El futuro fiscal de la reforma pensional y su impacto en el 2100

Un reciente informe advierte que, de aprobarse la actual reforma de pensiones, para el año 2100 los impuestos recaudados podrían destinarse exclusivamente al pago de pensiones, dejando en entredicho la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Este escenario surge tras el inusual respaldo fiscal presentado por el ministro de Hacienda, que ha generado un intenso debate en la esfera política y económica del país.

Tras conocerse el concepto técnico del Ministerio de Hacienda para la reforma pensional, en el cual se advierte que, si bien esta iniciativa es posible de realizar, con el tiempo le saldrá muy cara al país debido a la carga fiscal que genera por los subsidios y el cambio de flujo de recursos hacia un fondo de ahorro que terminará agotándose en algunos años.

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De acuerdo con Ricardo Bonilla, hacia el año 2100 el sistema pensional tendrá un valor presente neto del -87,67% del PIB si no se aplica la reforma, dato que si bien muestra que habrá un déficit con el paso del tiempo, se complica mucho más con los cambios que busca el Gobierno, puesto que se sube al -121,13% del Producto Interno Bruto.

El mecanismo de equidad intergeneracional, introducido en 2023, impone un incremento del 0.6% en las cotizaciones sociales, repartido entre empleadores y trabajadores.

Aunque diseñado para asegurar las pensiones de la generación del baby boom, expertos alertan que la medida podría no ser suficiente para contrarrestar el impacto demográfico y económico futuro.

Con este cambio, el costo del sistema pensional se incrementaría más del 30%, que en plata de hoy en día son más de $470 billones en los próximos años, cifra que no es menor si se tiene en cuenta el contexto de urgencia de recorte en el gasto que enfrenta actualmente el país. No obstante, el MinHacienda dio su aval fiscal a este proyecto.

El ministro de Hacienda defiende la reforma como una solución necesaria y equitativa para mantener el sistema de pensiones. Sin embargo, la oposición y varios analistas económicos instan a una revisión exhaustiva de la reforma, proponiendo alternativas como la diversificación de las fuentes de financiamiento y la implementación de políticas que fomenten el empleo y el aumento de la base contributiva.

Las críticas en esta parte, de acuerdo con personajes como el representante Andrés Forero, quien se opone a esta iniciativa, se enfocan en dos partes.

La primera tiene que ver con que al parecer se estarían pasando por alto las alertas fiscales que se han emitido y lo segundo, es que el concepto no cuenta con firma del ministro Ricardo Bonilla.

“Llegó concepto fiscal del Minhacienda sobre la reforma pensional y sorprende que el documento reconoce que la reforma aumenta el déficit de Colpensiones y el pasivo pensional para 2070 y a pesar de eso le den aval. Será por eso que Bonilla no firmó esa chambonada irresponsable”, sostuvo el congresista del Centro Democrático.

El representante Víctor Salcedo, tomó como referencia los mismos datos que presentó el Gobierno Nacional, sostiene que en un futuro no muy lejano los colombianos terminarán pagando impuestos únicamente para pagar los costos del sistema pensional que se busca implementar.

“El impacto fiscal debe ser un análisis juicioso, basado en la sostenibilidad del sistema, con miras a lograr un equilibrio de ingresos y gastos. Por eso me preocupa entre otras cosas no lo firma el ministro de Hacienda, como sucedió en el documento que envió al Senado y como se supone que debería pasar en estos casos”, indicó.

A Salcedo le preocupa que no se tocaron dos aspectos que son fundamentales:

1.  Aumentar la edad de pensión
2. Los regímenes especiales

Actualmente, la reforma pensional aguarda por su último debate en plenaria de la Cámara de Representantes, donde tiene exactamente 15 días calendario para lograr la aprobación o de lo contrario se hundiría por falta de trámite, como ya pasó en el 2023 con la reforma laboral.

No hay que olvidar que esta es una de las apuestas sociales más importantes del gobierno Petro.

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