(EN VIDEO) Registraduría alertó que grupos armados estarían influyendo en el voto en cientos de municipios

En el inicio formal de los trabajos institucionales de vigilancia electoral rumbo a los comicios de 2026, el registrador nacional, Hernán Penagos, expuso un panorama que puso el foco en la relación entre grupos armados ilegales y dinámicas políticas locales.

La advertencia se produjo durante la primera sesión de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, realizada este 29 de enero, en la que se presentó un balance preliminar sobre riesgos territoriales.

De acuerdo con la información entregada por el jefe de la Registraduría, el análisis institucional permitió identificar presencia de estructuras armadas ilegales en al menos 312 municipios del país.

Cerca del 40% mostraría señales de interés político-electoral por parte de dichos grupos, un fenómeno que, según explicó, no se limita a control territorial sino que se proyecta sobre los procesos democráticos.

Penagos señaló que las alertas se derivan de un seguimiento detallado a los cambios recientes en la configuración de los actores armados. En ese contexto, hizo referencia a la fragmentación y multiplicación de estas organizaciones en distintas regiones, lo que ha ampliado su capacidad de incidir en escenarios locales. Esa “atomización”, como la definió, es uno de los factores que elevan el nivel de riesgo frente a la transparencia del proceso electoral.

El Registrador explicó que el interés detectado no responde únicamente a la presencia armada, sino a comportamientos que apuntan a influir directamente en el ejercicio del voto. Entre los principales riesgos identificados mencionó la instrumentalización de los electores y la coacción sobre las comunidades, prácticas que afectan la libertad de elección y distorsionan la voluntad popular.

Durante su intervención, Penagos recalcó que el objetivo de la Comisión es precisamente advertir y visibilizar este tipo de circunstancias antes de que se consoliden en hechos consumados. En ese sentido, el espacio busca articular a las entidades del Estado con competencia en materia electoral, judicial y de seguridad, para anticipar escenarios que puedan comprometer el normal desarrollo de las elecciones.

Las alertas presentadas no hacen referencia a casos específicos ni a procesos electorales concretos, pero sí trazan un mapa general de riesgos que deberá ser tenido en cuenta en la planeación logística, de seguridad y de pedagogía electoral. El registrador indicó que el seguimiento continuará de manera permanente, con actualizaciones periódicas sobre la evolución de estas dinámicas en los territorios señalados.

La exposición de Penagos se dio en un contexto en el que distintas autoridades han insistido en la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención de delitos electorales, especialmente en zonas con antecedentes de conflicto armado o economías ilegales. La advertencia plantea un reto institucional de gran alcance, en la medida en que combina variables de orden público con garantías democráticas.

La Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales continuará sesionando en los próximos meses, mientras avanza el calendario hacia las elecciones de 2026, con el objetivo de monitorear estos riesgos y mantenerlos en la agenda de las autoridades competentes.