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Riesgo de un apagón: Energía y gas en veremos por las deudas del Gobierno

La crisis energética es de proporciones históricas en Colombia y gremios del sector energético, emitieron alertas durante más de un año sobre una deuda multimillonaria que el Gobierno Nacional mantiene con las empresas del sector.

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Redacción IFM
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Riesgo de un apagón: Energía y gas en veremos por las deudas del Gobierno

La crisis energética es de proporciones históricas en Colombia y gremios del sector energético, emitieron alertas durante más de un año sobre una deuda multimillonaria que el Gobierno Nacional mantiene con las empresas.

El pronunciamiento viene de ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS y SER COLOMBIA, quienes aseguran que la deuda del Gobierno ya alcanza la impresionante cifra de $7 billones de pesos.

Este escenario no solo amenaza con un apagón financiero que podría desestabilizar la economía, sino que el riesgo de un apagón físico está cada vez más cerca de convertirse en realidad, afectando el suministro de servicios básicos como la electricidad y el gas natural a millones de colombianos.

Deuda insostenible y riesgo en el sector energético

Los gremios advierten que la deuda del Gobierno, compuesta por $2,5 billones de pesos en subsidios para los usuarios de estratos 1, 2 y 3, junto a los cerca de $4 billones de pesos pendientes de la Opción Tarifaria y las deudas acumuladas de usuarios oficiales, es una bomba de tiempo.

Esta suma de $7 billones de pesos, que podría incrementarse aún más, coloca en una posición crítica la capacidad de las empresas para seguir operando y garantizar el suministro de servicios esenciales.

El no pago de estos subsidios tiene un impacto directo sobre la liquidez de las comercializadoras de energía. Si estas empresas no reciben los fondos adeudados, corren el riesgo de incumplir con los pagos a los otros agentes de la cadena de prestación, como los generadores y transportadores de energía, lo que pone en peligro la estabilidad del sistema.

Además, la falta de pagos podría disparar las tarifas de energía para los usuarios de estratos bajos, con incrementos que alcanzarían hasta el 150% en las facturas de los hogares más vulnerables.

Foto: Carlos Ramírez / IFMNOTICIAS

El caso de Air-e: intervención que agudiza la crisis

La reciente intervención de la empresa Air-e por parte del Gobierno es otro golpe duro para el sector. La toma de posesión de la compañía resultó en el congelamiento de sus deudas previas, y el atraso en el pago de obligaciones corrientes ha superado ya los $500 mil millones de pesos.

Este retraso generó una parálisis en la operación de la empresa e incrementó el riesgo de que se interrumpa el servicio de energía en la región Caribe.

Las decisiones gubernamentales que permiten a Air-e postergar sus obligaciones hasta finales de año han sido recibidas con escepticismo por los gremios, que advierten que esta medida no hace más que aumentar la incertidumbre.

Por ello, exigen al Gobierno asegurar que se cumplan los compromisos de pago de la empresa, incluyendo los de otros agentes del sistema, y que se adopten soluciones estructurales para la crisis energética en la Costa Caribe.

Déficit de gas natural: una amenaza creciente

El panorama para el gas natural en Colombia es igual de alarmante. Según las cifras proporcionadas por el Gestor del Mercado de Gas, no hay suficiente suministro de gas local para cubrir el 100% de la demanda a partir del 1 de diciembre de 2024, lo que afectará a más de $36 millones de colombianos que dependen de este recurso para sus hogares, comercios, industrias y vehículos.

Para finales de 2025 y durante el 2026, el déficit de gas natural se incrementará a un 30%, lo que obligará al país a importar gas para cubrir la demanda.

Por lo anterior la solicitud es acelerar los proyectos de exploración y producción de gas natural en áreas continentales y offshore, y fortalecer la infraestructura de transporte para evitar interrupciones.

Interrupción de gas en Chigorodó por daños en la vía nacional
Foto: cortesía

Racionamientos de energía eléctrica

Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), a partir del año 2027 el país no contará con la energía firme necesaria para cubrir la demanda, lo que significará posibles racionamientos en períodos de sequía o eventos climáticos como El Niño.

La capacidad de los embalses está en mínimos históricos, con niveles de almacenamiento en apenas el 50%, lo que ha obligado a activar el estatuto de riesgo de desabastecimiento para mantener la generación térmica en su máxima capacidad.

Los gremios proponen la realización de nuevas subastas de expansión sin restricciones tecnológicas, junto con la promoción de esquemas de contratación de largo plazo que aseguren el suministro. También se requiere una campaña masiva de ahorro de agua y energía para evitar que la situación se deteriore aún más en el corto plazo.

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