CRC ratificó millonaria multa contra COLTEL por incumplir entrega de información requerida por el regulador

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) confirmó una de las sanciones más significativas impuestas recientemente en el sector de las telecomunicaciones, al ratificar la multa contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (COLTEL) por incumplir su deber de entregar información requerida por la autoridad regulatoria.

La decisión fue adoptada tras resolver el recurso de reposición presentado por el operador contra la Resolución CRC 8166 de 2026. Luego de revisar los argumentos expuestos por la compañía, la entidad concluyó que la sanción se ajusta plenamente a derecho y decidió mantenerla en todos sus términos.

De acuerdo con la CRC, la multa equivale a 1.920,45 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025, lo que representa un valor de $2.733.760.575.

En el comunicado oficial emitido este viernes, la entidad enfatizó que el suministro de información a los organismos de control no constituye una simple formalidad administrativa, sino una obligación esencial para el adecuado funcionamiento del sistema regulatorio del país.

“La información no es un requisito accesorio ni una carga formal, es la base mínima para que el regulador pueda supervisar, analizar y tomar decisiones en defensa del interés público, la competencia y los usuarios”, señaló la Comisión al dar a conocer la decisión.

La actuación de la CRC se sustenta en las facultades otorgadas por el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado posteriormente por la Ley 1978 de 2019. Estas normas autorizan al regulador a requerir información “amplia, exacta, veraz y oportuna” a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, así como a operadores de televisión abierta radiodifundida y radiodifusión sonora.

Según explicó la entidad, contar con información completa y confiable resulta indispensable para monitorear el comportamiento de los mercados, identificar riesgos, evaluar condiciones de competencia y adoptar medidas regulatorias que permitan proteger a los usuarios y garantizar el correcto funcionamiento del sector.

Tras el análisis jurídico y técnico del caso, la Comisión determinó que la conducta atribuida a COLTEL fue “materialmente antijurídica” y que la empresa actuó con pleno conocimiento de la obligación legal que tenía de entregar la información requerida por el regulador.

La CRC también destacó que el proceso se desarrolló respetando todas las garantías procesales y el derecho de defensa de la compañía, razón por la cual concluyó que no existían motivos para modificar o revocar la sanción inicialmente impuesta.

En ese contexto, la entidad aprovechó para enviar un mensaje al conjunto de operadores y agentes del sector de las telecomunicaciones sobre la importancia de cumplir con los requerimientos de información formulados por las autoridades competentes.

“La regulación no puede hacerse a oscuras, ni el Estado puede supervisar un sector estratégico con información incompleta, tardía o fragmentada”, afirmó el comisionado y director ejecutivo de la CRC, Felipe Díaz Suaza.

El funcionario añadió que “la entrega de información amplia, exacta, veraz y oportuna no es una cortesía del regulado ni un trámite menor, es una obligación legal y una condición mínima de responsabilidad frente al país”.

Asimismo, advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones afecta la capacidad institucional para anticipar riesgos, corregir fallas de mercado y adoptar decisiones públicas fundamentadas. “La CRC ejercerá sus competencias con firmeza. En un sector que vive de la confianza, la información no se esconde, se entrega”, concluyó Díaz Suaza.