Ministro de Hacienda alerta sobre crisis energética y propone plan de choque

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentará un proyecto de ley con mensaje de urgencia, buscando la adición de 1,2 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación (PGN). Esta iniciativa, impulsada en conjunto con el Ministerio de Minas, tiene como objetivo principal asegurar la liquidez de las empresas de energía durante el fenómeno de El Niño, previniendo así posibles riesgos en el abastecimiento.

Estrategias para la sostenibilidad del sector

Durante su intervención, el ministro Gómez Martínez delineó varias estrategias clave para abordar la compleja situación del sector. Entre las propuestas, se incluye la atención a una deuda acumulada cercana a los 7 billones de pesos, la revisión de los subsidios con criterios de focalización, el estudio de fórmulas de arrendamiento financiero para pagos rezagados y la destinación de regalías para la modernización de las redes de transmisión eléctrica.

El funcionario justificó la urgencia de estas medidas con una contundente advertencia sobre el abastecimiento: “Lo vamos a hacer porque necesitamos ese dinero y no vamos a dejar que el país se apague”. Subrayó la necesidad de un trámite legislativo acelerado para el proyecto, enfatizando que “tiene que tener mensaje de urgencia y de urgencia absoluta, absoluta”.

La intervención del ministro también incluyó la presentación de un plan de emergencia de liquidez para las empresas del sector, con el fin de que puedan garantizar la generación térmica. Reconoció que esta solución implica costos para el Estado, pero argumentó que las condiciones actuales obligan a evaluar todas las opciones para mantener la continuidad del servicio.

La deuda histórica y los cuestionamientos a administraciones anteriores

Miguel Gómez Martínez abordó la problemática de la deuda acumulada en el sistema energético, que asciende a aproximadamente 7 billones de pesos. El ministro enfatizó que la actual administración, con apenas un mes en funciones, no puede ser responsabilizada por el origen de esta situación, aunque sí deberá asumirla. “La deuda de los 7 billones la tenemos que pagar nosotros. ¿Quién dejó que se llegara a ese dinero?”, cuestionó.

El titular de la cartera de Hacienda criticó la gestión de los exministros de Minas y Energía, Irene Vélez y Edwin Palma. Lamentó la falta de comprensión y acción durante sus periodos: “Este sector sobrevivió a Irene Vélez. Es que difícil, difícil, un reto más grande para un sector tan importante como el de tener una persona que no solo nunca entendió, sino nunca quiso entender de qué se trataba este sector”. Añadió que, si bien el ministro Palma “entendía un poco más, no hizo nada”, lo que generó “cuatro años de inacción” y “problemas estructurales muy serios”.

En cuanto a la situación presupuestal, el ministro detalló que el Ministerio de Minas cuenta con 2,5 billones de pesos en el PGN para 2027, a los que se sumarían 1,6 billones de pesos provenientes de una vigencia futura, supuestamente liberada por la exministra. Con estos rubros, el presupuesto del sector alcanzaría los 4,1 billones de pesos en 2027. Gómez presentó estas cifras para defender la gestión de su gobierno frente a la crisis de liquidez, argumentando que la respuesta actual busca contener un problema preexistente.

Subsidios, tarifas y la Costa Caribe

Otro punto central de la intervención fue el pago de subsidios de energía. El ministro explicó que estos desembolsos operan con un trimestre de rezago, indicando que en enero de 2026 se pagaron los correspondientes al último trimestre de 2025. Para cubrir los subsidios del último trimestre de 2026, el Gobierno estudia alternativas de financiación, incluyendo fórmulas de arrendamiento financiero, con el fin de evitar problemas adicionales una vez finalice el fenómeno de El Niño.

Gómez Martínez se mostró a favor de tarifas diferenciales, pero insistió en la necesidad de definir con precisión quiénes reciben el beneficio, quién lo financia y por cuánto tiempo. Fue explícito en su postura: “Yo soy enemigo de los subsidios generales, porque no veo por qué hay que subsidiar a los ricos”.

Para la costa Caribe, el ministro defendió la continuidad de los apoyos al servicio de energía, pero solicitó que estos se acompañen de una política de largo plazo que reduzca gradualmente la dependencia de los subsidios en la región.

Propuso aumentar la generación solar y eólica en la zona para aliviar la presión sobre las tarifas y el gasto público. También señaló problemas administrativos y de costos en empresas de energía en manos de entidades públicas, exigiendo mayores controles y seguimiento. “Este Gobierno tiene que empezar a decir no. Hay que ponerle coto”, afirmó.

El ministro también abordó la cultura de pago en algunas zonas del país y la responsabilidad de gobernadores y alcaldes, quienes, a su juicio, deben participar en la búsqueda de soluciones. Propuso reorientar parte de los recursos de regalías hacia obras de infraestructura eléctrica, planteando: “¿Por qué no cogemos la plata de regalías y modernizamos las redes de transmisión?”.

Argumentó que regiones como la costa Caribe enfrentan exigencias particulares para su infraestructura debido a factores como la temperatura, el agua, la salinidad y el viento. Finalmente, rechazó la nacionalización del sector eléctrico, afirmando que convertir el sistema en un monopolio público no resolvería las dificultades y que el Gobierno no apoyará tal propuesta.