Universidad EIA analizó impacto de la reforma tributaria de 2025

La Universidad EIA, a través de su Centro de Pensamiento, presentó un análisis sobre el proyecto de reforma tributaria radicado el 1 de septiembre de 2025 por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso de la República. La iniciativa busca recaudar 26,3 billones de pesos para cubrir el déficit del presupuesto general de la nación del próximo año. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el propósito es avanzar hacia un pacto fiscal que garantice la estabilidad macroeconómica de la siguiente administración.

El informe señala que la propuesta contempla un aumento en las tasas marginales del impuesto de renta desde los 7 millones de pesos mensuales, contrario al planteamiento del gobierno que asegura que solo afectaría ingresos superiores a los 250 millones. Adicionalmente, se incrementaría el impuesto al patrimonio, cuyo umbral se reduciría a 2.000 millones de pesos con una tarifa máxima del 5 %. El tributo a las ganancias ocasionales pasaría del 20 % al 30 %, reduciendo la exención para herencias de vivienda.

La iniciativa incluye la permanencia del IVA en juegos de suerte y azar, impuesto inicialmente creado para atender la situación del Catatumbo, además de gravar eventos de entretenimiento, culturales y deportivos con boletas superiores a 500.000 pesos. También aplicaría IVA a operaciones de comercio electrónico en plataformas extranjeras por debajo de 200 dólares, servicios de software en la nube y actividades comerciales de iglesias. Elimina además la exención del IVA para turistas extranjeros no residentes.

Otros puntos de la reforma se centran en el aumento del IVA a licores, pasando del 5 % al 19 %, la eliminación de tarifas preferenciales para vehículos híbridos y un incremento en el impuesto al carbono, que subiría de 27.399 a 42.069 pesos por tonelada de CO2eq.

El impacto previsto para los sectores financiero, asegurador y minero elevaría la tasa de tributación socio-empresa hasta un 70,5 %, ubicándola entre las más altas de la OCDE. Asimismo, se fijaría un 30 % de tarifa especial para dividendos recibidos por sociedades extranjeras y personas naturales no residentes.

Respecto a los combustibles, el artículo 6 establece incrementos progresivos entre 2026 y 2028. Según cálculos de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), la gasolina subiría 2.012 pesos y el ACPM 1.295 pesos. Estos aumentos afectarían directamente a los 12,9 millones de motociclistas registrados en el país, pese a las afirmaciones del presidente de que “los pobres casi no usan gasolina”.

El análisis recoge también el posible impacto sobre el consumo de licores y cigarrillos. De acuerdo con César Cermeño, de la Universidad de los Andes, una lata de cerveza podría encarecerse hasta un 66 %. Camilo Ospina, presidente de Asobares, advirtió que las bebidas alcohólicas podrían subir un 30 %.

El sector turístico también se vería afectado por la eliminación de la exención de IVA a visitantes extranjeros. Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), esta medida pondría al país en desventaja frente a otros destinos de la región, lo que impactaría la llegada de divisas y el ingreso de empresarios locales. La Cuenta Satélite de Turismo registra que el 73,6 % del gasto total en turismo proviene de no residentes.

La Universidad EIA advierte que estas medidas incrementan el costo de uso del capital, lo que podría desincentivar la inversión privada y reducir la competitividad del país. El informe recuerda que existe una relación inversa entre el costo de uso del capital y la tasa de inversión, según estudios de Asobancaria, ANIF y Corficolombiana.

Aunque el gobierno anunció recientemente una reducción en la meta de recaudo de la reforma, de 26,3 a 16,3 billones de pesos, persisten medidas centrales como los impuestos a combustibles, bebidas alcohólicas, vehículos híbridos y dividendos.

El rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que “por donde se mire, estamos frente a una reforma inoportuna, innecesaria e inviable que, además, se sustenta en un pacto inexistente. En la práctica, se trata de la demanda del Ejecutivo por la financiación de un gasto desbordado, especialmente en el rubro de funcionamiento, que solo profundizará el gran desbalance en que hoy se encuentran las finanzas de la nación”.

Exministros como José Antonio Ocampo y Juan Camilo Restrepo, así como expertos como Carolina Soto y Alberto Carrasquilla, han insistido en que el camino debería ser un recorte del gasto público entre el 3 % y 5 % del PIB, en lugar de insistir en una reforma que, según el informe, genera riesgos de salida de capitales, afecta la liquidez de los hogares y presiona al sistema financiero.