Escrutinios alcanzan el 99,07% de las mesas y avanza la consolidación oficial de la elección presidencial
Con 117.250 mesas escrutadas de un total de 118.350 instaladas en el país, el proceso de verificación de los resultados de la segunda vuelta presidencial alcanzó un avance del 99,07%.
Mientras restan por consolidar 1.100 mesas, las autoridades electorales continúan con la revisión de actas, atención de reclamaciones y validación de documentos que permitirán al Consejo Nacional Electoral emitir la declaratoria oficial del próximo presidente de Colombia.
Los datos más recientes muestran que la mayor parte del territorio nacional ya completó o está cerca de completar el proceso de escrutinio municipal y distrital. Departamentos como Arauca, Cesar, Huila, Magdalena, Quindío, Risaralda, San Andrés y Sucre alcanzaron el 100% de las mesas revisadas, mientras que otras regiones mantienen porcentajes superiores al 99%, entre ellas Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Meta, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Sin embargo, algunas zonas del país presentan un avance menor. Amazonas registra un 85,8% de mesas escrutadas, Caquetá alcanza el 91,25%, Chocó el 91,69%, Putumayo el 94,19%, mientras que Guainía, Vaupés y Vichada continúan siendo los departamentos con los porcentajes más bajos de consolidación, con avances de 70,94%, 64,77% y 65,48%, respectivamente.
El proceso que se desarrolla actualmente corresponde a la etapa de escrutinio, mecanismo que tiene validez jurídica y que definirá de manera oficial el resultado de la elección presidencial. Aunque durante la noche de la jornada electoral la Registraduría divulga los resultados preliminares del preconteo, estos tienen únicamente carácter informativo y sirven para ofrecer una tendencia sobre el comportamiento de la votación.
La revisión formal de los resultados comenzó inmediatamente después del cierre de las urnas. Más de 850.000 jurados de votación distribuidos en cerca de 122.000 mesas fueron los encargados de realizar el conteo inicial de los sufragios y diligenciar las actas electorales. Esa información alimentó el sistema de preconteo que permitió conocer los resultados preliminares durante la noche del domingo.
Posteriormente entraron en funcionamiento cerca de 3.000 comisiones escrutadoras en todo el país. Estas instancias están integradas principalmente por jueces de la República, además de notarios y registradores de instrumentos públicos. Su función consiste en verificar los formularios electorales, revisar las actas remitidas desde cada puesto de votación y resolver las reclamaciones presentadas por los testigos de las campañas.
En Bogotá, el proceso se concentró en Corferias, donde operaron aproximadamente 300 comisiones escrutadoras encargadas de consolidar los resultados correspondientes a la capital del país. Allí los funcionarios recibieron la documentación electoral almacenada en el denominado Arca Triclave, sistema de custodia donde permanecen resguardados los pliegos electorales remitidos desde los puestos de votación.
Durante las sesiones de escrutinio participan representantes de las campañas, funcionarios de la Procuraduría, personerías y servidores de la Registraduría que cumplen funciones de apoyo administrativo. Los testigos electorales tienen la posibilidad de formular reclamaciones cuando consideran que existen inconsistencias en los formularios o diferencias entre las cifras consignadas y los documentos electorales.
Una vez finalicen los escrutinios municipales y distritales, los resultados serán enviados a las comisiones departamentales, encargadas de consolidar la información de cada región. Posteriormente, los datos llegarán al Consejo Nacional Electoral, organismo que recibirá los consolidados de los 32 departamentos, Bogotá y las mesas instaladas en el exterior para efectuar el escrutinio nacional definitivo.
Solo después de culminar todas estas etapas y resolver las reclamaciones pendientes, el Consejo Nacional Electoral expedirá la declaratoria oficial de elección y certificará formalmente quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años.

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