MinEducación y ASCUN desmienten a Juvinao: Aseguran que Gobierno está al día con universidades

La denuncia de la representante Catherine Juvinao sobre una supuesta deuda de más de un billón de pesos del Gobierno Nacional a las universidades públicas fue desmentida por el Ministerio de Educación y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).

Juvinao afirmó que la política de Matrícula Cero y el funcionamiento de las universidades públicas estaban en riesgo debido a un presunto incumplimiento del Ejecutivo en los recursos asignados para el presupuesto de 2024. Estas declaraciones generaron preocupación en diversos sectores, especialmente en el ámbito educativo.

El Ministerio de Educación aseguró que el 85% de los recursos comprometidos, equivalentes a $1,75 billones, ya habían sido girados y que el saldo restante, de $319 mil millones, se encuentra en proceso de conciliación. Según la entidad, este procedimiento es parte de los trámites habituales para garantizar la correcta ejecución de los recursos.

Por su parte, Jairo Torres, presidente de ASCUN, confirmó en una entrevista reciente que el Gobierno se puso al día con las 34 universidades públicas antes de finalizar el año. Torres destacó que los recursos destinados a la política de Matrícula Cero fueron transferidos en su totalidad y no existe deuda pendiente bajo este concepto.

“El Gobierno cumplió con el compromiso de financiar la gratuidad, y el proceso de conciliación es un procedimiento habitual para verificar las matrículas de los estudiantes beneficiarios”, explicó Torres.

Recursos de otros programas educativos

El Ministerio de Educación también negó que se hayan recortado los presupuestos de programas como Icetex o Generación E. Según la entidad, los recursos asignados para estos programas han sido ejecutados según lo previsto en el plan financiero.

El presidente de ASCUN y el Ministerio coincidieron en que la discusión sobre un financiamiento estructural de la educación superior sigue pendiente.

En este sentido, destacaron la necesidad de avanzar en una reforma a la Ley 30 de 1992 para garantizar un modelo de financiamiento sostenible y acorde con las necesidades del sistema educativo.

La representante Catherine Juvinao, por su parte, tendrá que sustentar el origen de sus cifras y declaraciones, que contrastan con las versiones oficiales entregadas por el Gobierno y ASCUN.