Gobierno desplegará más de 408.000 uniformados para blindar las elecciones presidenciales del 31 de mayo
A pocos días de que Colombia elija al próximo jefe de Estado para el periodo 2026-2030, el Gobierno Nacional presentó un amplio dispositivo de seguridad para garantizar unas elecciones tranquilas y transparentes. El plan contempla la protección de candidatos presidenciales, vigilancia especial en municipios priorizados y controles contra delitos electorales en todo el país.
Con el propósito de garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, el Gobierno Nacional anunció un robusto esquema de seguridad que incluirá el despliegue de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el territorio colombiano.
El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar y de Policía, durante una rueda de prensa en la que se expusieron las principales estrategias para proteger la jornada democrática y brindar garantías a los ciudadanos.
De acuerdo con el funcionario, el operativo tendrá como prioridad custodiar los 13.489 puestos de votación habilitados en el país, con el objetivo de asegurar que los colombianos puedan acudir a las urnas “de manera libre y en paz”. El despliegue también contempla la protección integral de los 13 candidatos presidenciales, sus familias y las diferentes actividades públicas de campaña que se desarrollen en los últimos días previos a los comicios.
En medio del panorama de tensión política que vive el país, el ministro fue enfático en enviar un mensaje de confianza frente al papel de las instituciones. “La Fuerza Pública brindará todas las garantías y hará lo necesario para proteger la democracia”, afirmó Sánchez, al reiterar que las autoridades se mantendrán alerta ante cualquier amenaza que pueda afectar el orden público o la seguridad electoral.
Como parte de las medidas preventivas, el Gobierno confirmó una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quienes suministren información que permita anticipar posibles atentados contra los aspirantes presidenciales. Según explicaron las autoridades, esta estrategia busca fortalecer las labores de inteligencia y evitar hechos violentos durante la recta final de la campaña.
Las Fuerzas Militares asumirán la seguridad del 43 % de los puestos de votación, mientras que la Policía Nacional tendrá a su cargo el 57 % restante. Hasta ahora, las autoridades han acompañado 625 eventos de campaña y concentraciones públicas en diferentes regiones del país.
Durante la intervención, el ministro de Defensa también hizo un llamado a rechazar los discursos violentos y la difusión de información falsa en redes sociales. En ese sentido, advirtió que “la violencia en las elecciones nos aleja de la democracia y nos acerca a la barbarie”, al referirse a las acciones que buscan generar temor o desinformación entre los votantes.
Otro de los puntos destacados por el Gobierno fue el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia ciudadana frente a delitos electorales. El Ejecutivo recordó que continúa habilitada la Línea de Transparencia 157, herramienta mediante la cual se reciben reportes relacionados con fraude electoral, constreñimiento al votante y compra de votos.
Las autoridades informaron que quienes entreguen información útil sobre estas conductas ilegales podrán acceder a recompensas de hasta 50 millones de pesos. Según el balance presentado, durante las elecciones legislativas realizadas el pasado 8 de marzo se recibieron 7.096 llamadas a través de esta línea, además de la incautación de 3.759 millones de pesos en efectivo y la captura de 88 personas vinculadas a delitos electorales.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, explicó que las autoridades construyeron un mapa especial de prevención y seguridad basado en antecedentes históricos y denuncias recientes.
Este análisis permitió identificar 67 municipios con mayores niveles de riesgo electoral, donde se implementarán medidas extraordinarias de vigilancia, reacción inmediata y acompañamiento institucional para evitar alteraciones del orden público durante la jornada.
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