Solicitan a la Corte Penal Internacional reabrir investigación contra ex-FARC por crímenes de lesa humanidad

Representantes de un grupo de víctimas de las extintas Farc han elevado una solicitud formal a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se reabra el examen preliminar sobre Colombia. El objetivo es que se investiguen los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por exmiembros de la guerrilla que suscribieron el Acuerdo de Paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

La petición surge de la preocupación de los demandantes respecto a la efectividad del régimen de sanciones establecido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Macrocaso 01, el cual, según ellos, podría no constituir una respuesta penal adecuada ni una reparación efectiva para las víctimas.

El contexto de la solicitud ante la CPI

La iniciativa de las víctimas se produce después de que el tribunal internacional decidiera cerrar la investigación sobre estos hechos en 2021. En aquel momento, la CPI argumentó que, desde la firma del acuerdo, se habían conocido nuevos detalles y se habían establecido responsabilidades, incluyendo las sanciones y penas impuestas por la JEP al antiguo Secretariado de las Farc. Los integrantes de este grupo aceptaron su responsabilidad en 21.396 hechos victimizantes, que incluyen secuestros, crímenes de guerra y de lesa humanidad, por los cuales fueron declarados penalmente responsables.

Sin embargo, los solicitantes argumentan que, a la luz de nueva información y análisis, existen tres problemas fundamentales con las penas impuestas por la JEP. Estos inconvenientes, según su perspectiva, justifican la reapertura de la investigación por parte de la CPI, dado que las sanciones actuales podrían no garantizar una reparación integral y efectiva para quienes sufrieron los vejámenes.

Cuestionamientos a las sanciones de la JEP

Uno de los puntos centrales de la solicitud radica en la naturaleza de las condenas ya emitidas. El antiguo Secretariado de las Farc fue condenado por su responsabilidad en los crímenes. Las penas impuestas incluyen a Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko) y Pablo Catatumbo, con 8 años; Jaime Alberto Parra Rodríguez (El Médico), con 7 años, 10 meses y 2 días; Milton de Jesús Toncel Redondo (Joaquín Gómez), con 7 años, 8 meses y 25 días; Pastor Alape, con 6 años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, con 6 años; y Rodrigo Granda, con 5 años.

A pesar de estas condenas, los demandantes alertan que un eventual incumplimiento de las condiciones de las sanciones por parte de los excombatientes podría no afectar la duración o el tipo de las mismas. Entre las faltas mencionadas se encuentran el abandono temporal de actividades, desplazamientos sin autorización o el incumplimiento reiterado de restricciones de horario o territoriales.

Modificaciones en la verificación de la reparación

Otro aspecto que genera preocupación y que ha sido presentado ante la CPI es la decisión de la Sección de Apelación de la JEP de eliminar el “impacto transformador y efecto reparador” de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador o Restaurador (TOAR) como un criterio fundamental para verificar el cumplimiento de las sanciones.

En su lugar, se estableció que la verificación se realizará mediante métricas cuantificables como kilómetros de vías mejoradas, hectáreas restauradas, árboles plantados, áreas demarcadas, documentos elaborados, testimonios transcritos y piezas comunicativas. Esta modificación, según los demandantes, podría desvirtuar el espíritu reparador y restaurador de los TOAR.

Preocupación por la reducción de penas

Finalmente, la solicitud también pone de manifiesto la inquietud sobre la posibilidad de una reducción de las penas impuestas. Se hace referencia a un mecanismo conocido como “descuento de dos por uno”, que permitiría computar un día de sanción por cada dos días de trabajo realizado. Esta medida, según los representantes de las víctimas, podría acortar significativamente el tiempo de cumplimiento efectivo de las sanciones, lo que, a su vez, impactaría la percepción de justicia y la efectividad de la reparación para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué se solicitó a la Corte Penal Internacional?

Representantes de víctimas de las extintas Farc solicitaron a la Fiscalía de la CPI reabrir el examen preliminar sobre Colombia para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por exmiembros de la guerrilla.

¿Por qué las víctimas piden reabrir esta investigación?

Argumentan que el régimen de sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría no ser una respuesta penal efectiva ni una reparación adecuada para las víctimas.

¿Cuáles son los principales cuestionamientos a las sanciones de la JEP?

Las preocupaciones incluyen que el incumplimiento de los excombatientes no afecte las penas, la eliminación del 'impacto transformador' en la verificación de los TOAR y la posibilidad de reducción de penas con el mecanismo 'dos por uno'.