El ‘cartel de los influenciadores' de Petro: Denuncia sobre contrataciones de ‘bodegueros' en el gobierno de Petro

El concejal Daniel Briceño reveló una serie de contratos del gobierno otorgados a influenciadores afines al gobierno de Gustavo Petro que se dedican a crear campañas de desprestigio.

Según lo denunció, el Estado habría desembolsado más de 2.336 millones de pesos en pagos a comunicadores digitales, con el propósito de promover la gestión del gobierno y atacar a la oposición.

Briceño presentó evidencia de que estos contratos han sido firmados en medio de la crisis fiscal reconocida por el propio gobierno. Los pagos se habrían realizado a través de contratos directos o pauta publicitaria en distintas plataformas.

Esto ha generado críticas, ya que el Presidente ha insistido en un discurso de austeridad y reducción del gasto público, mientras que estas contrataciones contradicen esa narrativa.

Entre los influenciadores mencionados se encuentran: Celso Teté Crespo, David Enrique Porras Pérez, Diana Marcela Portillo, Fanny Esperanza Peña Silva, Germán Antonio López Álvarez, Xavier Vendrell, Jader David Rosso (Don Izquierdo), Laura Puyeta Martínez Morales, María Ninéz Echeverry, Nury Esther Castro López, Ricardo Andrés Malagón, Walter Alfonso Rodríguez (Mason Wally), Wilson Eduardo Hernando Suaza, Elizabeth Cristina Ortiz Peña y Levy Rincón.

Algunos de los pagos más destacados fueron para:

• Celso Tete Crespo: Asesor en el Departamento Administrativo de la Presidencia, con un salario mensual de aproximadamente 13,3 millones de pesos. Ha sido contratista de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Departamento de Prosperidad Social.
• David Enrique Porras Pérez: Recibió un contrato de 57,4 millones de pesos con el MinTIC. Ha manifestado públicamente su apoyo a la administración de Nicolás Maduro en Venezuela.
• Jader David Rosso (Don Izquierdo): Contratado en RTVC con pagos que suman 74,8 millones de pesos, pese a no contar con título profesional en periodismo.
• Levy Rincón: Parte del programa «La Cloaca», que recibió pauta publicitaria del Departamento de Prosperidad Social para promover la imagen del gobierno.

Además, se estima que el gobierno ha gastado en total más de $2.336 millones de pesos en contratos a influenciadores mientras defiende una política de austeridad. La incoherencia en el manejo de los recursos públicos ha generado fuertes cuestionamientos en la opinión pública.

Briceño señaló que estos contratos se han dado en ministerios y entidades clave, como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Justicia.

Briceño aseguró que continuará revelando más información sobre lo que denomina una estrategia gubernamental para financiar a sus aliados digitales con recursos públicos para poder controlar la narrativa en medios alternativos y redes sociales, ya que a través de la prensa no lo ha conseguido.

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