(EDITORIAL) Petro: ¿el Estado es él?

Han pasado casi seis meses desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República y desde aquel 7 de agosto, el vértigo de anuncios, afirmaciones, contradicciones y rectificaciones ha sido el pan de cada día.

En medio de semejante barahúnda, la ciudadanía está siendo sumergida en el ruido atronador generado desde la Casa de Nariño y pierde de vista lo que está pasando con la democracia y la república.

Ese ruido incesante se puede interpretar como una cortina para tratar de disimular la demolición que están padeciendo las instituciones colombianas. Los escándalos no dejan ver con precisión que Gustavo Petro avanza, de a pocos, en el intento de gobernar por decreto, abusando de un generoso régimen presidencialista que, a pesar de lo que el autoritarismo plantea, tiene restricciones y líneas rojas que no puede cruzar.

Los intentos de Petro de burlar la operación judicial, expidiendo decretos para violar el estado de derecho y sacar a sus simpatizantes y a otros delincuentes de las cárceles, demuestran la intención del presidente de no detenerse en «pequeñeces» como la separación de poderes y el respeto por la operación judicial de Colombia. 

Para adobar las tropelías, Petro lanza, con inusitada frecuencia, discursos de odio y radicalización que son aplaudidos a rabiar por las turbas que lo acompañan con fanatismo extremo. Sin embargo, solo bastan unos días para que el mandatario tenga que tragarse sus palabras, como ocurrió con las vías 4G a las que despreció y después tuvo que salir a proclamarlas como la única solución para la problemática de Cauca y Nariño.

Además, el presidente ha desplegado un chantaje institucional sin paralelo en la historia del país: al que no convence con sus discursos radicales, le anuncia subsidios o le promete la congelación de tarifas, de tal manera que sea por convencimiento o por conveniencia, él busca salirse con la suya sin medir las funestas consecuencias de sus actos.

Mientras esto pasa con los ciudadanos, las instituciones están a merced de los caprichos presidenciales, de tal manera que avanza sin talanquera en la toma hostil de empresas y entidades, como pasa con Ecopetrol en la actualidad.

La forma de gobernar de Petro recuerda el absolutismo monárquico, pues viene buscando la concentración de todo el poder político y económico en sí mismo, gobernando sin más restricciones que su propia voluntad y borrando, en la práctica, la existencia de los poderes inherentes a la democracia.

En esa visión monárquica, Petro no tiene empacho en suplantar al Congreso –cuando no lo puede cooptar con clientelas y control de entidades–, ni tampoco le ve inconveniente a usurpar las funciones judiciales. Incluso, en una sesgada interpretación de las normas, utiliza los encabezados de la ley que lo reconocen como jefe de Estado, para asumir, a la fuerza, el control de entidades como la Creg y otras comisiones técnicas de regulación tarifaria.

Como si fuera poco, el presidente está haciendo todo lo posible por arrebatarles las comisiones mineras a los departamentos y de paso, eliminar las competencias regionales en esa materia.

La preocupación generalizada tiene que ver con la lógica absolutista de Petro ya que, por esa vía, podría terminar asumiendo el control de las FF AA, dado que la ley lo reconoce como comandante en jefe y en la interpretación acomodada, podría sentirse con la atribución de asumir el mando operativo, administrativo y logístico de las Fuerzas Armadas.

El absolutismo de Petro contiene un peligro inusitado contra las libertades y la institucionalidad, además de constituirse en una amenaza latente contra la democracia y la república.