Seguridad, extorsión y control territorial: así se diferencian las propuestas de Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda

En medio de un panorama marcado por el aumento de homicidios, la expansión de grupos armados ilegales, el crecimiento de la extorsión y el fortalecimiento de economías ilícitas en distintas regiones del país, los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda han presentado modelos distintos para enfrentar los desafíos que enfrenta Colombia en materia de orden público y protección ciudadana.

La discusión ha cobrado relevancia en un contexto en el que diferentes regiones continúan registrando hechos de violencia asociados a disputas territoriales entre organizaciones armadas, especialmente en departamentos como Cauca, Chocó y Norte de Santander.

A ello se suman fenómenos como el aumento de la extorsión, el reclutamiento de menores, la expansión de la minería ilegal y el crecimiento de los cultivos de coca, que según cifras citadas en el estudio “Doctrina de Seguridad: Radiografía Comparada de las propuestas presidenciales” alcanzaron durante 2025 las 253.000 hectáreas sembradas y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína.

El documento, elaborado por las investigadoras Irune Ariño Langarita, Katherine Flórez Pinilla y Marta Bujalance, señala que durante el año pasado se registraron 14.780 homicidios, un incremento del 3,6% frente al periodo anterior, además de 90 masacres con 315 víctimas y 13.417 casos de extorsión reportados en el país. También advierte sobre la presencia de más de 27.000 integrantes de grupos armados ilegales, cifra que representó un aumento frente a los registros del año anterior.

Frente a este escenario, Abelardo De la Espriella ha planteado una estrategia basada en el fortalecimiento de la capacidad operativa del Estado, el incremento de la presencia de la Fuerza Pública y una ofensiva dirigida contra organizaciones criminales y economías ilegales. Dentro de ese enfoque ocupa un lugar central la creación de programas especiales de seguridad en barrios urbanos, especialmente en ciudades afectadas por fenómenos como la extorsión, el microtráfico y el control territorial ejercido por estructuras delincuenciales.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria ha propuesto una estrategia que combine más presencia policial, apoyo de veteranos y reservistas, uso de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, drones y herramientas tecnológicas orientadas a la prevención y seguimiento de actividades criminales. Según su planteamiento, la recuperación de la seguridad debe comenzar en los entornos más cercanos al ciudadano, incluyendo parques, calles, sectores residenciales y zonas comerciales.

Dentro de esa propuesta, De La Espriella ha señalado que la extorsión constituye una de las principales amenazas para comerciantes, transportadores, pequeños empresarios y familias. Por ello plantea que la acción del Estado no se limite a los responsables directos de estos delitos, sino que se extienda hacia las estructuras financieras y logísticas que sostienen actividades como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y el tráfico de armas.

El programa de seguridad del candidato también contempla medidas de alcance nacional. Entre ellas se encuentra una ofensiva durante los primeros meses de gobierno contra grupos armados ilegales, la reclasificación de estas organizaciones como estructuras narcoterroristas, la construcción de centros penitenciarios de alta seguridad y la reactivación de mecanismos de erradicación de cultivos ilícitos.

En contraste, Iván Cepeda ha planteado una estrategia sustentada en el concepto de seguridad humana, enfoque que parte de la premisa de que la violencia tiene relación con factores como la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la ausencia histórica de instituciones estatales en determinadas regiones del país.

La propuesta del candidato del Pacto Histórico contempla que la seguridad no se limite a la presencia de la fuerza pública, sino que incorpore acciones relacionadas con educación, empleo, salud, vivienda y acceso a servicios básicos. Dentro de este modelo, la intervención estatal busca articular programas sociales con mecanismos de prevención de la violencia y fortalecimiento de las comunidades.

Cepeda propone desarrollar seis líneas estratégicas. Una de ellas consiste en integrar la seguridad a pactos regionales de desarrollo en territorios como Cauca, Nariño y Catatumbo, vinculando las acciones de protección ciudadana con proyectos sociales e institucionales. También plantea fortalecer sistemas de alerta temprana y crear mecanismos de monitoreo enfocados en fenómenos como la deforestación y la minería ilegal.

Otro de los componentes de su propuesta está orientado a la prevención del homicidio y el reclutamiento de menores mediante programas dirigidos a jóvenes. Según el candidato, la generación de oportunidades educativas y laborales constituye una herramienta para reducir el ingreso de población juvenil a estructuras armadas y redes criminales.

En materia de extorsión y secuestro, Cepeda propone desarrollar herramientas tecnológicas para proteger a comerciantes y empresarios frente a nuevas modalidades de delitos digitales. Asimismo, plantea modificar la estrategia contra el narcotráfico enfocando los esfuerzos estatales en las organizaciones que controlan las finanzas y cadenas de comercialización de drogas ilícitas, en lugar de concentrar las acciones en los pequeños cultivadores.

La implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016 también ocupa un lugar relevante dentro de su propuesta de seguridad. El candidato ha planteado fortalecer los mecanismos de protección para líderes sociales y firmantes de paz, así como reactivar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para enfrentar organizaciones armadas surgidas después de los procesos de desmovilización.

Mientras De La Espriella centra su propuesta en el fortalecimiento de la capacidad coercitiva del Estado, el aumento de la presencia policial y el uso de tecnología para recuperar territorios y combatir estructuras criminales, Cepeda propone una estrategia que combina acciones de seguridad con programas sociales, implementación del acuerdo de paz, prevención de la violencia y fortalecimiento institucional. Ambos modelos se presentan en medio de un escenario en el que la seguridad continúa siendo uno de los principales temas de discusión de cara a la elección presidencial.

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