(EDITORIAL) Las cifras detrás del fallo contra Uribe. Dudas sobre tiempos, forma y transparencia del fallo

La lectura del sentido del fallo en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que fue declarado culpable en dos de los tres delitos imputados, no solo generó impacto por su contenido, sino también por la forma y las condiciones en que fue presentado. La juez Sandra Heredia dedicó diez horas y media a exponer oralmente su decisión, solicitando al inicio paciencia como contraprestación a la que, según dijo, había tenido con todas las partes durante las 67 jornadas de audiencia.

Un fallo de mil páginas en 14 días. ¿una proeza o una señal de alerta?

Uno de los elementos más discutidos fue la afirmación de la juez sobre la extensión del fallo completo: más de 1.000 páginas. La afirmación resulta significativa al contrastarse con el plazo legal del que dispuso el juzgado tras finalizar las audiencias, solo 14 días hábiles.

Con un simple ejercicio matemático, se evidencia un ritmo de producción difícil de sostener. Elaborar 1.000 páginas en 14 días implica escribir unas 72 páginas por día hábil. Si se hubiera realizado bajo una jornada laboral estándar de ocho horas, equivaldría a redactar nueve páginas por hora. Es decir, una página cada seis a siete minutos. Esta velocidad dejaría escaso margen para revisión, argumentación rigurosa o evaluación crítica de pruebas, aspectos esenciales en una decisión judicial de este calibre.

Más aún, la naturaleza del documento no es trivial. No se trata de un informe administrativo ni de un escrito general; es una sentencia penal contra un expresidente, que exige un análisis técnico preciso, valoración de testigos, aplicación de normas sustantivas y respeto del debido proceso. Por ello, surgen dudas razonables sobre la factibilidad de haber cumplido con los estándares judiciales en tan breve periodo.

Lenguaje poco técnico y falta de claridad sobre los autores del fallo

Durante la lectura del sentido del fallo, la juez Heredia adoptó un tono técnico únicamente en la parte en la que explicó los argumentos de la absolución. En los segmentos que sustentaron la condena, recurrió a digresiones filosóficas y literarias, algunas de las cuales evocaron referencias retóricas utilizadas por figuras políticas como el presidente Gustavo Petro, lo cual ha sido interpretado por algunos sectores como una falta de neutralidad discursiva. Sin embargo, esta observación no implica una descalificación del fallo, sino un llamado de atención sobre la necesidad de mantener la sobriedad y objetividad en las decisiones judiciales.

Por otro lado, tampoco se ha esclarecido en qué medida el fallo fue redactado directamente por la juez o por funcionarios de su despacho. Aunque en la práctica judicial colombiana es habitual que los jueces se apoyen en auxiliares jurídicos y secretarios, la jurisprudencia exige que el contenido refleje el juicio autónomo del titular del despacho. En este caso, no se ha informado si el documento fue elaborado colectivamente, ni quiénes participaron en su redacción. La ausencia de transparencia sobre este punto impide verificar el nivel de responsabilidad directa que la juez asumió en el desarrollo del fallo.

Asimismo, el fallo aún no ha sido publicado en su totalidad, lo que limita el análisis jurídico de fondo por parte de las partes procesales y la ciudadanía. Sin este documento, resulta imposible evaluar si cumple con los parámetros exigidos por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a motivación, claridad, coherencia y fundamentación legal.

Más preguntas que respuestas en un fallo histórico

No se trata de cuestionar el contenido de la decisión desde un punto de vista político, ni de alimentar teorías sin fundamento. Se trata de exigir que un proceso con semejante carga institucional cumpla con estándares que garanticen la legitimidad del veredicto, cualquiera que sea su sentido.

Cuando las cifras no cuadran, cuando el lenguaje se aleja del rigor técnico, y cuando la autoría del fallo no está claramente establecida, se compromete no solo la confianza en una decisión puntual, sino en todo el sistema judicial. Las preguntas que surgen son legítimas y exigen respuestas claras. De lo contrario, la justicia corre el riesgo de ser percibida más como un acto narrativo que como una institución basada en la ley y la razón.