Gobierno de Abelardo De La Espriella propone eliminar trabas para crear empresas y atraer inversión en Colombia

Poner en marcha una empresa, formalizar un negocio o desarrollar un proyecto de inversión podría tener menos obstáculos administrativos si avanza en el Congreso el nuevo Proyecto de Ley de Competitividad presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella. La iniciativa, radicada en el Senado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, plantea una transformación en la relación entre el Estado y quienes buscan producir, invertir y generar empleo.

La propuesta parte de una premisa central: los ciudadanos y empresarios no deberían asumir tareas que corresponden a las entidades públicas. Bajo esa lógica, el proyecto busca evitar que una persona tenga que presentar varias veces la misma información ante diferentes organismos o que deba completar trámites de manera sucesiva cuando estos podrían desarrollarse simultáneamente.

El ministro Mauricio Gómez Amín explicó que la intención es modificar la manera en que el aparato estatal responde a los empresarios y emprendedores. “Nuestra tarea es quitarle obstáculos al que quiere trabajar, invertir y generar empleo. Vamos a simplificar la vida de los empresarios, sobre todo de las MIPYMES, para que puedan crear empresa y construir patria”, afirmó.

Uno de los principales componentes de la iniciativa es el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial, VUE, junto con la creación de un Expediente Único Empresarial Digital. Este mecanismo permitiría que las entidades públicas compartan información que ya se encuentre disponible en el Estado, reduciendo así la necesidad de que empresarios y ciudadanos presenten nuevamente documentos o certificaciones que ya fueron entregados en otros procesos.

El propósito es que la coordinación ocurra dentro de las instituciones y no termine trasladándose al ciudadano. De esta manera, el Gobierno pretende disminuir tiempos, costos y cargas administrativas que actualmente pueden convertirse en barreras para la formalización y el crecimiento de los negocios.

El proyecto dedica especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas uno de los sectores que mayores dificultades puede enfrentar cuando debe asumir costos derivados de procedimientos administrativos.

Entre las medidas contempladas aparece la eliminación del cobro del concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos para microempresas. La propuesta busca reducir uno de los costos asociados a la formalización y operación de este tipo de negocios, bajo la premisa de que avanzar hacia la legalidad empresarial no debería representar una carga desproporcionada.

El Gobierno sostiene que simplificar los procesos puede contribuir a que más emprendimientos ingresen a la formalidad y tengan mejores condiciones para crecer, contratar trabajadores y permanecer activos en el mercado.

Otro de los frentes abordados por el Proyecto de Ley de Competitividad está relacionado con la incertidumbre que generan los trámites que no cuentan con plazos suficientemente claros o que terminan extendiéndose debido a solicitudes sucesivas de información.

En sectores como la construcción y el urbanismo, la iniciativa propone establecer un requerimiento único e integral. Con ello se pretende evitar que las autoridades soliciten documentos de manera fragmentada durante diferentes etapas del mismo proceso.

También se contempla la expedición de un certificado urbanístico vinculante en un plazo de 15 días hábiles. La medida busca entregar mayor certeza a ciudadanos, empresarios e inversionistas que requieren conocer las condiciones de un proyecto antes de comprometer recursos y avanzar hacia su ejecución.

El comercio exterior también hace parte de la propuesta. El proyecto plantea fortalecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las entidades involucradas en las operaciones de importación y exportación.

La intención es reducir la repetición de documentos y controles cuando la información ya se encuentre disponible, facilitando los procesos de las empresas colombianas que participan en mercados internacionales.

El Gobierno aclara que la reducción de trámites no significa eliminar controles relacionados con asuntos sensibles como la salud, la seguridad, el medioambiente o la protección de terceros. La apuesta consiste en hacer que esas verificaciones sean más eficientes, digitales, coordinadas y proporcionales al nivel de riesgo.

En ese sentido, Gómez Amín insistió en la necesidad de revisar los procedimientos que, según el Gobierno, pueden terminar frenando proyectos productivos sin aportar mayores garantías. “Queremos destrabar la permisología. El Estado tiene que controlar lo que realmente debe controlar, pero no puede convertir cada inversión, cada emprendimiento o cada nueva empresa en una carrera de obstáculos”, señaló.