar crímenes internacionales”. Otra de las víctimas que se refirió a la sentencia fue Jaime Felipe Lozada, víctima del Huila, que se pronunció por medio de un video sostuvo que la decisión con penas restaurativas al antiguo secretariado de las Farc, y de permitirles continuar con plenos derechos políticos en el Congreso de la República, dando cátedra de moral y buenas costumbres, es para las víctimas: 

“Lacerante, frustrante, y re victimizate. A nosotros nos dijeron siempre que en el acuerdo de paz y el gobierno Santos las víctimas iban a ser el centro y el núcleo de dicho acuerdo, con la decisión de la JEP lo que se ratifica es que nunca fuimos el centro del acuerdo, y que el centro del acuerdo fueron nuestros victimarios”. 

No obstante, no todas las voces que se han referido a la sentencia lo han hecho desde un punto de vista crítico, por ejemplo, Humberto de la Calle, antiguo negociador del gobierno Santos, dijo que había un elemento positivo enorme y es que después de 60 años de enfrentamiento armado hay un acto de reconocimiento del Estado que fue acompañado de la dejación de armas y de solicitudes reiteradas de perdón de parte de las Farc. 

“El secretariado de las Farc por un comunicado han asumido la acciones, aceptado de nuevo su responsabilidad, esto es un hecho inédito en el mundo, realmente no hay un solo caso de una guerrilla que voluntariamente decida someterse y que asuma el resultado de ese sometimiento”, expresó de La Calle. 

En el comunicado compartido por el Partido Comunes, del que hace mención de La Calle, se asegura que se reconocen las sanciones de la JEP como propias, no solo como un mandato de la justicia para la paz, sino también como un compromiso ético y político con las víctimas y con Colombia. 

“Asumimos la obligación de cumplirlas de manera efectiva, con acciones restaurativas que aporten a la reconstrucción del tejido social y a la dignidad de quienes sufrieron”, se declaró finalmente desde el partido de las extintas Farc. 

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