ABC de la Ley de Garantías en Colombia

La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, es una norma que establece restricciones específicas para los servidores públicos durante los periodos previos a las elecciones, con el propósito de evitar que los recursos del Estado sean utilizados en beneficio de campañas políticas o candidatos.

Su principal objetivo es asegurar que la voluntad de los electores se exprese sin interferencias indebidas por parte de quienes ocupan cargos públicos, y que las entidades estatales no se conviertan en herramientas de persuasión política.

En el marco de elecciones territoriales, esta ley impide que gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas realicen ciertas acciones desde los cuatro meses anteriores a los comicios.

Entre las restricciones se incluye:

• La prohibición de celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos
• Usar bienes del Estado en actividades proselitistas
• Alojar o transportar electores
• Inaugurar obras con presencia de candidatos
• Modificar la nómina salvo en casos excepcionales como renuncias irrevocables
• Fallecimientos o situaciones de carrera administrativa.

Para elecciones presidenciales, además de estas medidas, la norma establece la prohibición de la contratación directa en todas las entidades estatales durante los cuatro meses previos a la primera vuelta y hasta la eventual segunda vuelta electoral.

No obstante, se contemplan excepciones, entre ellas los contratos relacionados con defensa y seguridad nacional, emergencias sanitarias, educativas o desastres naturales, así como proyectos de reconstrucción de infraestructura afectada por eventos de fuerza mayor.

La norma también se articula con reglas sobre financiación de campañas, límites de publicidad, uso de recursos públicos y participación de funcionarios en actos políticos. En este sentido, la ley busca proteger el principio de igualdad en la contienda electoral y reforzar la transparencia de los procesos.

Las disposiciones de la Ley de Garantías se aplicarán nuevamente de cara a las elecciones de 2025 y 2026. Para las elecciones legislativas y presidenciales, el periodo de restricciones iniciará el 31 de enero de 2026, mientras que para los demás comicios de cargos de elección popular, comenzará el 8 de noviembre de 2025.

De acuerdo con lo señalado en la norma, todas las entidades tendrán que planear con antelación sus procesos de contratación y manejo de personal, de manera que su funcionamiento no se vea afectado por las limitaciones que impone la ley durante los meses previos a los comicios.