Sobretasa energética genera debate nacional mientras Afinia pide ser incluida en la medida
Gobernadores, congresistas y gremios advierten impactos económicos, mientras el Gobierno busca una salida a la crisis de Air-e y evitar riesgos para el sistema eléctrico.
La propuesta del Gobierno Nacional de implementar una sobretasa de 8 pesos por kilovatio consumido, como mecanismo para enfrentar la crisis financiera de la empresa Air-e, ha generado un amplio debate en el país, especialmente en la región Caribe, donde se concentran las mayores preocupaciones.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, calificó la medida como una respuesta urgente ante un problema estructural del sector eléctrico. Señaló que, aunque reconoce la necesidad de encontrar soluciones, es fundamental abrir una discusión más amplia sobre los mecanismos de financiación que permitan garantizar la sostenibilidad del servicio en el largo plazo.
El mandatario también cuestionó los resultados de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, al indicar que los problemas del sector no obedecen únicamente a la gestión administrativa, sino a deficiencias estructurales que requieren soluciones de fondo.
Impacto económico y críticas desde el Congreso
Desde el Congreso, el senador José David Name expresó dudas sobre la efectividad de la sobretasa, al señalar que los recursos que se recaudarían, cerca de 235 mil millones de pesos, serían insuficientes frente a las deudas acumuladas de Air-e, estimadas en aproximadamente 2,2 billones de pesos.
El congresista advirtió que, sin un respaldo más amplio desde el Presupuesto General de la Nación, podrían presentarse dificultades en el pago a generadores eléctricos, lo que pondría en riesgo la estabilidad del sistema. Asimismo, manifestó preocupaciones sobre posibles afectaciones en el suministro energético si no se adoptan medidas estructurales.
Gremios alertan sobre efectos en la productividad
El sector empresarial también ha manifestado inquietudes frente a la implementación de este cobro adicional. Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, advirtió que la medida incrementaría los costos operativos para múltiples sectores económicos, especialmente aquellos con alto consumo energético.
Según explicó, aunque el valor por unidad pueda parecer reducido, el impacto acumulado en las facturas mensuales puede ser significativo para pequeñas y medianas empresas, lo que afectaría su competitividad y capacidad de inversión. Además, señaló que esta carga podría trasladarse al consumidor final, incidiendo en el costo de bienes y servicios.
Los gremios también alertaron sobre el riesgo de desincentivar la formalidad empresarial, al aumentar las obligaciones para quienes cumplen con la normativa, mientras otros actores operan al margen del sistema.
Afinia solicita inclusión en el esquema de apoyo
En medio de este panorama, la empresa Afinia, filial del Grupo EPM que presta servicio en varios departamentos del Caribe, solicitó al Gobierno Nacional ser incluida dentro de los beneficios de la sobretasa.
El gerente de la compañía, Ricardo Arango, indicó que la crisis del sector no afecta únicamente a Air-e, sino a todos los operadores de la región. En ese sentido, planteó la necesidad de adoptar una solución integral que contemple la realidad financiera de las distintas empresas del Caribe.
Arango explicó que Afinia también enfrenta limitaciones en su capacidad de generación de recursos y que los ingresos actuales no son suficientes para cubrir pérdidas y garantizar la sostenibilidad del servicio, a pesar de las estrategias implementadas.
Visiones divididas sobre la solución
Mientras en el Caribe persiste el rechazo a la medida, desde otros sectores del país se ha valorado positivamente la búsqueda de alternativas para evitar un efecto dominó en el sistema energético. Expertos han señalado que, de no atenderse la crisis, podrían generarse impactos más amplios en la economía nacional.
El debate continúa abierto, con llamados a construir una solución estructural que equilibre la sostenibilidad del sistema eléctrico con la capacidad de pago de usuarios y empresas.
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