La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, hizo un detallado análisis de algunas de las reformas que viene impulsando el Gobierno Petro: la reforma laboral, el Plan Nacional de Desarrollo y la Reforma a la Salud.
En el documento, Fenalco enciende las alarmas sobre los puntos críticos incluidos en las propuestas gubernamentales.
En cuanto a la reforma laboral, Fenalco indicó que ordena la estabilidad laboral absoluta y forzada, reduciendo las posibilidades patronales de terminar un contrato laboral. En este sentido, se eliminaría la posibilidad de establecer como justa causa de terminación del contrato la ocurrencia de faltas graves dentro de los contratos laborales, reglamento de trabajo, convenciones colectivas o laudos arbitrales.
Además, advierte Fenalco, la presunción de contrato laboral conlleva, en la práctica, a la inviabilidad de los contratos de prestación de servicios y de carácter no laboral para el cumplimiento de las actividades permanentes de las empresas públicas y privadas.
Plan Nacional de Desarrollo
En el documento, Fenalco plantea serias preocupaciones sobre la actualización catastral de todos los inmuebles en el 2023 (art. 36). Además, en el artículo 23 se establece un impuesto a cargo de las cámaras de comercio del país, lo que sería un golpe más contra estas entidades en Colombia.
Uno de los puntos más preocupantes tiene que ver con la prescripción adquisitiva de inmuebles rurales por ocupación de tres años.
A juicio de un experto consultado por IFMNOTICIAS.COM, esta situación resulta crítica, si se tiene en cuenta el desplazamiento forzado, el clima de inseguridad rural y el boleteo como forma de presión de los grupos narcoterroristas contra los propietarios de bienes rurales.
Así, con amenazas y presiones constantes durante tres años, los narcoterroristas lograrían apoderarse de bastas extensiones de territorio agropecuario en todo el país, gracias al planteamiento del Gobierno Nacional.
Legislación por decreto en el PND
El documento de Fenalco dedica un capítulo especial a la intención del Gobierno de legislar por decreto, saltando el debate democrático que se debe surtir en el Congreso de la República.
Entre los objetivos gubernamentales para legislar por decreto (leyes habilitantes al estilo de la Venezuela de Chávez) está la atribución de definir las condiciones de reclusión y resocialización de los indígenas presos, la modificación de la estructura de la administración pública y la decisión autónoma del presidente de tomar medidas presupuestales.
Además, el PND le otorgaría facultades legislativas a Petro para adquirir el hospital San Juan de Dios, regular los usos alternativos de la planta de coca, crear subsidios en dinero o especie e implementar a voluntad las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular.
De igual forma, Petro aspira a definir por decreto la modificación del número de miembros de las juntas de las cámaras de comercio del país. Este punto llama la atención, si se tiene en cuenta la pugna de Daniel Quintero, alcalde petrista de Medellín, por hacerse al control de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Así las cosas, hay una creciente preocupación en el gremio de los comerciantes sobre la avalancha reformista de Petro y, sobre todo, en cuanto a la legislación por decreto que anhela el presidente para imponer un esquema antidemocrático y dictatorial.
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